Derecho a la verdad para Leoni Duquet



POR MARTIN LOZADA

Especial para “Río Negro”

Finalmente llegó la verdad para la religiosa francesa secuestrada el 10 de diciembre de 1977. Su cuerpo, sepultado como NN durante 28 años en el cementerio de General Lavalle, fue recientemente identificado gracias a las tareas desarrolladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Leoni Duquet pertenecía a la congregación de las Hermanas de las Misiones Extranjeras. Llegó a Buenos Aires en 1949 y era catequista en el colegio Sagrado Corazón, en Morón. También colaboraba en la capilla de su barrio, San Pablo. Antes había recorrido el interior del país y trabajado con comunidades indígenas y campesinas.

Su secuestro se produjo dos días después de que la Marina se llevara a un grupo de familiares de desaparecidos y a la también monja francesa Alice Domon de la puerta de la iglesia de Santa Cruz, donde estaban reunidos para preparar una solicitada que saldría en el diario “La Nación”.

Hoy sabemos que todas ellas fueron apresadas a partir de un operativo de infiltración realizado por el marino Alfredo Astiz, que se hizo pasar por el hermano de un desaparecido para acercarse a las Madres.

El paso de las monjas por la Escuela de Mecánica de la Armada está documentado por numerosos testimonios de sobrevivientes de ese centro clandestino de detención. El cadáver de Duquet, sin embargo, fue semanas más tarde encontrado en las costas de San Bernardo y Santa Teresita.

El análisis antropológico forense practicado sobre sus restos determinó que la causa de las fracturas que tenía en sus huesos largos era compatible con las que es habitual observar como producto de la caída de un cuerpo desde cierta altura y su impacto contra un elemento sólido. Lo cual permitió confirmar que la mujer fue arrojada al mar desde uno de los “vuelos de la muerte”.

A esta altura es sabido que la prevención de los crímenes contra la humanidad tiene un punto de partida con la revelación y el reconocimiento de las atrocidades ocurridas en el pasado. De modo tal que dicho conocimiento resulta indispensable para que una sociedad logre potenciar su capacidad preventiva y obstaculizar así la repetición criminal.

Esa revelación y reconocimiento han adquirido el rango de derecho a través de una manifiesta jerarquización en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Concretamente, en nuestro ámbito regional ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que lo ha desarrollado en todos sus términos.

En ese sentido, la CIDH ha señalado en repetidas sentencias que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de las víctimas o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Se trata, además, de una medida de reparación y, por lo tanto, de una expectativa que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo. A punto tal que sólo si se esclarecen todas las circunstancias de las violaciones de que se trata se podrá considerar que el Estado ha proporcionado a la víctima y a sus familiares un recurso efectivo y ha cumplido con su obligación general de investigar.

En el caso de las personas desaparecidas comprende el derecho de los familiares de la víctima de conocer lo sucedido a ésta y, en lo posible, dónde se encuentran sus restos mortales.

La identificación de la monja francesa se produjo meses después de la visita del psicólogo Mauricio Gaborit a Buenos Aires. De vasta experiencia en el trabajo con víctimas de violaciones a los derechos humanos, Gaborit reconoció que “debe privilegiarse, como forma de reconstrucción del tejido social, la historia de las víctimas”. Se trata de una memoria dolorosa, aunque imprescindible para la verdad y la no repetición.


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