Demanda millonaria contra el Estado provincial

Gatillo Fácil

Al Estado rionegrino podría llegar a costarle la friolera de entre 1,5 y más de cuatro millones de pesos como consecuencia de un caso de “gatillo fácil” registrado en esta capital. Dejó parapléjico y en silla de ruedas a un joven hace cuatro años atrás.

El desenlace se produjo al anochecer del 30 de marzo de 2010 cuando dos muchachos circulaban por la intersección de las calles 10 y 13 del barrio Lavalle, siendo interceptados por una patrulla.

En ese instante, la víctima -Esteban Navarro de por entonces 19 años- se mostró asustado y salió corriendo hasta que nuevamente lo rodeó un grupo de efectivos que pertenecían a la Brigada Operativa de Rescate y Antitumultos (Bora).

Del vehículo oficial descendieron los policías que comenzaron a dispararle a quemarropa a unos cuatro metros de distancia con postas de goma y proyectiles de plomo, impactando uno de ellos en el joven.

Por el caso, en sede penal, fue condenado a cuatro años de prisión el 24 de agosto de 2012, el uniformado José Barriga.

En la sentencia penal se describió que las lesiones físicas sufridas por Navarro implican “lesión profunda (herida por arma de fuego que comprometió el bazo, hígado, páncreas, abdomen y columna vertebral)” con las secuelas de “paraplejia por lesión medular a nivel de lumbar uno (con imposibilidad de caminar)”.

El abogado querellante del caso estimó ante el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N°1 que los daños y perjuicios rondarían los 4,1 millones de pesos considerando un porcentaje de incapacidad total permanente del 75%, y que su defendido al momento del suceso, se encontraba desempleado.

Una pericia de la Fiscalía de Estado determinó una incapacidad del 42%, por lo que la Comisión de Transacciones Judiciales de la Provincia de Río Negro instruyó al Fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, a iniciar negociaciones para formular una oferta por 1.548.084,19 pesos; según un documento oficial.

Dentro de este proceso, se le encomendó al funcionario a evaluar la conveniencia de que el muchacho reciba atención prestacional por parte del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) tomando en cuenta su condición de discapacidad resultante de los hechos policiales.

Cuando la mencionada comisión evaluó el expediente no incluyó otro tipo de gastos a reconocer en virtud de que se constató de que la familia del joven ya recibió apoyo médico y para la adaptación de la vivienda que fue costeado por el propio Estado.

DeViedma