De la hipocresía y la libertad

Mucho se pregona acerca de la libertad, ese máximo valor que hace a la condición humana y a la dignidad. Sin embargo ¿cuánto se hace por garantizarla efectivamente?

No deja de sorprender cómo se interpreta este derecho, especialmente cuando se tocan temas tabúes, tal las cuestiones relacionadas con la sexualidad humana.

Si no ¿cómo se explican las posiciones rebuscadas y contradictorias que buscan dificultar la posibilidad de las mujeres y los hombres de decidir y de acceder a métodos de anticoncepción? ¿Es posible ejercer la libertad en un contexto que pretende transformar en meras cifras las muertes de tantas madres? ¿Es preferible ignorar que es el aborto la principal causa de estas pérdidas aberrantes?

Sólo desde el análisis de estas profundas contradicciones de la sociedad argentina se pueden explicar las disidencias respecto de un proyecto de ley que, a través de la modificación del ejercicio de la medicina, pretende facilitar el acceso a los métodos de contracepción quirúrgica voluntaria, tales como la vasectomía y las ligaduras de las trompas de Falopio.

Este proyecto surge de una mirada profunda de la realidad y de escuchar el pedido de numerosas mujeres que quieren ejercer efectivamente la libertad sobre su propio cuerpo y decidir cuántos hijos tener.

Las oposiciones al proyecto, así como las férreas posturas en contra de las leyes de salud reproductiva, están poniendo de manifiesto una necesidad de continuar ocultando profundas diferencias entre mujeres de distinta condición socioeconómica.

Para el caso de las ligaduras de trompas se sabe que, en la actualidad, el acceso a estos métodos sólo depende del poder adquisitivo de las pacientes, ya que esta intervención es frecuente en la práctica privada, donde se obvia la autorización judicial.

La oposición a este proyecto, que busca poner en práctica la posibilidad de decidir libremente sobre el propio cuerpo, se disfraza detrás de numerosos argumentos, algunos de los cuales asombran por lo disparatados y mesiánicos.

El más frecuente son las remanidas «razones presupuestarias», argumento siempre esgrimido a la hora de soslayar discusiones más importantes. A ese argumento se le responde con cifras; se están gastando anualmente $ 52.000.000 por año en abortos, cuando sólo serían necesarios $ 32.000.000 para actuar en forma preventiva.

Otro argumento en contra de la sanción de esta ley se refiere a la posibilidad de que sea un método para el «control de la natalidad» o, lo que es más terrible, que se podría estar al «borde de la esterilización masiva de las mujeres pobres». A este argumento, que no deja de sorprender, se le responde con tres consideraciones:

*En primer término es necesario aclarar que el mismo proyecto pone como condición para la práctica de los métodos de contracepción quirúrgica voluntaria la exigencia del «consentimiento informado», lo que en términos sencillos significa el derecho básico a la información de toda persona que requiere esta prestación sanitaria. Vale decir que la ley que se propone sancionar refiere a la obligación de garantizar el acceso a toda la información necesaria para poder decidir entre distintas opciones terapéuticas. Esta información debe ser brindada en términos comprensibles, debe ser completa y continuada, verbal o escrita y debe referirse a todo el proceso, incluyendo diagnóstico y alternativas de tratamiento.

*En segundo lugar, tanto la vasectomía como la ligadura de trompas de Falopio son métodos de infertilidad y no de esterilidad y, lo que es más importante, ya nadie puede dudar de su reversibilidad. El avance de la medicina ha permitido, por un lado, que la intervención se realice mediante una técnica sencilla, como la laparoscopía y, por otro, que sea reversible, ya que los clips que se colocan para impedir el paso de los óvulos son posibles de quitar, volviendo a restituirse la permeabilidad de la trompa.

*Los objetivos de este proyecto están tan lejos de relacionarse con la «esterilización masiva», como lo están los aspectos instrumentales, ya que bien se sabe que una medida de control de la natalidad exige políticas públicas que la amparen, exige recursos y personal que la practique y normas para llevarla adelante. Sólo desde una oposición vacía de contenidos se puede suponer que este proyecto, que se funda en el derecho a la información y en la libertad de decidir en forma voluntaria acerca de cuestiones que hacen a la dignidad y a la sexualidad humana, pueda traer en forma solapada tan oscuro propósito. Esto sería además subestimar a las mujeres, considerándolas incapaces de decidir qué hacer con su propio cuerpo.

Todo esto no hace más que desnudar una única cuestión, mucho más profunda y que tiene que ver con el motivo de este artículo y que nos vuelve a poner de frente al tema de la libertad. En realidad lo que está pasando es que con esta iniciativa se está afectando a sectores sociales acostumbrados a decidir por otros, históricamente subordinados a sus decisiones.

Estos pequeños ejercicios de libertad, como es la posibilidad de elegir cómo, cuándo y cuántos hijos tener, menoscaban el poder de quienes, detrás de supuestas buenas intenciones, pretenden ignorar que en la Argentina se practican 500.000 abortos por año, lo que equivale a 1.300 abortos diarios y que el 43% de las muertes maternas es a causa de estas prácticas, que se pueden evitar con métodos seguros, reversibles e inocuos.

Sólo cabe una pregunta final ¿no habrá llegado la hora de dejar de lado las hipocresías y de brindar a los hombres y mujeres de nuestro país una herramienta que hace a la vida y al verdadero ejercicio de la libertad?

(*) Diputada nacional, autora del proyecto que apunta a permitir la ligadura de trompas sin autorización judicial previa. Fue legisladora provincial y ministra de Salud de Río Negro.