Denuncian irregularidades en concurso judicial

CONTROVERSIA

El proceso iniciado en 2013 por el poder Judicial para cubrir vacantes de mayordomía y administración en Bariloche y El Bolsón fue puesto bajo la lupa por una de las aspirantes que detectó gruesas irregularidades en la evaluación e impulsó una denuncia penal.

La presentación quedó radicada en Viedma donde personal la damnificada realizó una denuncia administrativa previa ante el área de Recursos Humanos, que le retaceó las copias del expediente solicitadas para conocer los resultados de la compulsa.

El legislador del FpV, Roberto Vargas, aseguró a “DeBariloche” que “se manipularon y modificaron las calificaciones de varios concursantes, alterando las condiciones objetivas de valoración y puntuación del curriculum vitae, e incluso se asignaron puntuaciones por entrevistas que no se tomaron”.

El expediente administrativo RH-13-0181 se inició en 2013 convocando a concurso para contratar personal de mayordomía y maestranza en El Bolsón, donde se presentaron 44 aspirantes, y sumó la categoría de administración en esta ciudad, que reunió a 1600 interesados para cubrir las escasa vacantes en juego.

Las evaluación demandaron varios turnos de exámenes y entrevistas que se extendieron a lo largo de 2014. Al término de la evaluación personal de Recursos Humanos del Poder Judicial, con asiento en la capital provincial, advirtió alteraciones entre la puntuación asignada por el área a los currículum vitae y la asentada en las planillas definitivas.

Vargas confió que el jefe de área Ezequiel Vinci no permitió la realización de copias del expediente y que de la lectura realizada en el escritorio de mesa de entrada detectaron algunas irregularidades. “Se observan resultados extraños, donde la suma de 7 puntos en antecedentes y 5 puntos en la entrevista personal, le permite a un postulante obtener 14.5 como puntuación final”, detalló.

El parlamentario aseguró que la situación fue puesta en conocimiento de los jueces del Superior Tribunal, Sergio Barotto y Adriana Zaratiegui, solicitando una investigación administrativa que no se realizó, y que la damnificada impulsó la denuncia penal que fue desestimada por el fiscal Hernán Trejo.

“Trejo consultó al departamento denunciado sobre la comisión de un ilícito penal y como le dijeron que todo se realizó conforme al procedimiento él “infiere” que está todo bien. Lo que más me chocó del dictamen es que todo su argumento es lo que le dijo Recursos Humanos”, enfatizó.

La damnificada, con el apoyo del legislador, presentó un recurso ante la Cámara Criminal para que se revise la decisión penal de no promover acción penal que, pro subrogancia, podría recaer en el funcionario cuestionado. “Espero que al menos se excuse”, dijo Vargas quien valoró que su intervención fue “como poner al zorro a controlar a las gallinas y preguntarle si sabe que ocurrió con las que faltan”.

El legislador consideró que “Queda en claro la desprotección de los ciudadanos cuando se debe accionar contra el mismo poder judicial, pues no solo que el STJ en conocimiento del hecho no tomó cartas en el asunto, sino que una vez hecha la denuncia penal, el fiscal encargado de la investigación en representación del estado rionegrino no cumplió con su función”.

DeBariloche