La necesidad de la reforma

Cuando en junio del 2011 el exgobernador Miguel Saiz presentó a la Legislatura el proyecto de reforma, elaborado por una comisión creada al efecto –coordinada por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)–, sostuvo que la actualización del código era una “asignatura pendiente” e “ineludible” por “razones constitucionales, políticas y doctrinarias”. Dijo que la única forma de que la comunidad “entienda, confíe y respete a la Justicia” era “invitándola a participar”. El proyecto tuvo acuerdo general de ministros. El Inecip consideró imprescindible la aprobación de un código “que tenga un litigio controversial y que un tercero imparcial resuelva (juez o jurado), con un procedimiento mediante el sistema de audiencias orales y públicas”, para evitar nuevas anulaciones de sentencias como ocurrió en el paradigmático fallo “Sandoval” de la Corte Suprema (por la “masacre del laboratorio” de Cipolletti). Por el rotundo cambio que implicaría el nuevo sistema, propusieron su implementación paulatina y por circunscripciones. Además, recomendaron: • Capacitar previamente a operadores judiciales (jueces, funcionarios, empleados, auxiliares y abogados particulares) • Optimizar la distribución del recurso humano y presupuestario • Dictar leyes complementarias para acompañar la transformación, como la ley de creación de la Policía Judicial y las actualizaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Ministerio Público, entre otras Contra las críticas sostenidas desde algunos sectores, la comisión de reforma asegura que la afectación presupuestaria para poner en vigencia el nuevo código “no es mayúscula”, aunque reconoce que habrá que adaptar las salas de audiencias con las que cuentan actualmente los tribunales provinciales. El proyecto original, en base al cual está hecho este informe, está siendo sometido aún al análisis de especialistas y podría sufrir modificaciones.