Una reforma para armonizar salud mental e inclusión social

29 jun 2018 - 00:00

Hace más de treinta años –con el retorno de la democracia– la Provincia de Río Negro comenzó un proceso de vanguardia en materia de políticas públicas en salud mental. Cerró el manicomio provincial y creó y jerarquizó esta área en la estructura de la Salud Pública, incluyendo servicios en los hospitales, eliminando métodos y técnicas invasivas e inhumanas, priorizando las estrategias de intervención basadas en la salud mental comunitaria y dejando la internación como último recurso.

La promulgación de la ley provincial Nº 2440 en 1991 legitima y legaliza estas prácticas, fortaleciendo ni más ni menos la posibilidad de que las personas con padecimiento mental tuvieran oportunidades de mayor inclusión social, ejerzan sus capacidades y derechos y reciban la atención necesaria en los aspectos en que no pudieran autovalerse.

Limitaciones

Las dificultades para su implementación plena estuvieron ligadas a dos factores: las resistencias de algunos actores del sistema de salud reticentes al nuevo paradigma y los escasos recursos que los gobiernos destinan a los sectores con sus derechos vulnerados. A pesar de estas limitaciones, este cambio constituyó un gran avance y un ejemplo mundial en Derechos Humanos para personas con discapacidad, frente a un modelo de sociedad que históricamente los discriminó y condenó a una “muerte civil”.

La ONU, a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, amplía y universaliza la plena vigencia e igualdad ante la ley del ejercicio de los derechos civiles, políticos y económicos, centrando la mirada en las múltiples capacidades de las personas y garantizando desde el Estado la atención integral de la discapacidad.

Esto significó un paso cualitativo fundamental, abandonando el modelo tutelar y autoritario para encarar un nuevo enfoque “en clave de derechos”.

Nuestro país adhiere a esta Convención mediante la ley nacional 26.378/2010 que adquirió rango constitucional con la ley nacional 27044/2014.

Este avance para las personas con discapacidad y la experiencia rionegrina –conocida como “ley de desmanicomialización”–constituye los antecedentes y bases para que finalmente se promulgue a nivel nacional la ley 26657/2010, que “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional” (artículo 1º).

Dicha norma, además de incorporar el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad promovidos por la Convención de la ONU, crea el Órgano de Revisión –dependiente del Ministerio Público y con una integración intersectorial– para garantizar el cumplimiento y la implementación de este nuevo paradigma, en pos de proteger los derechos de los usuarios de los servicios de Salud Mental.

Casi 20 años después de la sanción de la emblemática ley provincial 2440, la ley nacional 26657/2010 llega claramente para ratificar y fortalecer el rumbo tomado por los rionegrinos en materia de política sanitaria en Salud Mental. Sin embargo, aún nuestra ley rionegrina mantiene vigentes importantes y saludables conceptos que no han logrado ser incorporados en la ley nacional, como la prohibición de métodos invasivos e inhumanos (entre ellos, el “electroshock”), o la promoción de las “empresas sociales” como alternativa para la inserción laboral de los usuarios de Salud Mental y de espacios comunitarios de integración que ya existen en Río Negro, como el Centro Cultural Camino Abierto, en Bariloche.

La revisión en marcha

En el 2015 distintos sectores públicos y de la sociedad civil de nuestra provincia ligados a esta temática promovieron la idea de “armonizar” la Ley Nacional y la Ley Provincial de Salud Mental, lo que derivó en solicitar que se constituya la Comisión Interpoderes que evalúa la Ley 2.440, creada por la Ley 4327/2009. “Armonizar” ambas leyes significa tomar lo mejor de cada una, para una norma superadora .

Este año la Justicia exhortó a la legislatura a culminar este largo proceso de “armonización” y ya existe un proyecto de Ley con estado parlamentario (387/2018) elaborado por representantes de distintas fuerzas políticas mayoritarias. Ya están dadas todas las condiciones para que se pueda parir esta nueva Ley, lo que seguramente ocurrirá en los próximos meses. Luego se abrirá un difícil pero indispensable desafío- no menor por su importancia- que será la implementación en tiempo y forma de esta norma armonizada.

En estos tiempos de turbulencias y crisis, donde en nombre de la “economía de mercado” se quiere avanzar imponiendo dogmas deshumanizantes y pretendiendo transformar los Derechos en “mercancías”, lograr consensos que deriven en una sociedad más inclusiva y fraterna con leyes que apunten a defender la dignidad de los que más sufren, constituye una esperanzadora bocanada de aire fresco. Nada más “sano” para nuestra sociedad que poder demostrar con hechos concretos que- a pesar de las múltiples adversidades – la realidad se puede transformar para mejor.

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