Tarifazo: eliminan requisito para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad no deberán presentar un certificado médico que justifique el acceso a la tarifa social del gas. El Enargás dejó sin efecto esta solicitud y la resolución ya fue publicada en el Boletín Oficial.

En la oficina Camuzzi Gas del Sur, se exigía a las personas con discapacidad que querían acceder a la tarifa social contar con el certificado médico de un especialista perteneciente a una institución pública o privada que “acreditara que la discapacidad requería un mayor consumo del servicio de gas”.

“Ese requisito es ilegal y claramente atentatorio de los derechos de las personas con discapacidad, a quienes les agregan un requisito aún mayor que el exigido a los demás beneficiarios de la tarifa social, dificultando así la posibilidad de acceder al beneficio”, remarcó la defensora del Pueblo de Bariloche, Andrea Galaverna, que de inmediato, envió una carta documento al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, al titular del Enargás, Oscar Ciuffo, y al delegado local de Camuzzi, Roberto Bianchini.

Con la nueva resolución del Enargás, las personas deberán presentar simplemente el certificado de discapacidad, la copia de la boleta y el documento nacional de identidad. Galaverna explicó que “si la persona no tiene el medidor a su nombre, como por ejemplo los niños, sólo deberán demostrar el vínculo con el titular del medidor para realizar el trámite de la tarifa social”.

“Estamos muy contentos con este logro porque le pusimos mucho ímpetu para que pudiera destrabarse. Le dimos incluso participación a la Defensoría del Pueblo de Nación”, aclaró Galaverna quien además, remarcó que en la última asamblea de vecinos se cuestionó el aumento del 400% de las tarifas. “También resulta inabordable por el promedio del ingreso de la gente en nuestra localidad y los costos extras que tenemos. Veremos qué acciones seguimos”, dijo.

Denuncian tratos discriminatorios en la tarifa social

La Defensoría del Pueblo denunció tratos discriminatorios a personas con discapacidad que buscan acceder a la tarifa social. Es que, además de la presentación de certificados médicos, la empresa solicita un aval en el que se justifique el requerimiento de gas.

“Los mandan desde Camuzzi al hospital a pedir un certificado médico. Es arbitrario, ilegal y atenta contra las personas”, dijo la defensora Andrea Galaverna acerca de un situación que se transformó en una constante en las últimas semanas.

Galaverna explicó que se remitieron cartas documento a la empresa, al Enargas y al Ministerio de Energía de la Nación, con el objetivo de obtener mayor información acerca de la obligatoriedad del nuevo requisito.

“Dista mucho que un médico diga cuántos metros cúbicos necesita un paciente”, opinó sobre una de las irregularidades detectadas. También advirtió que la prestadora no informó correctamente sobre las nuevas tarifas, ni los trámites a realizar, a pesar de que formaban parte de sus obligaciones definidas por resolución del Enargas.

Los jubilados también encontraron inconvenientes. Galaverna alertó sobre “cierto grado de maltrato” por parte del personal de Camuzzi, quienes dirigen todas las consultas al sitio web de la empresa.

“Está bien para la gente que tiene correo electrónico”, entendió aunque hizo una salvedad por aquellos usuarios que no poseen computadora. “Nos encontramos con una brecha enorme”, dijo sobre un procedimiento que -sugirió- “desalienta” el acceso al beneficio.

La defensora hizo hincapié en que los jubilados viven una situación “desesperante”, reveló que en algunos casos deben pagar hasta 1.800 pesos de gas y reclamó una resolución política: “nos dan tres meses de respiro y nada más”, se quejó y adelantó que en el transcurso de esta semana Camuzzi deberá brindar una respuesta a la resolución judicial que volvió las tarifas al 31 de marzo.