Baja en la edad de punibilidad: ¿reforma de fondo o coyuntura electoral?

El proyecto de baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años genera reacciones tan opuestas como apasionadas. No parecen existir términos medios, pero desde el gobierno intentan dar un marco racional al intento de modifica el régimen de sanciones.

Ante esta realidad, el presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, el camarista Mariano Borinsky, afirmó que, aun en el caso de que el Congreso acepte bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años, Argentina “seguiría teniendo la edad más alta de la región”.

“[Bajar la edad] pareciera coherente en función de lo que sucede en otros países del continente. Y aun con la hipótesis de 15 años para delitos graves, sigue siendo incluso la edad más alta que tendríamos en el continente, en comparación con otros países”, afirmó Borinsky.

“Lo primero que tenemos que cambiar es el sistema, después la implementación y esto debe ir de la mano de la capacitación y el presupuesto”.

Mariano Borinsky, presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal

“La estrategia de este proyecto es que haya un nuevo abordaje de los jóvenes que ingresan a estos delitos (…) la intención es que el Estado pueda sacarlos de este espiral delictivo”.

Germán Garavano, ministro de Justicia

“Entendemos que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil está pendiente, pero que no puede darse en este marco de incumplimiento de los derechos sociales”.

Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión

Además calificó la medida como “coherente con otras partes del ordenamiento jurídico interno para determinar la madurez de una persona”.

No obstante, explicó que “uno piensa que se adelanta hasta los 15 años y la persona menor de edad va a la cárcel, y eso no es así porque el nuevo sistema prevé sanciones socio-educativas”.

El magistrado precisó que de lo que se trata es de un “asesoramiento bajo un equipo interdisciplinario, la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, y deportivos”.

“El juez puede disponer que [el menor] durante un tiempo conviva con su grupo familiar bajo la supervisión de ese equipo interdisciplinario y si no tiene grupo familiar el juez debe dar intervención a la autoridad competente para la protección de los derechos de niño”, explicó el magistrado.

Borinsky consideró que “lo primero que tenemos que cambiar es el sistema, después la implementación y esto debe ir de la mano de la capacitación y el presupuesto”.

En ministro de Justicia Germán Garavano aclaró que el gobierno nacional busca “que haya un nuevo abordaje de los jóvenes” que cometen delitos y afirmó que la intención de la iniciativa es que el Estado “pueda sacarlos de este espiral delictivo”.

Según el gobierno, el proyecto “no implica una baja de edad sino la creación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil homogéneo a nivel federal que permita hacer responsables a los adolescentes de 15 años sólo por delitos más graves”.

“Lo que ha habido en los últimos veinte años es una ausencia de políticas públicas respecto a los jóvenes y el delito. Creo que la ausencia de una ley como la que aquí se propone fue la que generó esta ausencia de políticas públicas”, aseguró Garavano.

Sostuvo que “la estrategia de este proyecto es que haya un nuevo abordaje de los jóvenes que ingresan a estos delitos” y afirmó que “la intención es que el Estado pueda sacarlos de este espiral delictivo porque una vez que ingresan es difícil que salgan”.

En ese sentido, y ante una consulta sobre la implementación del nuevo régimen, Garavano puso de relieve que “más que presupuesto, es un tema de políticas públicas”, al señalar que en los últimos años hubo “una mirada anómica que pretendía que los jóvenes estén sin respuesta estatal y en libertad”.

La postura del magistrado y el ministro chocó con la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, que integran –entre otros– curas villeros y religiosos. Estos últimos expresaron su firme rechazo a “cualquier intento” de bajar la edad de imputabilidad. La iniciativa es “demagogia punitiva” y tiene “fines electorales”.

“Nos oponemos firmemente a cualquier intento de bajar la edad de la punibilidad, mucho más en este contexto social. Entendemos que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil está pendiente, pero que no puede darse en este marco de incumplimiento de los derechos sociales”, señaló la comisión en un comunicado de prensa.

“Hacemos responsables a los dirigentes, gobernantes y comunicadores populistas que dicen lo que la sociedad “bolsonarizada” quiere escuchar, aun a costa de sacrificar por unos votos la dignidad inalienable de nuestras y nuestros adolescentes”, agregaron sus integrantes.

La Comisión considera que “pensar la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana al margen del contexto social es demagogia punitiva, y significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales”.

Recuerdan que, ya “en el mes de enero de 2017, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia publicó una respuesta relativa a que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación intentaba bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años de edad”.

“Dos años después, otra vez en enero, resurgen las mismas propuestas simplistas, con fines electorales y sin mirar el tema en su complejidad. En este sentido, queremos señalar que el contexto de crisis acentúa el incumplimiento de las responsabilidades que el mundo adulto tiene sobre la juventud”, advirtieron.

Por último, señalaron que “la escuela, la vivienda y la salud están muy deterioradas, los espacios de promoción de las artes no pueden pagar la luz y cierran, los clubes se vuelven inaccesibles para los salarios que se ajustan, el desempleo crece mientras la capacidad de contención de la sociedad baja notoriamente”.

En consonancia, Unicef advirtió que bajar la edad de punibilidad de los menores podría ser interpretado como “una medida regresiva” y pidió que una reforma legislativa al respecto esté acompañada de una “fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y la adolescencia”.

Así lo señaló la organización en un documento titulado “Ideas para contribuir al debate sobre la ley de Justicia Penal Juvenil”, difundido en las últimas horas, ante el proyecto del gobierno nacional de crear un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años y crea un sistema socioeducativo para contener a los menores, entre otras cuestiones.

“Es clave que una reforma legislativa esté acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia. La intervención desde el Sistema Penal Juvenil no puede ser utilizada como una respuesta tardía del Estado por fallas u omisiones de intervención previas desde el Sistema de Protección de Derechos”, señalaron desde la organización.