Denuncian que Ipross desalienta nuevas inversiones

ROCA (AR).- La resolución de la Junta de Administración del Ipross que prevé la elaboración de un Mapa Sanitario y la conformación de un comité asesor en Tecnología Médica para evaluar las prestaciones de alta complejidad para los afiliados, volvió a generar ayer una nueva polémica.

Denunciaron que la obra social provincial intenta desalentar la instalación de centros de alta complejidad, como los que atienden las cuestiones cardiovasculares..

Los representantes del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas calificaron la resolución como “sospechosa” y expusieron su reclamo ante la ministra de Salud, Cristina Uría, a quien alertaron sobre los perjuicios que puede acarrear la puesta en marcha de un control de estas características.

El médico Alfredo Bravo y el abogado Rubén de Benedetto, evaluaron ayer los alcances de la resolución 252 (de abril de 2010) en una conferencia de prensa que fue organizada por la Federación de Clínicas (Feclir) aunque ninguno de sus dirigentes estuvo en la mesa. Explicó que esta medida va a contramano del concepto de salud porque pretende regular el funcionamiento de los centros de alta complejidad, cuando en realidad debe ser el propio paciente el que debe elegir cuál le puede resultar más conveniente. “La resolución trata de desalentar la instalación de servicios que atienden la patología cardiovascular de alta complejidad que es una de las primeras causas de muerte en el mundo”, dijo Bravo.

Agregó que el Ipross no puede “desalentar” la atención de un infarto y concentrarlo en una gran ciudad porque el resto de la provincia quedará sin ningún tipo de asistencia. En la región, por ejemplo, existen seis centros médicos dedicados puntualmente a la atención de pacientes cardiovasculares y aseguró que de confirmarse esta resolución sólo quedaría un prestador para la provincia de Río Negro y Neuquén. “Habrá que ver entonces quién es el elegido y qué pasará con el resto”, dijo Bravo, quien alertó que esta medida va en perjuicio de toda una comunidad.

La resolución del Ipross considera que las prestaciones de alta complejidad han registrado un crecimiento geométrico en los últimos años. Y que existe una gran desproporción entre la oferta de algunos servicios y los estándares habituales de comunidades similares. “Se hace necesario desalentar la instalación de servicios en los que existe sobre abundancia de tecnología y por otro lado, estimular el desarrollo de aquellos carentes en relación con las necesidades sanitarias regionales”.

La resolución establece un plazo de 180 días para que en coordinación con el Ministerio de Salud se elabore un mapa sanitario y la conformación de un Comité Asesor de Tecnología médica que deberá recomendar los niveles de tecnología para cada región en base a las necesidades que surjan a través de ese mapa.

También suspende la incorporación de nuevos prestadores de todos los niveles tanto médicos como tecnológicos. En su artículo tercero establece niveles mínimos de tecnología a los que deberán ajustarse.