Denuncian irregular sanción de la ley forestal

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB) – La ley rionegrina que promueve las inversiones forestales fue moldeada por el poder político provincial para favorecer proyectos como el de Río Foyel SA, que hoy está cuestionado en la justicia por el supuesto daño que provocará sobre el bosque nativo. Así lo afirmaron ayer los integrantes de la entidad ambientalista «Comunidad del Limay», quienes no descartaron recurrir a la justicia para denunciar la inconstitucionalidad de la ley.

Esto en razón de que las modificaciones introducidas al texto en la segunda vuelta fueron hechas a pedido de los inversores privados y saltearon los informes que debía emitir el Servicio Forestal Andino, según lo establece la ley 757.

A comienzos del 99 el Congreso nacional había sancionado la ley 25.080 estableciendo múltiples exenciones impositivas y «estabilidad jurídica» por 30 años a las inversiones forestales. El mismo texto invitaba a adherir a las provincias.

La legislatura rionegrina aprobó el 29 de julio de ese año en primera vuelta un proyecto ingresado con las firmas de Guillermo Grossvald y Raúl Mon (MPP) que -sin mayores diferencias- suscribía la norma nacional. Pero cuatro semanas después, el 26 de agosto, el proyecto fue tratado en segunda vuelta y quedó convertido en ley con el número 3.314, aunque el texto no era igual al original.

Había una inclusión clave, el artículo 7, que dejó habilitadas las plantaciones de especies maderables exóticas en las «áreas cubiertas por bosque o matorral de ñire, siempre que los mismos no constituyan bosques protectores o permanentes».

Precisamente el proyecto de Río Foyel propone explotar plantaciones de pinos en un campo de más de 4.000 hectáreas donde previamente deberá desmontar grandes extensiones de ñire, una especie nativa que -según expertos del INTA, Parques Nacionales y la UNC- es esencial para conservar la biodiversidad de los bosques cordilleranos, aún los más degradados. Antes del tratamiento en primera vuelta el proyecto había pasado por tres comisiones de la Legislatura y también fueron pedidas las opiniones de la dirección de Bosques y del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica.

Al revisar en detalle el expediente, los ambientalistas descubrieron que el agregado crucial fue sometido a votación en segunda vuelta sobre tablas y los legisladores le dieron vía libre sin mayores objeciones.

El mismo rastreo le permitió a la CdL comprobar que el ya célebre artículo 7 no fue consultado con ningún organismo afín con la actividad forestal sino que fue propuesto por Luis Pérez Castelli y Francisco Ciarlo, dos ingenieros agrónomos de El Bolsón que habrían intervenido en la operación inmobiliaria por la cual Río Foyel SA compró el campo donde luego pretendió avanzar con su forestación.

Ambos profesionales habían enviado el 27 de julio del 99 un fax a Bautista Mendioroz sugiriéndole modificaciones al proyecto que los legisladores -obedientes- transcribieron en forma fidedigna. La propuesta de los ingenieros pasó a constituir el artículo 7 de la ley aprobada con tan sugestivo apuro. Muchos «lobbystas» envidiarían tanta influencia con tan poco esfuerzo.

Las objeciones de los ambientalistas generaron escozor en la Legislatura. Un colaborador de Mendioroz, Ricardo Cabral, les envió la semana última a los principales dirigentes de la Comunidad del Limay una nota de insólito tono amistoso.

Tratándolos de «estimados amigos» y firmando como «Caio Cabral», actuó como mensajero de Pérez Castelli y Ciarlo para decirles a los ambientalistas que los ingenieros «están dispuestos a reunirse» con ellos y dar su versión del oscuro episodio.

José Gámez, de la CdL, interpretó que «o bien los legisladores no supieron lo que votaban o detrás hubo intereses muy fuertes».

Un desenlace difícil para Río Negro

Más allá de las denuncias de los ambientalistas, sólo el legislador radical Hugo Castañón planteó un intento formal por modificar la cuestionada ley. La modificación impulsada por Castañón apunta dejar a salvo con una nueva redacción del artículo 7 todas las formaciones de vegetación nativa en la zona cordillerana, incluido el ñire arbustivo. Aunque el legislador pertenece al riñón del veranismo hasta ahora no obtuvo apoyo oficial alguno.

Desde hace varios meses el proyecto está cajoneado en comisión y ayer Castañón dijo que el trámite pendiente es un debate que prometieron dar en Bariloche los técnicos de Economía que defienden la ley original.

El conflicto suscitado se ventila también en la justicia, ya que la CdL logró paralizar los trabajos de Río Foyel SA con un recurso de amparo y hace pocas semanas el STJ realizó aquí una audiencia de conciliación para buscar un principio de solución.

El legislador reconoció que «el tema es complicado» . Dijo que el riesgo mayor es que -si cambia las reglas de juego- la provincia deba afrontar un juicio millonario de Río Foyel SA.

Castañón reivindicó el derecho a «definir la política forestal de la provincia desde la Zona Andina» . (AB)

Descubrieron tala clandestina en El Bolsón

EL BOLSON (AEB)- Miembros de la Patrulla Ambiental de Gendarmería Nacional decomisaron una importante cantidad de madera, obtenida ilegalmente, que se encontraba disimulada entre rollizos «acanchados» en Loma del Medio y la reserva forestal del INTA. El producto obtenido fue secuestrado, además de labrar un acta de infracción correspondiente.

El hallazgo lo realizó personal del Escuadrón 35 «El Bolsón» de Gendarmería Nacional que se desempeñan en la denominada Patrulla Ambiental.

Este grupo tiene la tarea de patrullar en motos distintas zonas donde pueden detectarse talas clandestinas de especies arbóreas.

Según se informó desde Gendarmería, se incautaron 28 varillones y postes de ciprés de entre 2,20 y 4,50 metros y 19 rollizos de pino insigne de entre 4 y 15 metros de longitud, los que no tenían marca de ningún tipo. La Dirección Provincial de Bosques obliga a marcar los árboles autorizados para el corte con un martillo especial que está en poder de empleados del Servicio Forestal Andino.

Disimulados

El producto de la tala clandestina estaba confundido entre madera previamente verificada, por lo que se buscó al propietario, quien no pudo justificar los cortes ilegales.

La madera fue encontrada en el campo forestal «General San Martín» del INTA, la reserva forestal «Loma del Medio» y la reserva «Rinconada de Nahuelpan», sectores donde los gendarmes recorren en forma habitual con motos para evitar este tipo de ilícito.

Desde su creación, la patrulla ambiental de gendarmería, ha intervenido en distintos hechos, como derrames de agroquímicos en cursos de agua de la región o el vertido de pintura asfáltica en un arroyo de la localidad.

SANTIAGO DE CHILE (EFE).- Los altos índices de contaminación del aire que aquejan a Santiago desde el pasado fin de semana obligaron ayer a las autoridades de la capital chilena a decretar la emergencia ambiental para las próximas 24 horas.

La medida, que será aplicada por tercera vez en el año y por primera vez en un día laboral, restringe la circulación de 113.000 vehículos catalíticos y 85.000 convencionales, con el fin de regular el tráfico automovilístico de Santiago.

«La restricción de vehículos se aplicará también a algunos microbuses interurbanos», señaló el intendente de la ciudad, Sergio Galilea.

El funcionario explicó que la emergencia ambiental también incluye la prohibición de funcionamiento por un plazo de veinticuatro horas de 517 fuentes fijas de contaminación (industrias).