De la Rúa respaldó a Pou y ratificó la autonomía del Banco Central

Con el claro objetivo de tranquilizar a los mercados, el presidente Fernando De la Rúa ratificó ayer al cuestionado titular del Banco Central, Pedro Pou, y reclamó que cesen los “trascendidos o versiones no comprobadas” sobre presunto lavado de dinero porque crean, advirtió, “incertidumbre” en el país, al tiempo que ratificó la vigencia de la convertibilidad.

En el mismo sentido se expresó anoche el Consejo Nacional Justicialista presidido por Carlos Menem, ya que renovó su “respaldo a las instituciones”, en un virtual apoyo a la permanencia de Pedro Pou al frente del Banco Central.

En cambio, lejos de responder al pedido de De la Rúa, la diputada aliancista rebelde, Elisa Carrió, volvió a cargar las tintas contra Pou. Pero esta vez con más virulencia: “Es un delincuente, lo voy a probar y quiero que termine preso”.

Mientras los justicialistas gobernadores de Buenos Aires y Córdoba, Carlos Ruckauf y José Manuel de la Sota, se pronunciaron por “respetar” la decisión presidencial, desde la misma Alianza, el Frepaso ratificó su reclamo por la salida del funcionario.

El jefe frentista, Carlos “Chacho” Alvarez, le aconsejó al gobierno no “aceptar esa falsa idea de que las investigaciones por los carriles institucionales hechas a fondo interfieren la marcha de los mercados” y exhortó a superar “la falsa contradicción entre mercado y democracia”.

La controversia en torno a Pou, produjo en la Alianza una polémica similar a la generada meses atrás con el titular de la SIDE, Fernando De Santibáñes, cuya salida del gobierno fue reclamada desde el seno mismo de la coalición durante semanas.

En una imprevista conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno, De la Rúa afirmó que “sin perjuicio de las investigaciones que se realizan, la autoridad del Banco Central sigue en sus funciones y el gobierno respeta la autonomía funcional de la institución”.

Aclaró no obstante, que el cuestionado funcionario fue designado durante el anterior gobierno y admitió que “hasta tiene discrepancias con él”, pero ratificó el respeto a la autonomía de la entidad porque “es importante en el plano institucional del país”.

Al mismo tiempo y para salir al cruce de versiones que indicaban que la modificación en la cúpula del BCRA ponía en riesgo la estabilidad monetaria, De la Rúa remarcó que “para que no haya dudas debo reiterar que la ley de convertibilidad y la política de paridad cambiaria siguen y seguirán vigentes”.

De todas maneras, aclaró que “ésto no excluye las investigaciones necesarias para determinar cualquier proceso irregular”. En medio de la polémica, De la Rúa reiteró el compromiso del gobierno en la lucha contra el lavado de dinero, pero expresó su malestar por las “trascendidos o versiones no comprobadas” respecto a supuestas maniobras de blanqueo de dinero en la que estarían implicados bancos del sistema local.

“El país, si está saliendo adelante, no puede manejarse por versiones, sino por hechos”, aseveró el presidente, tras lo cuál remarcó que “toda situación que cree incertidumbre no es buena y debe cesar”.

Ante la prensa, el jefe del Estado reafirmó que el gobierno apoyará “toda investigación seria” y aseguró que “queremos la verdad”, aunque se encargó de aclarar que “no han llegado todavía a conocimiento del gobierno datos objetivos” respecto a las denuncias.

Subrayó asimismo que su administración realizó una denuncia judicial “que contiene las graves versiones publicadas en la prensa y una copia del dictamen provisorio de un subcomité del Senado de EE.UU.

(DyN y Télam)

Temen que la presión política dañe la economía

La embestida de sectores políticos para echar al titular del Banco Central, Pedro Pou, por presuntamente no impedir operaciones de lavado de dinero, podría afectar a la economía del país si los inversores interpretan que la jugada esconde un cambio en la política cambiaria. Así lo sostienen diversos analistas.

El Banco Central es el custodio del sistema de convertibilidad, que obliga al país a respaldar el dinero circulante con depósitos en la moneda estadounidense.

La semana pasada, el Senado de Estados Unidos difundió una investigación sobre presuntas maniobras de lavado de dinero que involucran a dos entidades que operan en el país. Ese informe provocó que todos los cañones apunten a Pou, titular del organismo que debe controlar las operaciones financieras. Pero al cuestionamiento por esa causa se sumó el descontento de dirigentes políticos disconformes con las políticas del BCRA, aplicadas desde 1995 para sanear el sistema financiero tras la devaluación mexicana, y que según dicen impiden que los bancos financien a sectores productivos.

El temor de los analistas es que esta mezcla de intereses genere mucho ruido político, y haga desaparecer la incipiente reactivación de la economía, que hace dos años que no crece.

No les preocupa que Pou sea removido si se comprueba que cometió un delito, pero sí que sea echado por presiones políticas. “El problema en todo esto es que se separen las cosas, empezó como un tema judicial, se lo eleva al grado de la política para intentar influenciar la forma en la cual se lleva adelante la política monetaria. Se han mezclado las cosas, y eso genera el ruido político”, dijo Fernando Navajas, de la consultora privada FIEL.

“Si hay un relevo por una cuestión judicial, nadie va a decir que la independencia del Banco Central está en jaque. Pero si se percibe que hay intención de cambiar la política del Banco Central pasando por encima la política de independencia, eso es otra cosa”, advirtió Pedro Rabasa, gerente del departamento Económico del Scotiabank Quilmes.

En el estudio que dirige el influyente economista Miguel Broda temen que “una ofensiva (…) sobre las autoridades del BCRA podría contribuir a sembrar dudas sobre el verdadero compromiso del gobierno con la independencia del Banco”. “Un escenario que luce inconveniente para apuntalar la incipiente recuperación económica que se insinuó en diciembre de 2000 y en los primeros indicadores de enero de 2001”, agregó el estudio. (Reuters)

“En la Argentina no se lava dinero”

El vicepresidente de la Asociación de Bancos (ABA), Manuel Sacerdote, enfatizó ayer que “la Argentina no es un país en el que se lava dinero”, y sostuvo que “si hay que remover al presidente del Banco Central” (Pedro Pou), hay que hacerlo “por una causa que quede muy clara” y no “por razones políticas”.

El directivo mantuvo ayer en la residencia de Olivos, junto a otros representantes de la entidad, un breve encuentro con el presidente Fernando de la Rúa, en el cual le expresaron su inquietud por la situación de Pou.

En ese aspecto, Sacerdote opinó que “si hay que remover al presidente del Banco Central, hay que removerlo por una causa que quede muy clara, que sea por mal cumplimiento de sus deberes de funcionario público, por no haber hecho algo de lo que establece la carta orgánica del BCRA”.

“Pero tiene que quedar clarísimo que es por eso. Porque si no, va a haber sospecha de que es por razones políticas y eso va a causar una pésima opinión, una impresión en los mercados”, subrayó.

“Me parece muy importante que acá no se agrande (la cuestión). Primero de todo, porque acá en Argentina no es un país que se lava dinero, como es una imagen que se estaba dando estos días”, señaló Sacerdote.

Lamentó que “se está llevando este tema a un estadío que parece que acá hay un centro de lavado internacional, cuando Argentina tiene un standard aprobado por los organismos internacionales y se controla muy bien el lavado de dinero”.

El titular del BCRA “es un delincuente”, dice Carrió

El titular del Banco Central (BCRA), Pedro Pou, “es un delincuente, lo voy a probar y quiero que termine preso”, afirmó ayer la diputada radical Elisa Carrió, quien acusó también al propio gobierno de haberle “pinchado los teléfonos a través de la SIDE”.

Carrió, que impulsa una investigación por lavado de dinero por parte de dos bancos argentinos a la par del senado de EE.UU., criticó, además, el comportamiento “cuasi mafioso” de quienes desde la política y el establishment defienden a Pou bajo la advertencia de que su remoción pondría en riesgo las inversiones en la Argentina.

“Yo digo que (Pou) es un delincuente, y se que lo voy a probar, y que quiero que termine preso”, sostuvo la legisladora.

Para demostrar que tiene fundamentos para sus denuncias, comentó que hasta ahora acusó al ex juez Francisco Trovato y al ex titular del PAMI Víctor Alderete, “y ambos fueron presos”.

Por su parte, el diputado mendocino Gustavo Gutiérrez tomó distancia de la postura de Carrió, al sostener que Pou “no es el único que tiene responsabilidad” en la falta de control para impedir las maniobras de lavado de dinero.

“Yo creo que Pou no es la única persona que tiene responsabilidad. El directorio del Banco Central es un organismo de cuerpo colegiado; de hecho, en ese organismo ha habido una persona con responsabilidad directa en las cosas que se están investigando, que ha sido Javier Bolzico, que renunció hace pocos días a su cargo, justo cuando comenzó la investigación del senado norteamericano”, consideró el diputado Gutiérrez. (Infosic)