Decreto por los derechos de presos de La Tablada

Lo firmó De la Rúa y promueve recurso extraordinario ante la Corte. Fue en reacción contra el PJ, que no trató el proyecto en Diputados. Van 95 días de huelga de hambre y esperan decisión final “rápida”.



El presidente Fernando de la Rúa firmó ayer un decreto que promueve un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal autorice la revisión de las condenas a los presos por el ataque al cuartel de La Tablada.

Así lo informó ayer en la Casa de Gobierno el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, quien reveló que el Presidente “firmó un decreto con expresas instrucciones al Procurador para que inicie, en nombre del Estado argentino, una acción ante la Cámara de Casación promoviendo un recurso extraordinario para que la Corte Suprema declare el derecho a recurrir” a los condenados que en 1989 atacaron el cuartel militar del Gran Buenos Aires.

El ministro de Justicia admitió que esta medida responde a la “retractación” del bloque de diputados peronistas respecto del “acuerdo” al que había llegado con el gobierno para tratar el proyecto de ley que en el Congreso persigue legítima la revisión de las sentencias contra los miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP).

De la Rúa no pudo precisar el tiempo que tomará a la Corte Suprema en resolver el recurso extraordinario, pero confió en que por la huelga de hambre que cumplen los presos hace 95 días la decisión sea tomada “a la brevedad”.

La nueva alternativa a la que apeló el Poder Ejecutivo consiste en plantear a la Cámara de Casación que eleve a la Corte un recurso extraordinario que la propia Cámara había rechazado con anterioridad.

Si la instancia de apelación llega al máximo tribunal, la Corte tiene la facultad de pronunciarse a favor o en contra.

En caso de que la Cámara de Casación deniegue la elevación del recurso extraordinario solicitado por el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo podría presentarse, esta vez en “queja”, ante la Corte Suprema, que deberá decidir sobre su procedencia.

Paralelamente al recurso extraordinario que promueve el gobierno, el proyecto de ley con el mismo propósito será mantenido por De la Rúa en el Congreso, a pesar de la resistencia parlamentaria a tratarlo, que volvió a quedar en evidencia hoy en la Cámara de Diputados.

El decreto número 1164, firmado por el presidente Fernando de la Rúa con fecha de hoy, instruye al Procurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Marcer, para que se presente en la causa de los presos de La Tablada ante la Sala II de la Cámara de Casación Penal con el objetivo de que “interponga los recursos que fuere menester y realice los actos y diligencias tendientes a obtener los objetivos indicados” en la medida.

En los fundamentos del decreto se destaca que “corresponde la intervención del Estado Nacional en la mencionada causa a fin de obtener, por la vía del recurso extraordinario federal, la revocación de la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal que declaró inadmisible el recurso de revisión reclamado por los condenados.

Al ser consultado sobre el tiempo que podría tomar la Corte Suprema, el ministro De la Rúa respondió que “son plazos judiciales que dependen del tribunal y por la naturaleza de la cuestión es posible que se pronuncie a la brevedad”.

Marcha de la Resistencia

Las Madres de Plaza de Mayo cerraron ayer la edición 20 de la Marcha de la Resistencia, en la que por 24 horas hicieron su tradicional ronda de reclamo de justicia por la represión ilegal y las desapariciones durante la última dictadura militar.

La exigencia de libertad para los presos por el ataque al cuartel de La Tablada en 1989 fue el rasgo que distinguió a la manifestación, que terminó con sendas marchas de la Asociación de Madres que encabeza Hebe de Bonafini y de las Madres Línea Fundadora, presididas por Nora Cortiñas. (Infosic y DyN)

Cronología de la protesta

Estos son los principales hechos que se sucedieron a partir de que los presos decidieron iniciar la medida:

29 de mayo: Los presos de La Tablada iniciaron la primera huelga de hambre, que se extendió por 46 días, en reclamo de que se habilite una doble intancia judicial.

11 de julio: Ocho de los 13 presos por el copamiento del cuartel de La Tablada en huelga de hambre desde hace 44 días fueron trasladados al hospital de la cárcel de Devoto y tres de ellos eran asistidos con suero luego de sufrir una descompensación.

11 de julio: Familiares y amigos de los detenidos por el asalto al cuartel consumado en 1989 se reunieron con el entonces subsecretario de Justicia, Juan Carlos López, y quien en ese momento era secretaria de Políticas Crimiales, Patricia Bullrich, quienes se habían comprometido a “atenderlos de manera adecuada en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal”.

13 de julio: los presos del MTP suspendieron la huelga de hambre, por la promesa de que se iba tratar el 3 de agosto en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para otorgarles la doble instancia judicial, tal como exige la CIDH.

3 de agosto: Fracasó la sesión en la Cámara de Diputados debido a un paro del personal.

5 de septiembre: Debido al incumplimiento por parte de los legisladores y ante la falta de respuesta del gobierno nacional, los presos retomaron la huelga de hambre.

21 de septiembre: Fracasó la sesión de la Cámara Baja luego de que los diputados justicialistas y los de Acción por la República se levantaran de sus bancas con el fin de dejar sin quórum a la Alianza .

20 de octubre: Médicos de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre informaron sobre la gravedad del estado de salud de los presos de La Tablada.

29 de noviembre: El presidente De la Rúa declaró que su posición “es absolutamente contraria” a indultar a los presos.

1 de diciembre: Los militantes del MTP, condenados a prisión perpetua por el copamiento al cuartel de la Tablada pidieron que el presidente De la Rúa firme un indulto o conmute las penas.

4 de diciembre: El letrado Roberto Boico pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia, para evitar “la muerte de los presos de La Tablada” y reclamó que disponga el “cese total del agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención que padecen”. (Télam)


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