Denuncia en la CIDH por un crimen en Cipolletti

La Justicia nunca encontró a los responsables y sólo condenó a un año de prisión en suspenso a una chica que tenía relación con Jorge Ortiz. Alegarán “falta de justicia”.



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Ana Silva, la madre de Jorge Ortiz, y Miriam Cayul, compañera del joven asesinado, en la conferencia de prensa ofrecida ayer

Mauro Pérez

CIPOLLETTI (AC).- La madre de Jorge Luis Ortiz, el joven asesinado en marzo de 2001 en la estación del ferrocarril, denunciará al Estado rionegrino y al argentino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la causa prescribió y el crimen quedó impune. Los familiares del adolescente se quejaron por “la falta de administración de la justicia”. La menor que había mantenido una relación con la víctima fue condenada a un año de prisión en suspenso por homicidio preterintencional. Según los expedientes judiciales, entre las 4 y las 5:30 del 18 de marzo de 2001, la chica de 17 años (que fue condenada) con el concurso premeditado de por lo menos dos personas asesinó a Jorge Ortiz, que tenía 18. El homicidio ocurrió en una de las habitaciones de la ex estación ferroviaria de Cipolletti, a la que habría sido conducido Ortiz por la chica. Una vez en el interior y estando de espalda a la puerta de ingreso, Ortiz fue golpeado en la cabeza con un caño hueco de metal en varias oportunidades, por uno de los cómplices. El adolescente murió tras cuatro días de agonía y las dos personas que acompañaron a la menor nunca fueron identificadas. Según la investigación, la víctima había compartido relaciones esporádicas con la menor condenada. Sin embargo, en ese momento Ortiz había formado pareja con una chica que estaba embarazada y que después tuvo una niña. En 2009, la Cámara Segunda de Roca le impuso la pena de un año de prisión en suspenso a la joven que fue declarada responsable del delito de homicidio preterintencional. Después de varias presentaciones en el Superior Tribunal de Justicia y en la Corte Suprema, la causa regresó a la Cámara Segunda de Roca y allí fue declarada la prescripción. Ahora, Ana Silva, la madre de Jorge Ortiz, pretende llevar el caso a la CIDH y denunciar al Estado por no haber respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el pacto de San José de Costa Rica. La mujer integra la Comisión Antiimpunidad de Cipolletti y ayer comunicó la noticia en una conferencia de prensa. Estuvo acompañada por Miriam Cayul (que es la madre de su nieta), por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco y por otros integrantes de la agrupación de los Familiares del Dolor. Los familiares dejarán constancia de que nunca pudieron ser querellantes en la causa. “Cuando fue condenada, la imputada ya tenía 26 años y estuvo asesorada por dos abogados, en cambio nosotros nunca pudimos acceder al expediente porque ella había sido menor al momento del crimen”, manifestó Ana Silva. “La denominada causa residual tampoco se investigó y ni siquiera se llamó a indagatoria a uno de los cómplices que estuvo ese día en la estación del ferrocarril”, se quejó el abogado.


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