¿Se justifican los “beneficios” a la Patagonia?

Creemos que constituye un objetivo insoslayable de política económica y social en nuestro país la baja de la presión fiscal, la disminución del déficit fiscal, la eliminación de la inflación y controlar la evasión y la promoción del desarrollo equilibrado de nuestro país, haciendo realidad los principios de equidad, justicia social, movilidad social ascendente y federalismo efectivo y no declamado.

No es el motivo de esta nota el avance en el tratamiento de cada uno de esos temas, lo que demandaría un espacio que no se dispone, sino el considerar un aspecto que resulta fundamental y de absoluta actualidad: es justo tratar a todos los pobladores del país de igual forma en cuanto a los “beneficios” que se otorgan o, más ajustado a la realidad, tratar a los diferentes como tales y no como iguales.

Para ello es necesario introducirnos en la problemática de las denominadas asimetrías territoriales, o sea, las diferencias en las distintas zonas de nuestro país que determinan diferentes condiciones de vida de sus pobladores.

A lo largo de su historia, Argentina ha sido un país de asimetrías. Su extenso territorio, su dispar acceso al mar y sus puertos, sus diversos climas y culturas, su heterogénea distribución de recursos naturales y económicos y el sesgo de su políticas son algunos de los factores que históricamente han determinado las desiguales condiciones de vida a lo largo del territorio nacional.

El Ingeniero A. E. Bunge desarrolló el concepto de “país abanico”. Sostenía la existencia de tres grandes zonas en Argentina delimitadas como semicírculos con epicentro en el puerto de Buenos Aires, decreciendo la calidad de vida a medida que se alejaba del distrito federal. Lo que se ha ido modificando, en sentido negativo. Esta realidad no modifica la afirmación de la existencia de asimetrías territoriales, sino que la reafirma y la complejiza.

Subsiste, a partir de indicadores económicos y sociales sobre las dimensiones geográfica, económica, fiscal y social, la posibilidad de agrupaciones en cinco regiones, a saber: NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia.

Esos indicadores señalan, claramente, que la población está altamente agrupada en la región centro del país, que se traduce en una significativa concentración de la producción nacional, así como también de la cantidad de trabajadores privados registrados y de empleados públicos. Por otra parte las regiones del norte argentino registran los menores valores de producción por habitante y las mayores tasas de empleo público, al igual que en la Patagonia.

Se puede desarrollar la situación respecto a las exportaciones, la calidad de vida, la pobreza, la indigencia, las necesidades básicas insatisfechas, las tasas de analfabetismo y mortalidad infantil y el desempleo.

Es en ese contexto en el que hay que enmarcar los denominados “beneficios diferenciales”, en materia de jubilaciones para la Patagonia; las asignaciones familiares para 4 zonas en el país y considerar la clara existencia de dos líneas de pensamiento: A) la que reconoce las diferencias y b) la que las ignora. La segunda pretende una presunta igualdad de competitividad, a nuestro juicio absolutamente irreal y falsa, e iguala el tratamiento en las materias señaladas.

Existen dos mecanismos, en términos generales, para procurar el equilibrio territorial y las condiciones de vida: a) las políticas a mediano y largo plazo del Estado que modifiquen las condiciones modificables y generen elementos de igualación y b) las asignaciones del Estado en forma directa a los pobladores de las regiones, o a través de beneficios indirectos, que lo ameriten por cuanto sus indicadores así lo demandan. Eliminar el segundo mientras se aduce que se está implementando el primero resulta una falacia que conducirá al agravamiento del “país abanico”, al afianzamiento de un país unitario que se dice federal y a la intensificación de la concentración de capital y poblamiento que promueve la demagogia de los subsidios por la masividad de votos.

Cabe aquí mencionar que una de las “soluciones” que se han implementado y requiere su análisis y solución es el de establecer los denominados adicionales por zona para el salario, a cargo de los empleadores, sin que resulten compensados de ninguna manera y que sacan de competencia a las empresas locales en relación a las localizadas en el polo central del país.

Por todo lo expuesto creemos que el camino intentado, que oculta un evidente propósito fiscal, respaldado en una concepción territorial equivocada, es absolutamente contraproducente y contrario a los declamados objetivos.

*Contador Público, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Neuquén (Acipan)