Depósitos menores a u$s 70.000 no se pesifican

La Cámara en lo Contencioso Administrativo volvió ayer a ratificar que los depósitos inferiores a los 70 mil dólares no están alcanzados por el aval brindado por la Corte Suprema de Justicia a la pesificación.

La Sala V de la Cámara, con las firmas de los jueces Pablo Gallegos Fedriani y Luis Otero, sostuvo que el fallo de la Corte que convalidó la pesificación es «inaplicable» en el caso de un ahorrista mayor de 70 años que tenía un depósito por 48.289 dólares.

Es el segundo pronunciamiento de esta Cámara en el cual se desconoce el alcance de la acordada de la Corte.

Los camaristas estimaron que el «fallo Bustos» de la Corte Suprema de Justicia, que decretó la constitucionalidad de la pesificación, no se ajusta al caso analizado.

«Esta sala ha tenido ya oportunidad de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del bloque de legalidad» del decreto 1.570/01 que instauró el corralito, la ley de emergencia económica 25.561 y decreto 214/02 de pesificación, recordaron los jueces.

Para los camaristas, esas normas «implicaron la imposibilidad por parte de los ahorristas y depositantes del sistema financiero de disponer libremente de sus acreencias».

Además, la sala resolvió que el ahorrista tiene derecho a recuperar la diferencia entre los retiros parciales a la cotización 1,40 más CER y el dólar libre, pues su «caso encuadra dentro de las excepciones prevista por ley», ya que se trata de un mayor de 70 años.

Con esta decisión, la Cámara sumó otro ingrediente a una discusión sobre la cual la Corte todavía no se expidió, y que está vinculada con el caso específico de las colocaciones originalmente inferior a los 70 mil dólares.

Esta discusión se desató a partir del voto del ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, quien trazó -aún con carácter provisional- una línea de corte de 70.000 dólares para la devolución en divisa estadounidense o en pesos de los depósitos atrapados en el sistema bancario.

La pesificación fue una medida de excepción dispuesta por el gobierno de Eduardo Duhalde en el marco de la crisis económica y social que soportó la Argentina en el 2002.

Esa polémica medida tuvo como antecedente la imposición de un «corralito» financiero por parte del ministro Domingo Cavallo, durante las semanas finales del fallido gobierno aliancista de Fernando de la Rúa en el 2001. (Télam)