Demanda millonaria por el contrato con Turbine

ROCA (AR).- La Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) demandó millonariamente al Estado rionegrino y a la empresa Edersa por considerar que el contrato de abastecimiento firmado el 5 de julio de 1996 entre Ersa y Turbine Power Co. es nulo y que todos los usuarios del servicio eléctrico en la provincia deben cobrar el reintegro del «sobreprecio» facturado al día de la fecha.

Invocando la representación de los intereses económicos de todos los usuarios rionegrinos a través de Proconsumer, el contador Carlos Celeste y el abogado Juan Pablo Bohoslavsky llegaron el viernes hasta la cámara civil de Roca. Allí presentaron las 100 páginas que argumentan la demanda, fruto de meses de investigación y preparación, donde realizaron estudios contables, financieros, legales y jurisprudenciales que justifican -según Proconsumer- el reclamo y evidencian los ingentes perjuicios a los usuarios.

Además agregaron variada documentación, en su mayoría documentos públicos.

Por otra parte, los representantes de Proconsumer solicitaron una medida cautelar para beneficiar a todos los usuarios de Río Negro, pretendiendo que Edersa deje de facturar el sobreprecio (que sólo se transfiera hasta el tope del MEM) hasta que recaiga sentencia firme en el proceso judicial iniciado el viernes.

La decisión de la Justicia sobre este pedido llegaría en las próximas horas, ya que los recursos de amparo cuentan generalmente con resoluciones rápidas.

La nulidad que la asociación de defensa del consumidor de carácter nacional halla es en razón de violarse los artículos 1, 14, 16, 17, 33 y 42 de la Constitución Nacional, el 98 de la Constitución Provincial, los artículos 3, 37 y concordantes de la ley nacional 24.240, el artículo 41 inciso c de la ley provincial 2902 y el artículo 41 inciso c del decreto provincial 1.291/95.

Aunque el monto del litigio no pudo ser precisado con exactitud a priori por los demandantes, Celeste y Bohoslavsky informaron que el mismo asciende a 35 millones de pesos (más los intereses del caso) facturados como sobreprecio (por encima del M.E.M.) a los usuarios en los primeros cinco años de vigencia del contrato (desde el 31 de agosto de 1996).

A esto se suman 60 millones más (que incluyen intereses hasta la fecha) en concepto de reducción del valor presente de las acciones al momento de realizar la oferta por la adquisición del paquete accionario de Edersa y otros 120 millones, que se percibirían como sobreprecio en los próximos 15 años (lo que resta de vigencia del contrato entre ERSA, Turbine Power Co. y Edersa).

En tanto, Celeste destacó que la demanda se enmarca «en una política institucional de restablecimiento de la legalidad y la justicia en el mercado energético de Río Negro; siendo el de marras sólo uno de sus puntos críticos».

El PJ insiste en crear una comisión investigadora

VIEDMA (AV)- El Justicialismo volvió a la carga con sus críticas por la privatización de ERSA y frente a la polvareda que está levantando la guerra por el aumento de la tarifa eléctrica, impulsó la creación de una Comisión Investigadora de ese proceso de venta.

El cuerpo especial que se pretende crear se sustenta en «maniobras poco claras» advertidas por el bloque de legisladores, como la venta anticipada de regalías por parte de la provincia -en ese marco- y la absorción del pasivo empresario, que provocó una disminución en 50 millones de dólares en el patrimonio entre 1996 y 2000.

La comisión tendría por objeto analizar todas las etapas de la venta, el contrato de abastecimiento de energía firmado por la provincia con Turbine Power (TP), el proceso de fusión por absorción de Edersa a Sodielec -la firma multinacional que ganó en 90 millones de dólares la licitación pública de privatización- y la actuación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad.

Durante la presentación del proyecto, el presidente de la bancada opositora, Eduardo Rosso, explicó que «en todo este proceso generado por Edersa para aumentar la tarifa tomamos contacto con elementos que hacen a la privatización, que exceden en mucho la investigación del ruinoso contrato con la TP».

Rosso puso como ejemplo el precio del costo de la energía y la propiedad de la TP y apuntó sobre la diferencia en el contrato originario que la provincia suscribió en 1993 y el contrato que luego se firmó bajo la presidencia de Horacio Jouliá. «En el primero el precio a pagar tenía que ser igual al ofrecido a la TP, pero en 1996 se fijan cuadros tarifarios muy superiores al de 1993», indicó. A este convenio lo calificó de «ominoso» porque hoy el precio es un 61% más caro que si se hubiese mantenido el primer contrato. Rosso señaló que el contrato originario establecía que la propiedad de la central de la TP se transfería gratuitamente a Río Negro en 20 años, pero advirtió que «en diciembre de 1996 se eliminó ese derecho».

También observó que «en una decisión insólita, el mismo día de la firma del segundo contrato la provincia compró el 7,5% de las acciones de la TP a un valor de siete millones de pesos».

Larreguy pide por el gas

ROCA (AR).- El diputado nacional electo por Río Negro, Carlos Larreguy, exigirá al defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que intervenga en defensa de los usuarios del servicio de gas en la provincia para evitar que la empresa prestadora facture sin el subsidio la próxima tarifa.

La presentación se hará el martes en Buenos Aires y se fundamenta también en el fallo favorable de la Justicia Federal de Viedma, que ordena a la firma Camuzzi Gas del Sur abstenerse de aplicar la tarifa plana en el cálculo del costo del servicio para cada usuario.

Por otra parte, desde la oficina legislativa de Larreguy convocaron a quienes estén interesados a asesorarse legalmente para la presentación de los recursos de amparo necesarios para evitar el impacto negativo en el precio final del gas.

A través de un comunicado, se informó que los clientes podrán acercarse desde mañana a las 17 en Rodhe 781 de Roca o llamar al 02941-420622.

Los usuarios deberán llegar con fotocopias de las últimas facturas impagas, para luego realizar las presentaciones judiciales correspondientes en los tribunales federales roquenses.