Defensas costeras: rocas de mala calidad protegen la región

ROCA (AR).- Mientras los ríos del norte de la Patagonia exhiben en esta época del año su imagen más vigorosa y amenazante para miles de hectáreas productivas de Río Negro, recientes revelaciones científicas ponen en jaque al Departamento Provincial de Aguas. Son las que advierten que los millones de pesos destinados para la construcción de defensas costeras no fueron invertidos correctamente, porque las rocas colocadas a lo largo de todo el Alto Valle y Valle Medio carecen de aptitud para contener efectivamente el avance del agua.

Las conclusiones forman parte de la columna vertebral de una denuncia penal presentada durante los últimos días en la fiscalía 2 y el Juzgado 12 de Roca, donde se acusó al superintendente del DPA, Horacio Collado, y a las autoridades del organismo en el Alto Valle, por incumplimiento de deberes de funcionario público.

El expediente judicial fue iniciado por Teodoro Joubert, un vecino de General Godoy, experto en explosivos con autorización del Renar, que avaló sus conocimientos con informes técnicos de la Universidad Nacional del Comahue para certificar que la roca arenisca distribuida en distintas zonas ribereñas de la región tiene una vida útil efímera.

El dictamen de la Facultad de Ingeniería, al que accedió este diario, es concluyente. A partir de una muestra del material existente en la orilla del río Neuquén, determina que muy lejos están las defensas de cumplir con las normas IRAM 1.525, 1.532 y 1.533, que fijan los parámetros de calidad para este tipo de componentes.

El dato más concreto y palpable es el surgido de la prueba para analizar si las rocas cumplen con la norma IRAM 1.525, para el cual una muestra de dos kilos fue sometida a un ataque con sulfato de sodio, material que se encuentra en el agua.

Según explicaron fuentes de la casa de estudios, las reglas internacionales indican que hay calidad cuando la roca pierde sólo hasta el 15 por ciento de su composición luego del proceso químico. Sin embargo, la piedra analizada en el laboratorio -comprada por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) luego de las licitaciones hechas por el DPA- perdió casi el 95 por ciento de su estructura.

Obviamente, el análisis se realiza en pocos días, con cantidades de sulfato de sodio mucho mayores a las existentes en el agua de los ríos. No obstante, la fuente consultada advirtió que tarde o temprano el resultado será el mismo: la roca se desintegrará. Y obligatoriamente, el

Estado tendrá que pagar de nuevo para defender las tierras productivas aledañas a los cursos de agua.

En tanto, las pruebas aportadas por el denunciante cuentan también con el informe de un geólogo, quien certifica la escasa aptitud de la roca arenisca utilizada en distintos tramos de la costa, ya que proviene de una formación geológica no consolidada.

Hay que advertir que no toda la ribera del río Negro tiene defensas de roca arenisca, sino que en algunos sectores hay otro material, denominado basalto, que sí cumple con las condiciones de seguridad, tal cual indicaron distintas fuentes consultadas.

El ejemplo de las diferencias entre ambas piedras puede advertirse en la zona de Chimpay, más precisamente en el Establecimiento Emelka, donde un costado del inmueble mantiene la estructura sólida pero a escasos metros se acumula algo parecido a escombros.

Ahora bien ¿cuánto se gastó en la construcción de las defensas costeras?

El dato se mantiene por ahora como un secreto bie guardado, pero una aproximación a la magnitud de la inversión puede obtenerse al saber que cada tonelada se paga 40 pesos.

«No tengo el dato preciso, pero sí, estamos hablando de millones», indicó el titular de la AIC y responsable del DPA en el Alto Valle, Federico Carnevalli.

El ingeniero admitió ante «Río Negro» que la roca arenisca no es un material totalmente compacto, pero desacreditó las denuncias asegurando que responden a intereses de empresas que no fueron adjudicadas en las licitaciones.

En este sentido, los proveedores de las rocas también serán materia de investigación en las causas judiciales iniciadas.

Los datos oficiales obtenidos indican que el DPA realizó el año pasado al menos nueve licitaciones para la construcción de las barreras físicas con los ríos. Siete de estos procesos fueron ganados por tres oferentes: Santa Mónica, Nippon Car -de la familia roquense Salem- y el Consorcio de Riego de Villa Regina, Godoy y Chichinales.

Esta última institución es la más comprometida e incluso existe otra causa penal -en el Juzgado 20 de Regina- donde se investiga si su condición de entidad sin fin de lucro le permite constituirse en proveedora del Estado.

El expediente se encuentra en pleno trámite y trascendió que, como medida preventiva, el juez Alberto Cariatore ordenó suspender trabajos que se realizaban en el Alto Valle Este, para evitar que las rocas que pueden constituirse en pruebas para la causa sean arrojadas al agua y se pierda la posibilidad de analizar su composición y aptitud.

Notas asociadas: Intereses de empresas «Un material de muy poca vida útil en obras hidráulicas» Fuera de las normas IRAM

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