Denuncian penalmente a las autoridades del Ipross

Lo hizo la hija de una afiliada que necesita cuidadores domiciliarios. El organismo modificó el régimen de cobertura.





Obra Social

La hija de una afiliada a la obra social rionegrina denunció penalmente a las autoridades del Ipross porque unilateralmente y sin notificar a la familia modificó el régimen de cobertura mediante cuidadores domiciliarios asignados a la mujer mayor que se encuentra postrada en silla de ruedas y requiere de asistencia casi permanente.

La hija de la paciente realizó trámites para resolver el problema desde mediados del año pasado, cuando se anotició de la situación. Sin embargo, como única respuesta y sin nada por escrito el Ipross le informó que una auditoría médica, a partir de una nueva resolución -a la cual los familiares de la paciente no pudieron acceder- determinó que correspondía sólo diez horas de cobertura, a distribuir diariamente.

La complicación surge ya que la mujer tenía hasta hace un año dos turnos de ocho horas, que es lo que ahora la hija de la mujer exige que le sea restituido.

Además, el reclamo apunta a conocer la normativa vigente actualmente, que sostendría la decisión de la obra social de limitar la cobertura, para poder instrumentar alguna estrategia recursiva.

Nilda, hija de Mavel Tagliani, se presentó esta semana en la Fiscalía Penal para radicar una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona contra funcionarios del Ipross del área de Rehabilitación, los representantes gubernamentales en el Consejo de Administración y los que corresponda, ya que según explicó “su madre hace cinco años tramitó una cuidadora diurna”, pero que debido al avance de la enfermedad, y por requerimiento médico, desde hace cerca de un año tramita un acompañante nocturno.

Sostuvo en la sede judicial que nunca tuvo acceso a esa prestación y que “hace aproximadamente 6 meses de manera unilateral y sin fundamento decidieron suspender la cobertura del servicio diario”.

Agregó en su presentación que no se le notificó a la damnificada ni a ningún familiar tal decisión y tampoco se entregó la resolución respaldatoria.

En estos seis meses tanto la denunciante como su hijo y su hermano han llevado adelante varios trámites y gestiones pero no pudieron resolver la situación ante lo cual decidieron radicar una denuncia penal.

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