Demandas sospechosas: habla la abogada de Fiscalía

Sandra Bombardieri fue desplazada de la Fiscalía y se la investiga -al igual que a su marido, el subcomisario Sánchez- por su accionar en demandas de policías contra el Estado. Asegura no haber firmado ningún expediente cuestionado. En cambio, cargó contra los responsables de Fiscalía que debían controlar esas demandas. Advirtió que faltaron informes y pruebas.



Sandra Bombardieri es la esposa del subcomisario Francisco “Niki” Sánchez, ex asesor legal de la Policía de Río Negro y, actualmente, investigado por su presunta actuación en la obtención de poderes en favor del estudio jurídico privado de Juan Zalesky y de gestionar para policías las demandas contra el Estado provincial por la implementación de la ley 2.990 (que retuvo haberes para la Caja de Previsión).

Recientemente, Bombardieri fue desplazada de la Fiscalía de Estado por sospechas sobre su accionar en las maniobras investigadas. Ocurre que ella era jefa de Judiciales en gran parte de la tramitación de esos juicios.

No es sencillo precisar montos. Sólo se sabe que el estudio Zalesky habría cobrado de la provincia 2,7 millones de pesos por honorarios de las demandas de 2990. Es cierto que todo no corresponde a expedientes de policías, aunque también no figura en esa estimación el pago directo de los demandantes a sus abogados.

En la última semana, Bombardieri aceptó hablar con “Río Negro”, aludiendo a su situación laboral en la Fiscalía. Pero no quiso hablar de sus honorarios en ese organismo y poco se pudo profundizar sobre las acusaciones a su marido.

Bombardieri recordó que en marzo del año pasado reclamó al fiscal de Estado, Alberto Carosio definiciones frente a los juicios de la 2990. Esas demandas “se debían solucionar urgente porque comenzarían las ejecuciones, con más honorarios y más intereses. Se habló con los abogados para calmarlos y congelar los intereses a febrero. En todo participó el fiscal. Se dictó el decreto 1/04, que establecía firmar rápidamente convenios. Por eso, diseñé un modelo de convenio, con una cláusula en la que los estudios debían devolver si existían diferencias”.

– ¿Por qué deciden que los estudios realicen las liquidaciones?

– La Fiscalía no lo podía hacer con la estructura que disponía. Había que liquidar a 7.000 actores, en 581 expedientes, solicitando información a cada organismo, mientras los estudios tenían los recibos de los empleados. Además, yo no soy contadora y manejaba otros juicios como los grandes de Riomar, Turbine y Canal 10. Los abogados querían cerrar los convenios y el decreto lo permitía.

– ¿El decreto nada dice de las liquidaciones?

– No, pero plantea que los convenios se celebren en forma rápida, incluso aquellos sin sentencia firme. En la Fiscalía demorarían dos años. Pero, yo era jefa de abogados y no podía contratar. En todo caso, eso era facultad del fiscal. También había que resolver la entrega de los bonos (no se contaban físicamente, pero ya se habían pagado ocho cupones mensuales). Cada convenio y liquidación los firmaba el fiscal, que sabía cómo era la situación.

– Usted era jefa de Judiciales. Tenía responsabilidad de control…

– Cada juicio tiene su abogado. En la Fiscalía se manejaban 6.000 causas. Sólo el año pasado, el organismo recibió 1.318 demandas. Los expedientes de Zalesky tenían sus responsables. No firmé un solo convenio ni demanda de Zalesky. ¿Por qué no controlaron los responsables? Por ejemplo, faltaron pedidos de informes a la Jefatura y la etapa de prueba. Eso no puede ser imputable a mí. ¿Qué podría haber hecho mejor yo?

– El mayor análisis sobre sus responsabilidades se generará si a su marido se lo en

cuentra culpable en la obtención de poderes y gestión privada de los juicios de Zalesky.

-¿ Y yo qué tengo que ver? ¿Cuál sería mi responsabilidad?

– Ocupaba -en ese momento- un lugar decisivo en la Fiscalía y, obviamente, usted habría conocido la situación de su marido. Por acción u omisión, su situación se complicaría.

– No entiende. Yo no respondí ninguna acción de Zalesky. No lo hice, porque mi marido era demandante. El modelo de contestación de la ley 2990 la hizo (Eduardo) Martirena, que después sirvió para todas las respuestas de Fiscalía. Por eso, es imposible que yo tuviera incidencia. Además, la cuestión de mi marido es de mi marido. No quiero interferir en la investigación y confío en que no se complicará.

– Los testigos aseguran en el fuero penal y administrativo que Sánchez tramitó todos los poderes para Zalesky.

– Lo niego. Y no voy hablar.

 

 

Adrián Pecollo

pecollowa@yahoo.com.ar

Nota asociada: “Todo lo resolvió el fiscal” Honorarios y patrimonios  

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