Denuncia de Canini por incumplimiento de deberes y malversación





NEUQUÉN (AN).- Incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos son las dos acusaciones que figuran en la denuncia que el diputado de UNE, Rodolfo Canini, presentó ayer en la fiscalía general de la provincia para que se investigue por qué se utilizaron partidas del presupuesto de Salud para cubrir un fondo extraordinario que debía aportar la tesorería general al comité de emergencia sanitaria.

La presentación apunta al ministerio de Hacienda conducido por Esther Ruiz, y las autoridades de Salud, el ministro Daniel Vincent y el subsecretario Gustavo Curtino.

El gobernador Jorge Sapag, en cumplimiento de la ley de emergencia sanitaria sancionada el año pasado, firmó un decreto para ordenar el aporte de 20.000.000 de pesos a disponibilidad del comité que la ley creó para que una mesa integrada por miembros del Ejecutivo, el Legislativo, los jefes de zona y las direcciones de los hospitales atacara los aspectos más urgentes de la crisis. Según denunció en su último dictamen el comité, de ese dinero sólo se entregaron 4.000.000 de pesos y, cuando se pidió el resto, desde Hacienda de la provincia respondieron que se debía cubrir con el presupuesto ordinario del ministerio de Salud.

Canini se presentó ayer por la mañana en la fiscalía general para denunciar la situación y pedirle a la Justicia que investigue a los involucrados. Afirmó que la denuncia que «desde el ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos se ordenó a la subsecretaría de Salud hacer frente a los compromisos asumidos durante el 2008 reestructurando partidas asignadas a renglones esenciales como insumos y medicamentos». El argumento es que, además de cubrir con fondos regulares una partida extraordinaria que justamente fue creada para situaciones que excedían las posibilidades habituales de intervención del ministerio, la redistribución de partidas afecta áreas sensibles del sistema, como por ejemplo la compra de medicamentos.

A la subsecretaría de Salud, en el escrito que será derivado a la fiscalía de delitos contra la administración pública, Canini la responsabiliza por «haber procedido a reestructurar partidas presupuestarias originalmente destinadas a medicamentos e insumos generales» para cumplir con órdenes de compra autorizadas por el Comité el año pasado, cuando estas debían ser cubiertas por los fondos destinados por el decreto 1426.


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