Decreto «antigoteo»: niegan acuerdo entre Duhalde y la Corte
El BCRA dijo que no está en condiciones de acatar fallos. Economía quiere que la Corte dé una solución definitiva. Una presentación judicial de Río Negro le allanaría el camino.
El BCRA cuestiona que la norma lo obligue a pagar sentencias a 1,40 por dólar contra lo que piden los jueces y su titular, Aldo Pignanelli se mostró partidario de la liberación inmediata de fondos atrapados- y Economía sostiene que hay que priorizar una solución definitiva para el problema y que la misma está en manos de la Corte.
Ante la inminente llegada del asunto al Máximo Tribunal, circularon rumores de una acuerdo entre éste y el gobierno. Pero fue el juez Petracchi quien se encargó de rechazar toda posibilidad de una negociación para que la Corte declare la constitucionalidad del «corralito» a cambio de una paralización del juicio político hacia sus miembros.
Este nuevo capítulo en torno al conflicto que engendró el corralito financiero se aceleró ayer cuando se conoció una presentación judicial efectuada por la provincia de Río Negro (ver aparte), mediante la cual se intentó acelerar los pasos para que la Corte se pronuncie.
Con la firma del gobernador Verani, y justificada en «la defensa de los intereses de los rionegrinos», la presentación establece la inconstitucionalidad del decreto antiamparo.
En igual sentido se pronunció ayer el bloque de Senadores radicales, quien presentó un proyecto de ley que propone derogar el decreto que dispuso la suspensión por 120 días de la ejecución de los amparos presentados por ahorristas estafados. La iniciativa lleva la firma del jefe del bloque, Maestro, y de sus pares, Amanda Isidori, Agúndez, Prades y Raso.
«Es palmariamente inconstitucional, puesto que no sólo viola la garantía del debido proceso, el derecho a la llamada tutela judicial efectiva», explicaron .
El decreto en cuestión ya fue apelado por damnificados y por el defensor del Pueblo y ya recibió fallos favorables en primera instancia de varios juzgados .
Como el gobierno anticipó que apelará la medida, el tema recorrerá su camino en la justicia hasta que llegue a la Corte. Pero hasta anoche no lo había hecho y Economía anunció que no trabaja en un proyecto de ley para frenar los recursos de amparo.
Una versión periodística indicaba que el equipo económico estaría trabajando en un proyecto de ley para frenar el drenaje del corralito en caso de que la Corte no avale el decreto 1316 . El drenaje de fondos por amparos es actualmente la mayor preocupación de Economía y el tema fue planteado por la comisión de Notables que coincidió con la postura de Lavagna de darle una solución al tema de los amparos para evitar un proceso hiperinflacionario.
Paralelamente, ayer el Colegio Público de Abogados promovió una acción de amparo contra el decreto con el cual Duhalde frenó la ejecución de fallos en favor de ahorristas.
Y el BCRA, tras ser intimidado por la justicia, informó al Poder Judicial que «no está en condiciones de dar inmediato cumplimiento» a las mandas judiciales para la liberación de fondos retenidos, respondiendo a un oficio remitido ayer por el juez federal de Lomas de Zamora, Gabriel Di Matteo, que había emplazado a la entidad a dar precisiones sobre su solvencia en un plazo de doce horas.
El magistrado exigió una aclaración al Central al intervenir en una demanda promovida por una ahorrista que padece serios problemas de salud y tiene su dinero confiscado en un banco. «Se están fijando pautas a tener en cuenta y procedimientos a seguir para, a la mayor brevedad cumplir dentro de los 5 días hábiles con los mandatos judiciales en los que se disponga la liberación de fondos en los casos de excepción», aclararon desde el Central.
Pero el episodio no se cerró y todos esperan el pronunciamiento de la Corte. (Redacción Central)
Río Negro apura los pasos para la llegada al máximo tribunal
VIEDMA (AV).- Río Negro presentó ante la Corte Suprema una acción judicial contra el «corralito» financiero.
El gobierno de Pablo Verani argumentó ese hecho en la defensa de «los intereses de los rionegrinos». En diciembre pasado, los depósitos privados en Río Negro superaban los 330 millones de pesos, considerando las disponibilidades en cuentas corrientes y en caja de ahorro.
La ofensiva rionegrina en la Corte se correspondió con una acción de amparo contra el decreto nacional que suspende la ejecución de medidas cautelares y sentencias definitivas en la devolución de los depósitos de ahorristas. En los argumentos, el gobernador Verani ataca esa norma porque «lesiona, restringe, altera y amenaza con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta» derechos reconocidos de Río Negro y sus habitantes. Pide así la inconstitucionalidad del decreto pues su «sola existencia, lesiona la supremacía de la Constitución Nacional».
La presentación judicial de Río Negro fue interpretada por distintas fuentes como un favor a la estrategia del presidente Duhalde y, en especial, del ministerio de Economía. Obviamente, el gobierno rionegrino negó cualquier interpretación en tal sentido. El esfuerzo de las desmentidas provinciales fue mayor cuando se supo de un compromiso federal para un adelanto de 15 millones para la próxima semana a cuenta de los desembolsos comprometidos por Nación en el Acuerdo Bilateral, que se firmó a fines de junio.
Por su parte, el ministro de Coordinación, Gustavo Martínez manifestó a «Río Negro» que la acción provincial «es en defensa de los intereses rionegrinos». Desestimó que se tratase de un acuerdo con la Nación porque el presidente «Duhalde tiene más amigos entre los gobernadores justicialistas como para tener que recurrir a Río Negro para un favor de esta naturaleza».
El funcionario afirmó que la provincia ya realizó otros «planteos en defensa de los intereses de los rionegrinos», como el subsidio del gas y el recorte a las jubilaciones.
Martínez calificó de «aberrante» el último decreto. «Deja la incertidumbre en relación al corralito. Si no hay salida a esa plata difícilmente se pueda lograr una reactivación, especialmente en lugares donde la economía regional está muy ligada a la producción y la generación de bienes».
El ministro aclaró que además del amparo se planteó «una acción de declaración de certeza. Consideró que la Corte podría fallar contra el planteo -por razones de competencia- pero confió en la definición de la cuestión de fondo porque el decreto deja sin efecto resoluciones favorables de los amparos, «pospone las resoluciones por 120 días y no se sabe que pasará cuando se cumplan ese plazo. La Fiscalía de Estado venía elaborando una acción contra el corralito pero la incertidumbre se profundizo con el decreto firmado la semana pasada por el presidente, que no clarifica la situación sino que continúa poniendo parches, sin resolver definitivamente el tema».
Ahorristas ultiman una demanda penal en España
Un grupo de 1.500 ahorristas demandará penalmente en España a las casas matrices de los bancos Río y Francés, filiales locales de los grupos españoles Santander y Bilbao Vizcaya.
Así lo indicó el abogado patrocinante de los damnificados, Francisco Morera Bosch, al precisar que la acción penal será presentada ante la Justicia española y la Audiencia Nacional, dirigida por el juez Baltasar Garzón, reclamando la restitución de los depósitos.
El letrado señaló que «se ha producido una violación de derecho de propiedad, una estafa» y anunció que «vamos a residencializar la acción ante la Justicia penal española y ante la Audiencia Nacional».»Esto lo vamos a llevar a cabo posiblemente el 2 de septiembre, está prevista la presentación de la acción penal, aquellos ahorristas que todavía quieran adherirse a esta presentación podrán hacerlo», agregó .
Morera Bosch dijo que la demanda será contra las casas matrices del Río y el Francés, los grupos Santander y Bilbao Vizcaya, y «contra la cúpula de gobierno argentino que firmó los decretos que produjeron la pesificación y el corralito de los depósitos». La acción penal será contra las personas físicas, consejeros y presidente de las matrices «que tenían el poder de decisión y el control sobre las filiales».
Consultado sobre la visión que se tiene en España sobre el «corralito» financiero y la confiscación de depósitos, el abogado consideró que «la gente está escandalizada, no cabe en la cabeza de ningún español que una persona deposite sus ahorros en un banco español y que el banco se los quede».
Por otra parte, y en este lado del océano, se suscitó una tensa reunión entre miembros del movimiento de Ahorristas Bancarios Estafados que encabeza Nito Artaza y legisladores de diferentes bancadas de la oposición.
Artaza les pidió la puesta en marcha de una serie de acciones que permitan liberar el dinero que tienen atrapado . La reunión, que por momentos fue bastante tensa, contó con la presencia de ahorristas y diez legisladores, entre los que llamó la atención la ausencia de miembros del PJ ligados al oficialismo.
Si bien al término de la reunión quedó pendiente la posibilidad de que se formara una comisión para trabajar en el tema, la ausencia de los senadores del oficilalismo al encuentro con los ahorristas dificulta la alternativa.
Investigan a exportadores por evasión
Organismos del Estado investigan a grandes empresas exportadoras por estafas millonarias al fisco llevadas a cabo a través de evasión impositiva por subfacturación en grandes operaciones de venta al exterior, anunció ayer el titular de la Aduana, Mario Das Neves.
Si bien el funcionario evitó mencionar los nombres de las firmas afectadas por esta investigación, indicó que se trata de «empresas de primera línea» vinculadas «a sectores de la carne, fruta, combustible y cereales», entre otras.
El titular de la Aduana reconoció que «tras uno de los grandes evasores hay un gran estudio jurídico y contable», al tiempo que señaló la «inmoralidad» de este tipo de maniobras, máxime teniendo en cuenta que el producto de las retenciones a las exportaciones se destina a subvencionar el plan Jefas y jefes de hogar. Tras destacar que «la subfacturación es una venta en negro en el exterior con divisas que no ingresan al país», citó el caso de una operación «por 10 millones de dólares reales en la que se factura por 5 millones y se tributa por esa cifra».
El funcionario informó que la Aduana, junto a la AFI, «están llevando a cabo una investigación conjunta y a punto de culminar, con denuncias concretas». Das Neves reconoció que «no será fácil cambiar la cultura de los grandes evasores, porque lleva muchos años», pero advirtió que desde marzo funciona una «matriz de riesgo de exportaciones», que permite analizar el universo de las exportaciones, los volúmenes operables y actividades que se desarrollan que permiten detectar irregularidades. (Télam)
Gendarmería pide
El titular de la Gendarmería Nacional, comandante Hugo Miranda, reclamó ayer ante el presidente Duhalde apoyo político y recursos materiales para combatir la delincuencia en el país.
«Debe haber un sinceramiento de todos los sectores involucrados porque de la inseguridad no se sale sólo con el accionar de quienes tenemos la misión de prevenir y de hacer cesar el delito», enfatizó Miranda.
Durante la ceremonia del 64 aniversario de la creación de la Gendarmería, su titular advirtió «la necesidad de modificar ciertas leyes permisivas, con penas benignas, que resultan contribuyentes al redoblado auge de delincuencia. El delito común u organizado se ve potenciado por la desesperación y angustia de los sectores más débiles y protegidos por una legislación pensada para otra época y otros problemas», aseveró.
Duhalde, quien estuvo acompañado por sus ministros Alvarez (Justicia y Seguridad), Matzkin (Interior) y Jaunarena (Defensa), no respondió a sus reclamos, aunque reconoció la falta de recursos que aqueja a la fuerza. Resaltó «el profesionalismo alcanzado por la fuerza, a despecho de los bajos ingresos» y reiteró que «los argentinos estamos comenzando a superar esta penosa crisis» económica que lleva más de cuatro años de recesión. Previamente, el titular de la Gendarmería reclamó ante el presidente que «se termine con la reducción sucesiva de recursos presupuestarios ya retraídos desde hace años, la reducción de salarios y de la planta básica de personal». (DyN)
Prohíben la salida a sospechados del Congreso
La fiscalía federal promovió acción penal contra los seis imputados en la maniobra de fraude denunciada por el presidente provisional del Senado, Carlos Maqueda, y solicitó al juez Oyarbide que prohíba la salida del país de los acusados.
Según indicaron fuentes judiciales, el fiscal federal Guillermo Marijuan -que reemplaza momentáneamente a su colega Guillermo Montenegro- pidió ayer una serie de medidas para investigar la supuesta estafa y, además, solicitó la declaración indagatoria de seis sospechosos de posible asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública.
Entre los acusados, figurarían el Director de Administración y Finanzas, Osvaldo Mamut, el subdirector de ese área, Hugo Pini, y el jefe de Marketing y Servicios, Néstor Fuentes.
Se estima que Oyarbide -quien, por su parte, subroga durante la feria a su colega Canicoba Corral- daría curso en las próximas horas a las medidas de prueba requeridas por Marijuan, dijeron los voceros tras estimar que en virtud de la grave acusación los imputados podrían quedar presos.
El presunto fraude se habría cometido cuando el ahora canciller Ruckauf encabezaba el Senado y el justicialista Alberto Pierri estaba al frente de la Cámara de Diputados (ver aparte). Y precisamente la imprenta depende directamente de esas presidencias (un año cada uno).
Según la acusación, la estafa -que alcanzaría los tres millones de dólares- se habrían facilitado porque el dinero en efectivo que recibía la imprenta «nunca ingresaba a la Tesorería» de ese sector.
La denuncia fue presentada por el presidente provisional del Senado, Maqueda (PJ). «No existe por parte del titular del Senado ningún interés de promoción personal, sino el cumplimiento de la obligación de recuperar el prestigio institucional del cuerpo», explicó.
El senador Menem y el ex senador Antonio Cafiero desligaron ayer al actual Canciller Ruckauf y al ex presidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri y coordinador de la campaña de Carlos Menem de la estafa . «Descarto que los presidentes de las Cámaras hayan estado al tanto de estas maniobras», dijo Menem. (DyN)
El canciller Ruckauf desmiente
El canciller Carlos Ruckauf negó ayer haber «recibido información sobre dolo alguno en el área de la imprenta» del Congreso durante su gestión como presidente del Senado, y aseguró que descarta «cualquier conocimiento» también de parte del ex titular de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri.
Ruckauf se manifestó así sobre una denuncia según la cual se produjo un presunto fraude de tres millones de pesos en la imprenta del Congreso durante 1995-1999, en que el actual canciller y Pierri eran presidentes del Senado y de Diputados.
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