Denuncia federal a los Matas y a funcionarios

ROCA (AR).- Los legisladores justicialistas Carlos Peralta y Martín Soria denunciaron penalmente ante la Justicia Federal a los propietarios de las empresas del grupo Matas por adulteración de productos alimenticios y de marcas y por estafa, y pidieron que se investigue la complicidad del gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, y de los ministros de la Familia y de Salud, Alfredo Pega y Cristina Uría. Estimaron que Jacques Matas, Javier Matas, Juan Manuel Matas, Daniel Fernández -propietarios y gerente de las firmas Flavors y Masily- y los funcionarios habrían participado en la comisión de delitos de adulteración de la leche y de los envases en los que se distribuía ese producto a más de 119 mil estudiantes de la provincia.

Fundaron su presentación en que hallaron en escuelas de la provincia un envase de leche presuntamente elaborada el pasado mes de abril por la firma Deshifood, cuando esa empresa informó al Instituto Nacional de Alimentos que la última vez que vendió y entregó leche en polvo a Flavors para ser distribuida en Río Negro fue el 13 de marzo. ¿Cómo podría existir leche elaborada un mes después de la última entrega?, se preguntaron los legisladores. De ello dedujeron que se está ante una adulteración del envase o una adulteración total del producto contenido en la caja.

Solicitaron que, como primera medida, se allane un depósito de la empresa Flavors en Roca, la planta de fraccionamiento que posee en General Conesa y las sedes de los ministerios de la Salud y Familia en Viedma, a fin de obtener documentos y evidencias respaldatorias de lo denunciado.

La denuncia fue presentada pasadas las 11, en la sede del juzgado Federal a cargo de la doctora María del Carmen García, en San Martín y España de Roca.

Previamente, en una conferencia de prensa, los dirigentes señalaron que la punta de la investigación surgió luego de la medida emanada desde el Instituto Nacional de Alimentos (Inal), que comunicó a través de una resolución el retiro de todas las partidas de leche entera en polvo marcas Leburguet Nutrimas, de la Firma Masily S.A. y Deshifood S.A., elaborada por la empresa de ese mismo nombre.

Tras la resolución, se contactaron telefónicamente con el abogado y representante de Deshifood, Enrique Bacigaluppe, quien aseguró que las últimas entregas realizadas de este alimento datan del 13 de marzo de este año (con fecha de vencimiento el 13 de septiembre), por lo que según los denunciantes difícilmente la leche que se encontraba en circulación actualmente perteneciera a esa empresa.

«Hemos logrado constatar nuevos hechos que dan cuenta ya no sólo de la flagrante adulteración de la leche en polvo, sino también sobre otras conductas típicas a través de las cuales consumaron estafas y violaciones a la Ley 22.362 de Marcas y Patentes. Por este motivo nos hemos presentado ante la Justicia Federal para que se investigue el accionar delictivo de lo que podría constituir una asociación ilícita», indicó el diputado Soria, quien ratificó que existió un fuerte vínculo entre representantes del Poder Ejecutivo y del grupo empresario que lidera Jaques Matas.

«Tal como se lo hacemos saber al juez de la causa, los delitos cometidos por estos empresarios sospechados nunca podrían haberse llevado adelante si no contaban con el respaldo político del propio gobernador Miguel Saiz y de muchos de sus más estrechos colaboradores, como lo son el ministro Pega y la ministra Uría», aseveró Peralta. Como prueba de ello citaron la prórroga de los contratos por dos años, los análisis que hizo Salud Pública indicando siempre que la leche y otros productos eran aptos para el consumo, y las numerosas declaraciones de los funcionarios en defensa de la compañía, hasta que -por el análisis adverso del Inal- debieron rescindir los contratos y excluirlas como proveedores. Consignaron sus previas denuncias de una «vergonzosa sobrecotización» de alimentos provistos y beneficios fiscales que lograron las firmas en estos años por parte de organismos del Estado.