De la polémica de los ATN al vuelco de crudo al Limay

Desde el inicio de su construcción, en el gobierno del entonces intendente Héctor Muñiz (MPN), la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Plottier ha estado envuelta en polémicas que se dirimieron en la justicia. Actualmente un fallo de la Cámara Civil de Apelaciones ordenó que tanto el municipio como el gobierno provincial coordinen esfuerzos para que, a más tardar en abril, el sistema funcione eficientemente.

La primera polémica en torno a la planta estuvo ligada a su financiación, de 18 millones de pesos, proveniente de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) girado durante el gobierno de Carlos Menem que, se sostuvo, llegó a la ciudad atado a una empresa constructora.

Sorteada esa polémica, la planta terminó de construirse en 1997 y fue inaugurada por otro intendente, Sergio Gallia, que entonces representaba al PJ, pero recién comenzó a operar en julio de 2003 cuando otra intendenta del MPN, Pilar Gómez, la puso en funcionamiento con apenas un puñado de casas conectadas.

La dilación, que según los técnicos de la época llevó a la oxidación de muchas de las maquinarias, se debió a un amparo judicial presentado por un grupo de vecinos del barrio lindero –La Herradura– ya que las instalaciones se montaron sin realizarse un estudio ambiental sobre su impacto en el río.

Si bien desde la colocación de la piedra fundacional se destacó que la planta contaba con tecnología de avanzada proveniente de Bélgica, no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a denunciarse problemas de contaminación.

En 2009 la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) emitió los primeros informes en los que se advirtió de una situación de “colapso” en la planta que estaba nuevamente en manos del reelecto intendente Gallia.

En 2014 la misma AIC alertó a la población que aguas abajo de la planta de Plottier el río no era apto para bañarse. Un año más tarde, ya en gobierno de Andrés Peressini, la dirección de Recursos Hídricos de la provincia aplicó a la comuna una multa por 5 millones de pesos por arrojar líquidos cloacales crudos al río Limay y no informar de esos vertidos.

Un nuevo amparo presentado por un grupo de vecinos fue el que el mes pasado llevó a que los jueces de la Cámara Civil de Apelaciones otorguen un plazo de seis meses a la comuna y al gobierno provincial para solucionar todos los problemas detectados.

Los magistrados por primera vez condenaron a la provincia por un servicio municipal al remarcar que el poder de organismos de contralor del EPAS y Recursos Hídricos “excede la sola tarea de informar e intimar”.

Con dos meses de ese plazo ya transcurridos, las obras necesarias fueron estimadas en unos 10 millones de pesos, para poner fin al mal funcionamiento de una planta que el mismo intendente Peressini reconoció recientemente que solo procesa el 60 ó 65% de los líquidos cloacales que recibe.

Juan thomes