“Debía morir en la cárcel”

El abogado de las víctimas dijo que “Barreda está en la calle por una inadecuada forma de mirar el derecho”. “Quedó en libertad por los malos jueces”, resaltó Horacio González Amaya.

La decisión de la Justicia de otorgarle la libertad condicional a Ricardo Barrera, condenado a perpetua por asesinar en 1992 a su mujer, sus dos hijas y su suegra, generó una dura reacción del abogado de las víctimas, quien consideró que el odontólogo “debía morir en la cárcel”.

Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata que otorgó a Barreda la libertad condicional al reformular el cómputo de su condena, el odontólogo seguía hoy detenido en su casa a la espera de informes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para completar los trámites formales del proceso que le permitan salir a la calle.

“Barreda todavía no está en libertad. El SPB tiene que responder informes de rigor, socioambientales y de conducta, entre otros, y después la Sala I de la Cámara lo convocará para notificarle la resolución y a partir de allí gozará de su libertad”, le dijo a DyN el abogado del acusado, Eduardo Gutiérrez, quien dijo que desde la Cámara no le pusieron fecha a ese trámite.

“Ahora Barreda está en la calle por una inadecuada forma de mirar el derecho que ha llevado a aumentar la inseguridad. Debía morir en la cárcel, pero quedó en libertad por los malos jueces”, dijo el letrado Horacio González Amaya, letrado de las víctimas.

El odontólogo, de 74 años, tiene desde el 23 de mayo de 2008 el régimen de prisión domiciliaria que cumple en la casa de su pareja, Berta André, a quien conoció cuando estuvo en la cárcel, en el barrio porteño de Belgrano, tras estar 16 años preso.

Gutiérrez agregó que evalúa pedirle a la Justicia que de por cumplida el total de la pena a reclusión perpetua, decisión que analizará con Barreda.

“Según lo que entendemos, la ley vigente al momento de los hechos establecía que una persona condenada a perpetua podía pedir la libertad condicional a los 20 años de detención, y transcurridos cinco años más se le debía dar por cumplida la pena. Si bien el Código no lo dice taxativamente, entendemos que es lo que corresponde”, describió.

Según el último cómputo de la pena, Barreda pasó 30 años y siete meses presos, por lo cual -de acuerdo a la estimación de su abogado- debió recuperar la libertad por pena cumplida, no obstante lo cual el tribunal que lo excarceló lo hizo bajo el régimen de libertad condicional.

En contra de la decisión de la Justicia, González Amaya calificó a Barreda como “un hombre eminentemente peligroso” y que el SPB dijo en una oportunidad que “no estaba en condiciones de estar en circulación”.

El letrado dijo que “no hay forma posible para revertir la libertad condicional” ya que para eso hay que cambiar la doctrina de la Corte Suprema que “dejó sin efecto la discriminación entre prisión perpetua y reclusión perpetua” que es lo que permite a Barreda a acceder al beneficio.

La defensa de Barreda había pedido la libertad definitiva pero le fue concedida una condicional luego que el juez de la Cámara Raúl Dalto considerada parte de la condena cumplida bajo el régimen del dos por uno por lo que así superaba los 30 años en prisión, plazo que permite pedir el beneficio que le fue otorgado.

Barreda asesinó el 15 de noviembre de 1992 a escopetazos en su casa del centro de La Plata a su mujer, Gladys Mac Donall, de 57 años, a sus hijas Cecilia, de 26, y Adriana de 24, y a su suegra Elena Arreche, de 86, por lo que en 1995 fue condenado a reclusión perpetua por el cuadrúple homicidio.

El odontólogo relató que la mañana del 15 de noviembre se levantó y su mujer le pidió que limpiara las telarañas del techo, para lo cual fue a buscar los elementos y encontró la escopeta con la que comenzó la matanza que lo transformó en uno de los homicidas más famosos de la historia criminal del país.

Télam


La decisión de la Justicia de otorgarle la libertad condicional a Ricardo Barrera, condenado a perpetua por asesinar en 1992 a su mujer, sus dos hijas y su suegra, generó una dura reacción del abogado de las víctimas, quien consideró que el odontólogo “debía morir en la cárcel”.

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