De ayer a hoy

A mediados de marzo del año pasado se pudo leer en los diarios que el presidente Fernando de la Rúa se oponía a darle más poderes a la Policía Federal. Era una iniciativa del secretario de Seguridad, Enrique Mathov, reclamada por el jefe de la fuerza, Rubén Santos, que en lo principal dejaba sin efecto una norma que prohibía a los federales interrogar a acusados de cometer delitos.

Contra lo decidido entonces por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, que legalizó los interrogatorios de la «maldita policía», De la Rúa sostuvo que la Federal ya tenía «suficientes atribuciones para combatir el delito», y que solo hacía falta «más prevención».

Al parecer, esa definición cayó mal entre los uniformados, porque inmediatamente después de la publicación del comentario presidencial, un comunicado distribuido por Mathov «aclaraba» que el presidente había instruido a sus colaboradores para que estudiaran la posibilidad de facultar a la policía para hacer «un interrogatorio de orientación» en el lugar del hecho al detener a un delincuente.

Era comprensible el propósito de limitar los poderes de una fuerza cuyos efectivos, en demasiados casos, venían siendo llevados ante los estrados judiciales para responder sobre la comisión de una variada gama de delitos.

Sin contar las sospechas respecto de la participación de policías en el atentado que destruyó el edificio de la AMIA -basadas fundamentalmente en la orden de que se retirara el patrullero 115, de custodia en el lugar, poco antes de que se produjera la explosión-, sólo en el año anterior a la asunción del gobierno aliancista los casos de corrupción eran frecuentes. En marzo de 1999 se informaba que el fiscal Pablo Lanusse investigaba la existencia de una organización dedicada al cobro de coimas que involucraba a once seccionales. Los implicados eran unos cien policías, incluidos tres altos jefes, y las víctimas vendedores ambulantes, prostitutas y comerciantes. Policías de la comisaría 17 fueron acusados entonces de coimear a un prostíbulo de lujo de la Recoleta. Un cabo de la comisaría 16, del barrio de Constitución, dejó al desnudo la corrupción en una declaración testimonial, lo que le valió que su casa sufriera tres atentados.

Mientras menudeaban las denuncias de coimas, se supo de otro tipo de delitos. También en marzo de 1999, el juez federal Adolfo Bagnasco procesó a dos oficiales y un suboficial de la división Leyes Especiales (drogas), por privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica. Fueron acusados de haber fraguado un caso de consumo de drogas ilícitas contra estudiantes de un colegio secundario. Se informó entonces que en 1997 el juzgado de Bagnasco investigó una causa similar, y que otros cuatro jueces intervinieron en no menos de 17 detenciones sospechosas. Los detenidos fueron puestos en libertad y se comprobó que el «modus operandi» de la policía había sido el mismo en todos los casos. Una investigación de nada menos que 4.000 sumarios por prostitución hechos en 14 comisarías entre 1996 y 1998 dejó abierta la sospecha de que habían sido «fabricados» con un doble objetivo: presionar a las infractoras para que pagaran coimas y mostrar efectividad en las estadísticas. Un documento policial que tuvo estado público en junio de 1999 ordenaba a las comisarías el envío de 50 pesos a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, destinados a «solventar gastos de telefonía celular». En el mismo texto se ordenaba «incrementar ostentosamente la cantidad de detenidos». Para colmo, el oficial encargado de trasmitir la orden se llamaba Capuchetti.

Como si todo lo relatado fuera poco, en febrero de 2000 un informe del gobierno de los Estados Unidos relativo a las violaciones de los derechos humanos en el mundo dijo, en el capítulo dedicado a la Argentina, que efectivos policiales «están involucrados en casos de brutalidad, torturas, asesinatos extrajudiciales, arrestos arbitrarios y violencia contra manifestantes». El comisario Santos no pudo menos que declarar que la fuerza a su cargo «aún tiene que demostrar que es confiable».

Después de esa declaración la demostración de confiabilidad sigue pendiente. De entonces a ahora los federales han sido investigados, procesados y aún condenados por: asesinatos, extorsión, desvíos de fondos, estafas, intimidación a denunciantes, torturas, más pedidos de coimas, reiteración del «armado» de causas contra inocentes, «fabricación» de sumarios. El caso más grave fue el registrado a principios de julio en Jujuy, donde un comerciante fue asesinado de un tiro en la nuca por un federal.

Si embargo, el gobierno ha cambiado de parecer, y cree ahora que la lucha contra el delito será más exitosa si se amplían las facultades de la policía. Habrá que ver.