Denuncian robo de bebés en Córdoba

El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba inició ayer una investigación administrativa a fin de esclarecer las denuncias sobre presuntos robos de recién nacidos en el Hospital Domingo Funes, del Valle de Punilla. Así lo confirmó la asesora legal de la cartera sanitaria, Laura Echenique, quien aclaró que la medida no se contrapone con las actuaciones judiciales en ese mismo sentido.

La denuncia fue radicada por el abogado Víctor Ricci, quien en declaraciones radiales se presentó como letrado querellante de dos familias afectadas. Ricci alertó que «existe una organización que trabaja en forma sistemática en la desaparición con vida de bebés para su inmediata venta», e involucró en ese delito a «unos 20 médicos y enfermeras» del centro asistencial ubicado en las proximidades de la ciudad de Cosquín.

Echenique anticipó que «se han puesto a disposición de la Fiscalía General de la provincial todos los registros del hospital y demás antecedentes, a la vez que se le ha hecho saber a su titular la predisposición para colaborar en el esclarecimiento de lo denunciado». Tras revelar que la noticia «causó sorpresa» en el ámbito ministerial, la funcionaria aseguró que «nunca habíamos recibido presentación alguna sobre este delicado caso, que según la denuncia, se habría producido».

Ricci explicó que «la organización (dedicada al presunto robo de bebés) actúa en madres de escasos recursos, de gente pobre que no tiene mayor asesoramiento médico y jurídico». El abogado precisó que su accionar «está afectando a miles de ciudadanos» y que la presunta banda opera en «todo el Valle de Punilla, con cobertura judicial y científica del CEPROCOR».

El CEPROCOR es un organismo oficial dependiente de la Agencia Córdoba Ciencia dedicado a la investigación y el desarrollo de tecnología y prestar servicios de laboratorio. Ricci afirmó que en ese supuesto delito «están implicados más de 20 médicos y enfermeras y el titular del CEPROCOR». Asimismo, explicó que el laboratorio oficial habría realizado análisis de ADN sobre cadáveres de bebés colocados previamente en formol, cuando en realidad está contraindicada la utilización de ese químico en los estudios de huellas genéticas. Ricci dijo que «están judicializados 37 casos» de supuesta desaparición de bebés, aunque solamente «por ahora hay dos familias como particulares querellantes».