Debatieron la continuidad del caso Tratayén

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolverá antes del 8 de febrero si la causa en contra de integrantes de la comunidad mapuche Fvta Trayen se reanuda o si se avala la nulidad del allanamiento que dio origen a al caso y que dictaminó el Tribunal de Impugnación.

El viernes se realizó la audiencia en la que fue la fiscalía, a través de Pablo Vignaroli, quien solicitó la reapertura de la causa, en tanto que desde la defensa de la comunidad Fvta Trayen se argumentó en el sentido contrario.

En octubre el Tribunal de Impugnación resolvió declarar la nulidad de los secuestros porque consideró que se requiere de una orden de allanamiento de un juez para ingresar a cualquier lugar habitado y expusieron que en este caso no existió.

Emanuel Guagliardo, abogado de la Confederación Mapuche marcó que se hizo “una causa de usurpación y se ordenaron desalojos sin órdenes judiciales”.

Opinó que la causa “forma parte de un montaje mediático donde el Ministerio Público Fiscal ha sido funcional a una intención de demonizar a las comunidades mapuches, y de deslegitimar sus demandas territoriales” y declaró que la comunidad Fvta Trayen “no es un invento, existe”.

Sostuvo que hubo “una pérdida total de objetividad de la fiscalía, que decide unilateralmente que acá no hay un conflicto territorial comunitario indígena, y que por lo tanto no es de aplicación la prohibición de los desalojos de la Ley 26. 160. Y eso no es una prerrogativa del Ministerio Público Fiscal si hay o no una comunidad”.

El fiscal general José Gerez argumentó que el procedimiento de secuestro se desarrolló en situación de flagrancia. Agregó que no hubo “morada” y que se registró una situación de flagrancia que “avala el accionar policial”. Dijo que se encontró en el procedimiento “con una toldería, donde hay una carpa adentro, con tres sujetos, de los cuales uno estaba armado”.

Remarcó que si el tribunal “convalida la decisión de Impugnación, estamos poniendo en jaque el sistema de plazos neuquinos, o sea, la celeridad con que los casos se resuelven”.

Sumó que el Tribunal de Impugnación “le dio lugar a la nulidad de la prueba en un momento procesal donde no está habilitado para ser planteado. De aceptarse la decisión son gravísimas las consecuencias que puede tener en todo el sistema”.

Y reafirmó que “no es una comunidad indígena por cuanto no está reconocida por el Estado”.

“Si se deja que la defensa plantee nulidades cuando no están previstas, el procedimiento en Neuquén está muerto”,

advirtió en la audiencia el fiscal general de Neuquén, José Gerez.