Denuncian la toma de tierras fiscales

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Instituto Municipal de Tierra y Vivienda intercedió ante la constructora Mocciola por los casi 200 ocupantes que tomaron las tierras del barrio San Francisco IV, mientras que denunció ante la fiscalía de turno la toma de tierras fiscales ubicadas a pocas cuadras de ese lugar. El presidente del Imtvhs, Gustavo Gennuso, explicó a “Río Negro” que “se hizo la denuncia porque es un patrimonio municipal que estaba destinado a resolver la situación de otras familias”, pero aclaró que el objetivo del gobierno es generar soluciones alternativas que desalienten la proliferación de tomas en la ciudad. La parcela ubicada sobre Habana cuenta con un planteo urbanístico que la fracciona en 80 lotes destinados a familias del barrio INTA. La mediación intentada con la empresa constructora, que ya judicializó la ocupación, dejó abierto un canal de diálogo pero no consiguió mayores entendimientos hasta el momento. En la fracción de unos 90.000 m2, ubicada entre las calles Monteverde y San Pablo, se instalaron dos grupos aunque por el momento hay pocas familias viviendo en el lugar. Entre las múltiples gestiones desplegadas por el Imtvhs para encarrilar la emergencia habitacional heredada, Gennuso destacó el acuerdo alcanzado entre el IPPV, la mutual Judicial Bariloche y la constructora Alusa para anticipar la conclusión y entrega de las 44 casas sociales que se construyen en el Oeste de la ciudad. El plan de viviendas tiene un plazo de ejecución de 30 meses que se prolongó en el tiempo por las sucesivas vedas climáticas y contaba con plazo de entrega para julio-setiembre.. En representación de Alusa, Pablo Enevoldsen, informó al Imtvhs y a los adjudicatarios que la empresa se compromete a reducir los plazos de entrega de setiembre a la primera quincena de abril y aseguró que “ésta es la primera vez que damos una fecha de entrega concreta”. Las 44 viviendas de la mutual Amujuba, ubicadas al oeste del barrio Casa de Piedra, están en una etapa avanzada de ejecución pero aún restan trabajos de instalaciones de agua, gas y terminaciones exteriores. En paralelo se acordó avanzar con la documentación que deben presentar los adjudicatarios para acceder a las viviendas, mientras que Gennuso y la delegada de la Secretaría de Desarrollo Humano, Gabriela Letton, se ofrecieron como mediadores ante los locatarios de los judiciales para evitar desalojos.

La toma del barrio San Francisco fue denunciada por el municipio.