«Defienden las cajas sindicales, no a la gente» 

Buenos aires – El pampeano Juan Carlos Passo (UCR), ex empleado de Ferrocarriles Argentinos y licenciado en administración de empresas, preside desde hace unas semanas la comisión del Trabajo de Diputados.

Y estrenó cargo defendiendo la reforma cuyo punto de inflexión, «innegociable», es la descentralización de las negociaciones: si se aprueba, los gremios provinciales no sólo negociarán por empresa; además, se quedarán con el aporte sindical.

Sería el tiro de gracia al poder sindical central, que ya se quedó sin el control de los 360 millones de los aportes a las obras sociales mientras se avecina la fusión de éstas para reducir su número de 250 a unas 50. Este fue el diálogo con «Río Negro»:

– ¿Se lleva bien con los sindicalistas?

– Me llevo bien, pero para que haya 14% de desocupación y destrucción del salario hubo complicidad manifiesta de gran parte del movimiento obrero organizado.

– ¿Por qué cree que no quieren la descentralización?

– Están preocupados porque quien negocia recibe los aportes sindicales, en una actitud más de defensa de las cajas sindicales, que de trabajadores. Descentralizar tiene que ver con las escalas diferentes de la economía argentina. Estaría de acuerdo con una negociación colectiva si tengo el mismo mercado en todo el país.

– ¿Por ejemplo?

– Mendoza, Santa Fe, Córdoba, tienen mercado. La Patagonia, no. Tenemos distintas escalas económicas. En mi provincia, La Pampa, un obrero puede ir a trabajar en 10 minutos en bicicleta, mientras que en la Capital toman hasta tres micros si se vive en el conurbano. Por eso, la visión de la negociación colectiva tiene que respetar las características de las regiones.

– Para Ud. ¿la negociación descentralizada favorece el poder de negociación local, contra lo que dice la CGT?

– Hay una cuestión de desdeño cuando dicen «¡cómo van a negociar los compañeros de Jujuy!». Son peyorativos para los gremialistas del interior. El gremialismo va a una etapa importante, y para esto hay que mirar a los 70.000 dirigentes del interior porque a Daer, Cavalieri, West Ocampo, la gente ya no les cree.

– Le faltó Hugo Moyano.

– Bueno… Moyano coincide con nosotros porque en el convenio colectivo del año 1995 que firmó hay un período de prueba de seis meses.

– Pero ahora está en contra.

– Bueno… ahora es secretario general de la CGT y le deseo suerte. Creo que tuvo una actitud distinta y digna frente a estos dirigentes que nombré porque no se ató a su filiación partidaria —y no condeno a nadie por esto— sino a la defensa obrera.

Confrontó con Menem… y ahora con nosotros porque quiere imprimirle su estilo a la CGT. Los dirigentes que inician esta nueva etapa necesitan credibilidad y saben que la gente vio hasta ahora un permanente acercamiento a los privilegios del poder. Esto invalida que analicen la ley. Es una buena ley porque tiende al empleo estable, da modificaciones interesantes en el período de prueba.

– Pero el período de prueba ¿no implica que a los cinco meses echen al trabajador antes de tomarlo al sexto, pese a que se agregan aportes patronales?

– Dice esto como si al que tuviera seis se le diera un tarro de anchoas, pero no es así. El tema de los aportes es muy importante: son el 50% de lo que cuesta el empleo hoy. Dejará de ser negocio tener un empleado a prueba. El período de prueba será la antesala del trabajo estable; sólo se podrá tomar una persona a prueba una sola vez. ¿Dónde está el que no está hoy en período de prueba?

– En negro.

– Si tiene suerte, porque hay dos millones y medio de desempleados.

– ¿Y cree que al que está en negro lo van a blanquear con la ley?

– No, por eso agregamos un nuevo capítulo que consiste en simplificar la contratación. Para contratar un empleado hay que visitar 21 oficinas con 21 formularios distintos y llenar 600 datos con un costo de 700 millones al año. Ahora va a haber una sola oficina de contratación y un solo formulario y se bajará ese costo burocrático.

– Parecería que con el PJ estaba todo arreglado.

– Estamos dispuestos a dialogar, pero hoy no hay arreglo porque al defender la centralización defienden que el sindicato que negocia en la región o en la provincia no tenga los aportes sindicales. No defienden otra cosa que los aportes. 

«Sos un traidor», le gritó en la reunión del bloque justicialista que se extendió hasta la madruga del jueves el diputado de extracción sindical Alfredo Atanasoff al santafesino Oscar Lamberto, bastonero en temas económicos y defensor de la descentralización sindical. Esto marca hasta qué punto están divididas las aguas en el bloque y hasta qué punto a gobernadores como Carlos Reutemann les conviene discutir más con los gremios locales que con los dirigentes sindicales nacionales.

La UOM, a salvo

El gremio de Lorenzo Miguel, la Unión Obrera metalúrgica, quedaría fuera de los alcances de la ley, indicó Juan Carlos Passo.

Sucede que la UOM es una unión nacional y la decisión de negociar por empresa depende de su secretariado general.

Las grandes afectadas serán las federaciones de sindicatos que al negociarse quedan con el aporte sindical del 2% más un plus, si lo hay.