Seguridad, usurpaciones y la deserción del Estado en Río Negro

El camino de la seguridad remite, lógicamente, al desenvolvimiento de la cuestión delictual. Ésta debe entenderse como un proceso de evolución continua, producto de un modo cultural histórico-espacial, a la cola de procesos en los cuales se ha avanzado irregularmente mediante progresos, saltos, incluso rupturas o cambios de paradigma.

Evidentemente la seguridad es un área totalmente sensible para la comunidad. Toda sociedad democrática tiene la obligación de garantizar los derechos y una atención judicial equitativa a sus habitantes y esto es considerado un derecho básico elemental. Asimismo, los niveles de inseguridad de la población tienen impactos sobre la sociedad toda, la economía y las relaciones entre los que gobiernan y son gobernados.

La democracia argentina sigue las concepciones teóricas donde se conserva una noción del Estado como árbitro final de los conflictos sociales, reconociendo la existencia de un pacto entre el pueblo y la autoridad soberana que viabiliza la paz y la puesta en valor del monopolio exclusivo del uso legítimo de la coacción física por su parte en los límites territoriales del país.

La política criminal, como toda política de Estado, es compleja, donde intervienen distintos sujetos; en este caso, los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo tiene una función indelegable en la diagramación de una política criminal; el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen un rol fundamental en la aplicación de esa política y el Poder Legislativo es el instrumento que permite la sanción de leyes que van regulando esta decisión política que se toma en diversos ámbitos, todo ello con independencia de las necesidades políticas coyunturales que se puedan relacionar con sensaciones de inseguridad.

El enfoque criminológico con un fuerte contenido epistémico no es exclusivo de una sola disciplina, dado que la criminología se entiende como una estructuración de conocimientos de variada procedencia, articulados interdisciplinariamente, en la que confluyen la ciencia jurídica, la sociología, la psicología, la psiquiatría, la medicina, la economía, la estadística y la antropología entre otras.

Intentar medir la violencia y criminalidad es una tarea compleja y se torna más difícil aún cuando al hacerlo por medio de las fuentes de información se busca dar importancia a las dimensiones de disponibilidad, sistematicidad, validez y confiabilidad, A pesar de esto, una forma de análisis es por medio de los registros policiales, que están compuestos básicamente por las denuncias tomadas y son clasificadas según la tipificación determinada por el Derecho Penal, o en algunos casos por otros criterios administrativos específicos. Estos registros corresponden a hechos presuntamente delictuales, donde en la mayoría de las ocasiones no existe muchas información sobre el hecho en sí ni de sus autores.

El Código Penal Argentino agrupa los delitos en tres grandes tipos: dentro del primero, denominado delitos contra las personas, se encuentran todos aquellos que con un grado mayor o menor de violencia afectan la vida de las personas; en el segundo, delitos contra la libertad, que protegen la libertad individual de las personas; y el tercer grupo, delitos contra la propiedad o patrimonio, reúne todos aquellos hechos que afectan este bien jurídico.

A partir de los datos de las denuncias de los delitos contra la propiedad, las personas y la libertad entre 1995 y 2012, recogidas por la Policía de Río Negro, se puede analizar e interpretar los hechos delictivos en el período.

Evolución

La evolución conjunta de las denuncias (de los tres tipos) de delitos registradas está fuertemente influenciada por los delitos contra la propiedad, llevándola a tener una línea de tendencia con pendiente positiva en el período analizado. (ver cuadro)

El incremento total de los hechos delictivos fue del 146% en el periodo de análisis, siendo la tasa de crecimiento promedio anual de 5,13%. En el 2003, 2004, 2005 y 2010 hubo menos denuncias que los años inmediatos anteriores. Lo mismo ocurre en esos años con los delitos contra la propiedad. No tienen el mismo comportamiento las denuncias de los delitos contra las personas, de las que sí se detectan menos en el 2005,2009 y 2010; y en los delitos contra la libertad encontramos esta característica en el 2003, 2005 y 2010.

En términos de tasa de delitos cada 100.000 habitantes, para el periodo 1995 era de 2.161 y para el 2012 de 4.618, incrementándose un 114% en el periodo.

Los delitos contra la libertad tuvieron un total de 44.768 denuncia en el periodo de análisis. Manifestando un incremento del 166%. La tasa promedio de delitos contra la libertad cada 100.000 personas en cada zona es: Andina 429, Atlántica 487, Meseta 219 y Valles 425. El incremento en cantidad de denuncias por zonas entre 1995 y 2012 es: Andina 67%, Atlántica 268%, Meseta 346% y Valles 181%.

Los delitos contra las personas tuvieron un total de 4.219 denuncias en la provincia en el periodo 2012. El incremento en cantidad de denuncias por zonas entre 1995 y 2012 es: Andina 210%, Atlántica 611%, Meseta 1.040% y Valles 474%. La tasa promedio de delitos contra las personas cada 100.000 habitantes en cada zona es: Andina 328, Atlántica 463, Meseta 186 y Valles 410.

Al analizar los delitos contra la propiedad se observa que los mismos para el 1995 registraban 9.110 denuncias y en el 2012, 22.424; correspondiéndole una tasa cada 100.000 habitantes de 1.737 y 3.399 respectivamente. El incremento de esta tasa para el periodo es del 96%.

Observando la tasa de denuncias de delitos contra la propiedad, clasificada por tipos de delito cada 100.000 habitantes en el período, se puede afirmar que se registraron incrementos significativos en estos casos: daños (158%), hurtos (47%), robo (125%), usurpación (165%); y si a este último tipo se lo relaciona con el 2011 da un incremento del 195%.

Sobre el total de los delitos contra la propiedad en promedio para el período los hurtos reflejan el 40,15%, y los robos el 39,66%.

Las usurpaciones

Un dato relevante es el incremento de la tasa cada 100.000 habitantes que tiene el delito de usurpación, que es del 165% entre 1995 y 2012. Éste es el que más creció entre los delitos contra la propiedad en el período. La distribución regional promedio para el periodo es liderada por la región de los Valles con el 52%, le sigue la Andina con 25%, la Atlántica con 19% y la Meseta con 5%. Otro dato que llama la atención es que la diferencia en valores absolutos de denuncia se reduce cuando se trabaja con la tasa de usurpación cada 100.000 personas, donde la tasa promedio anual de denuncias cada 100.000 habitantes para el periodo la tiene la zona Atlántica con 31, siguiéndole la Andina con 30, luego la Meseta con 26 y finalmente los Valles con 20.

El delito que más aumentó en valores relativos en el período es la usurpación, y está vinculada a la toma de tierra en áreas urbanas donde existe una extraña relación entre los tomadores, el propietario y el Estado.

A estas relaciones contradictorias se las conoce como “relaciones de fuerza entre las clases propietarias y las clases desposeídas”. En este sentido, son relaciones que se definen en la complejidad de un entramado en el que se ponen en juego los mecanismos de dispersión del conflicto por parte del Estado y las prácticas políticas de resistencia, reivindicación y construcción de poder desde abajo de los sectores populares.

Aquí está de manifiesto la falta de políticas de planificación urbana en un ordenamiento territorial basado en un esquema de acceso a la vivienda en la ciudad. Ante lo cual, los sectores populares interpelan al Estado, involucran organizaciones colectivas en pos de una lucha reivindicativa que viabilizan una reapropiación del espacio, por lo general, bajo un sistema político clientelar y asistencialista, generando un poder popular que al mismo tiempo deja en evidencia las contradicciones del régimen de propiedad privada.

* Criminólogo. Doctor en Desarrollo Territorial. Docente Universidad Nacional de Río Negro.