Demoras en el nuevo marco regulatorio para las privatizadas

El Justicialismo de la Cámara de Diputados enfrenta dificultades cada vez mayores para cumplir con el objetivo de aprobar antes de fin de año el nuevo marco regulatorio para las empresas privatizadas.

La futura ley que regular a los prestadores de servicios públicos, la materia pendiente más importante del Congreso en la agenda restante del año, define los derechos de los usuarios, fija límites para los aumentos tarifarios, establece multas para las empresas y descuentos para los hogares indigentes.

El oficialismo, por pedido del gobierno, había incluido el proyecto entre los objetivos para el segundo semestre del año, al igual que la creación de la empresa de energía ENARSA y el presupuesto 2005.

Pero las perspectivas juegan en contra de los planes iniciales del PJ. En primer lugar, el volumen de modificaciones en marcha amenazan con extender los tiempos. Los asesores de los diputados justicialistas de las comisiones encargadas de analizar y aprobar el proyecto del gobierno tendrán terminado el primer texto, con modificaciones, en la última semana de octubre.

Luego, la comisión de Obras Públicas tiene el compromiso de enviarlo a la cartera de Planificación para que Efraín Quevedo Mendoza, el principal asesor del ministro Julio De Vido, revise los cambios y emita su veredicto. Recién entonces la propuesta ser abierta a la discusión política en sentido estricto.

Primero será el turno de la bancada justicialista, donde un grupo de legisladores, entre quienes figuran personajes de peso como Graciela Camaño, quieren dar a conocer su propia opinión sobre el contenido.

Pero el compromiso del Justicialismo, surgido de la inquietud que genera el resbaladizo territorio de intereses que atraviesa el marco regulatorio, es acordar un texto definitivo con los radicales que permita llegar al recinto con un nivel de pol,mica acotado.

Cumplir cada uno de los pasos anteriores en los dos meses que restan de sesiones ser, como mínimo, un objetivo complicado de cumplir. De todas formas, las mayores dificultades surgen de la conflictividad que genera la propuesta entre las concesionarias, que desde la llegada del proyecto volcaron toda su presión sobre la cámara baja para eliminar los artículos que consideran arbitrarios.

Las empresas quieren revertir los artículos que prohíben los ajustes automáticos de tarifas, el texto donde expresamente advierte que «no habrá garantía de rentabilidad mínima» y la eliminación taxativa de cualquier tipo de prórroga de las concesiones. La discusión del marco regulatorio, todavía disimulada en una esfera restringida del Congreso, definirá el modelo de servicios públicos de los próximos años y, en principio, ya provocó la interrupción de las negociaciones por los nuevos contratos. El freno abrupto de los acuerdos en marcha es una muestra de la expectativa y la atención abierta en el mercado de las privatizadas frente al texto que gobierno y diputados escriben en el Parlamento.

(DyN)