Denuncian a juez que pide detener a Isabel
Lo denuncian por "abuso de autoridad" ante la Magistratura
El juez que ordenó la detención de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y los ex ministros Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf en una causa por desaparecidos, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura nacional por presunto abuso de autoridad y se pidió su remoción, se supo ayer en Tribunales.
La denuncia contra el juez federal de San Rafael Raúl Héctor Actos fue hecha por el abogado José Bibiano Cedrún Gutiérrez, quien acusó al magistrado de buscar «notoriedad» a través de esa causa.
De acuerdo al abogado, quien reclama la remoción de Acosta, el juez habría dispuesto esos arrestos en el marco de «una decisión para la prensa y no para la buena administración de justicia».
La denuncia asevera que las medidas solicitadas por Acosta el pasado jueves llevaban implícito «el deseo (del juez) de adquirir notoriedad» y sirvieron «únicamente como propaganda» para sí mismo.
El abogado también le reprochó a Acosta «un claro desprecio por la prudencia» y cuestionó que las medidas hayan sido solicitadas en base a «la declaración de un represor», algo que -dijo- «no puede merecer demasiado crédito en ningún ciudadano de bien».
El juez Acosta ordenó a la policía establecer los domicilios de la ex presidenta «Isabel» Perón, de los ex ministros de Economía y de Trabajo, Cafiero y Ruckauf, y del ex titular del Senado Italo Luder, entre otros, por su presunta responsabilidad en el secuestro de Héctor Aldo Fagetti, militante de la Juventud Peronista.
Acosta encomendó al gobierno de Mendoza reportar con carácter «urgente» los «domicilios actualizados» de los ex funcionarios acusados y de quienes, junto a ellos, intervinieron en la firma e implementación de los decretos del Poder Ejecutivo 2.770, 2.771 y 2.772 del año 1975.
En el marco del decreto 2.771/75, desde la intervención federal de Mendoza a cargo de Cafiero, se habrían dictado convenios que colocaron a la policía y el sistema penitenciario provincial bajo el control operacional del Consejo de Defensa de la Nación, a los fines, justamente, de ejecutar los decretos 2.770 y 2.772 que disponían «aniquilar la subversión».
El arresto de Fagetti, que se concretó el 25 de febrero del '76, habría sido producto, justamente, de los convenios que dejaron a las fuerzas provinciales a merced de las decisiones de la Nación. (DyN)
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