Definen si la causa sigue o se cierra

Representantes de los senadores nacionales a los que el Ministerio Público pretende someter a juicio por presunto cohecho y el fiscal general Germán Moldes fijarán posturas sobre el escándalo de los sobornos en una audiencia que la Cámara Federal porteña celebrará el próximo martes 27 de marzo.

El destino del expediente podría, en realidad, sellarse ese día a partir del mediodía. Es que, si el fiscal Moldes se abstiene de pedir el procesamiento de los senadores a los que el ahora ex juez Carlos Liporaci benefició con una falta de mérito, entonces la causa quedará archivada.

Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado apelaron, el uno de febrero último, la decisión de Liporaci de dictar la inexistencia de mérito para los once senadores del PJ y la UCR acusados de haber cobrado sobornos para aprobar la ley de reforma laboral.

La acción les valió duras críticas del gobierno de Fernando de la Rúa, y el entonces ministro del Interior, Federico Storani, llegó a calificar a Freiler de «poco serio».

En realidad, los fiscales pidieron a la Cámara que revoque la decisión de Liporaci y ordene el procesamiento, por el delito de cohecho pasivo, de los senadores justicialistas Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell, Angel Pardo, Ricardo Branda y Emilio Cantarero, y del radical Alberto Meneghini.

Y solicitaron al entonces juez la indagatoria del radical José Genoud, del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y del ex titular de la SIDE, Fernando de Santibañes.

Estas medidas fueron ordenadas por Liporaci, pero quedaron postergadas cuando éste renunció a su cargo y el sumario pasó manos de Gabriel Cavallo.

«Existió una negociación paralela, con la participación de Alasino, Genoud, Flamarique, De Santibañes y, eventualmente, la concurrencia no acreditada aún de Enrique Nosiglia», dijeron Freiler y Delgado al referirse al trámite de la nueva ley laboral. Y señalaron que, a su criterio, quedó acreditada la maniobra que describió un libelo anónimo remitido por fax al Senado el año pasado, el cual desató un escándalo que provocó la renuncia de Carlos «Chacho» Alvarez a la vicepresidencia de la Nación.

Ahora Moldes debe decidir si apoya los argumentos de Freiler y Delgado y pide el procesamiento de todos o de algunos de los acusados, o si considera -como Liporaci- que no hay evidencias suficientes para someter a los legisladores a juicio oral por el supuesto reparto de coimas.

Los senadores, a su turno, negarán la existencia de los presuntos sobornos a través de sus abogados, que al igual que el fiscal Moldes fundamentarán su postura en informes «in voce» frente a los jueces de la Cámara Federal.

Moldes deberá valorar la prueba reunida y decidir si sigue o no el razonamiento de los fiscales de primera instancia, quienes dijeron que tanto el ex presidente Alfonsín como su sucesor, Menem, «fracasaron» en sus planes de reforma laboral. La fiscalía sostuvo que en los primeros meses del actual gobierno «actuaban dos representantes políticos del Ejecutivo que encarnaban la necesidad de aprobar la nueva ley laboral: Flamarique, como el operador político debido su cargo de ministro de Trabajo, y Fernando de Santibañes en calidad de representante de los sectores económico financieros liberales…»

En medio de un «panorama político complicado» para el gobierno, los «señores senadores crearon condiciones para generar la desesperación del Poder Ejecutivo», y mientras públicamente se debatía la búsqueda de acuerdo para reformar el régimen laboral, «Alasino, José Genoud (…) Flamarique y De Santibañes mantenían reuniones secretas en las que buscaban un consenso susceptible de apreciación pecuniaria», acusaron los fiscales.

Procesamiento por coimas

BUENOS AIRES- Personal contratado de la cancillería será enjuiciado por presunto cohecho, ya que la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de tres agentes que -durante la gestión del ex ministro Guido Di Tella- habrían aceptado sobornos por parte de una compañía que proveyó servicios informáticos al Palacio San Martín y representaciones diplomáticas en el exterior.

La información fue difundida por fuentes judiciales que precisaron que la sala I de la Cámara confirmó el procesamiento de Mario Miranda, Aldo Rosemberg y Oscar Sznajder, quienes habrían sido contratados por la cancillería en 1993. (DyN)

Durán Sáenz no quiso hablar

LA PLATA- El ex jefe del campo clandestino de detención «El Vesubio», coronel (R) Pedro Alejandro Durán Sáenz, fue ayer al «juicio por la verdad' que se realiza en la Cámara Federal de La Plata, pero, en medio de una catarata de insultos, se negó a declarar alegando que hace 17 años lo hizo «ante la Conadep».

«Me niego a prestar testimonio ante este tribunal habida cuenta que la misma declaración la realicé tiempo atrás ante la Conadep», dijo el militar retirado, de 66 años, antes de recibir una andanada de insultos. Durán Sáenz dijo además que «me voy a acoger a la resolución de la Cámara de Casación Penal del 13 de setiembre de 2000», que exime a los militares de declarar como testigos en los 'juicios por la verdad', aunque el ex jefe castrense fue citado por el tribunal platense a prestar declaración informativa.

Uno de los más impactantes fue el de Elena Alfaro, quien dijo en la Conadep que «eran habituales los abusos a las prisioneras por parte del mayor Durán Sáenz, responsable del campo. En una ocasión, con una prisionera llevó una vida en común, hasta el posterior traslado» de ella.