Debaten hoy el polémico contrato del Catedral

El oficialismo rionegrino usará hoy su mayoría en la Legislatura para ratificar el nuevo y muy polémico contrato de concesión del Cerro Catedral, que el gobierno firmó por 20 años con una empresa en concurso de acreedores e incumplidora de anteriores obligaciones contractuales: Catedral Alta Patagonia (CAPSA).

Una fuerte controversia ha desatado la decisión del gobernador Miguel Saiz y del intendente Alberto Icare de firmar con CAPSA. Por un lado, partidos de la oposición y cámaras empresariales fustigan el acuerdo e intentan que no se consuma hoy. Por el otro, el radicalismo se abroqueló alrededor de Saiz e intenta persuadir a la población tanto acerca de la conveniencia de la firma cuanto de la inconveniencia de no hacerlo, presentando como «beneficioso» el convenio para los intereses de los rionegrinos y los barilochenses.

El peronismo advirtió ayer que es una «aberración» la determinación del gobierno de ampliar y de ceder el total de la concesión del complejo Catedral a CAPSA y consideró que «Saiz empieza su mandato de la peor manera» (ver aparte).

La bancada oficialista reiteró su apoyo y adelantó un voto unánime propio en el recinto, lo cual será suficiente para ratificar el contrato. El gobierno ha estado preocupado en estos días para evitar que este contrato y su ratificación le genere costos políticos, y apurado para que la Legislatura dé su aval.

La posición divisoria se expondrá crudamente hoy en el recinto cuando se analice el contrato, pero también se repetirá con el proyecto que permitirá a la provincia contratar con una empresa concursada o quebrada (con lo cual el gobierno busca dar un marco legal al acuerdo con la concursada CAPSA, demostrando que se firmó fuera de las condiciones requeridas).

La sesión legislativa incluye además el informe de la Defensora del Pueblo, Nilda Nervi de Belloso, y el tratamiento de otra iniciativas, entre ellas, la autorización para que la Policía multe a los automovilistas que no tengan el último recibo de la patente.

En relación al análisis del contrato del cerro Catedral, el diputado del MARA Osvaldo Muena adelantó ayer que solicitará en el recinto el «voto nominal» en el tratamiento de ese proyecto, bajo principios «de transparencia». El legislador afirmó que «la importancia del tema amerita que el pueblo pueda identificar individualmente a los legisladores que apoyen la sanción de la norma en contra de la voluntad manifiesta de la comunidad de Bariloche».

Desde el oficialismo, el legislador Aníbal Hernández difundió su defensa del contrato. Aportó datos «históricos» y recordó que en 2003 «la vecinal del cerro se opone a su municipalización, aduciendo que el municipio no puede prestar los servicios en la ciudad, menos los prestaría en e cerro». Resaltó la primera firma de la municipalización porque «la municipalidad tiene directa injerencia en la vida comercial del cerro» y, luego, se logra el acuerdo con el actual gobernador «para el traspaso definitivo de las tierras, en un plazo no mayor de dos años». Según Hernández, el nuevo contrato garantiza «un plan de inversiones previsto y la conformación de un Ente con la participación del sector privado para el seguimiento de la concesión», y además «la modernización y desarrollo en plenitud del cerro». Agregó que se «resolvió la situación laboral de los ex empleados de Robles (71 familias)».

Respondió a «los políticos y empresarios que históricamente no han hecho nada por Bariloche y su gente: lo mío -destacó- sí es obediencia debida, no lo es con un partido ni un gobernador sino con el pueblo bien intencionado de Bariloche». (AV y AR)

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