Derechos humanos



Ciudad generosa si las hay esta General Roca.

No le cabe otro calificativo al sitio que por tercera vez en menos de una década le dará la oportunidad concreta al gobierno provincial de decir “solucionamos la crisis en la alcaidía de Roca”.

Repasemos.

Agosto de 1995: La Cámara Tercera con asiento en esta ciudad ordena al Poder Ejecutivo poner de inmediato en condiciones la cárcel de encausados, haciendo lugar a la acción de amparo interpuesta por el entonces defensor del Pueblo de la Nación, Jorge Maiorano. La crónica de aquellos días indica que el funcionario y la justicia -con su fallo a favor- habían comprobado la existencia de graves y repetidas violaciones a los derechos humanos dentro de la unidad de detención ubicada al norte de la ciudad.

El plazo otorgado en esa oportunidad para iniciar las modificaciones era de 30 días, es decir que para fines de setiembre de 1995 la imagen de la alcaidía debía ser lo más parecida a un espacio digno para habitar. Todo bajo apercibimiento de dejar en libertad o detención domiciliaria a los 186 internos.

Junio de 2001: El Superior Tribunal de Justicia intima al Ejecutivo a realizar mejoras urgentes en la cárcel roquense, imponiendo un plazo de 180 días para aprobar un programa técnico y de inversión, y otro de dos años para la creación del Servicio Penitenciario Provincial.

La decisión fue adoptada a partir del mandamus que un mes antes había elevado el Colegio de Abogados de Roca, entendiendo que el gobierno no cumplía con su responsabilidad de velar por la seguridad dignidad de los privados de la libertad, además de no respetar el artículo 23 de la Constitución Provincial que otorga a las cárceles el sentido de promover la reinserción social de los detenidos.

Y así, como en un juego donde uno pone cara de enojado cada tanto y otro suma dos ladrillos a lo ya construido para distender relaciones, se llegó a un tercer mandamiento, en setiembre de 2004. Todo porque en el medio no hubo soluciones de fondo, nadie exigió sin contemplaciones el respeto a las órdenes dictadas y se sumaron 250 presos a la cifra de 1995, que terminaron amontonados en el mismo escenario de siempre.

Lo único que cambió ahora es que el reclamo de poner fin a los abusos contra los presos es de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y lo hizo dejando de lado los simples llamados de atención: mediante una carta documento aseguró que denunciaría el caso ante la ONU y no hablando de lo que sucede en Roca o Río Negro, sino en Argentina. En síntesis, mostró una pesada cruz y preguntó al gobernador Miguel Saiz si estaba dispuesta a cargarla sobre su espalda.

El problema es que en esta provincia los sucesivos gobiernos radicales han dado pruebas suficientes para ratificar que no los conmueve ninguna cruz y por eso no es recomendable regar de expectativas a la gestión del organismo internacional.

Un hecho concreto avala la hipótesis pesimista: el informe enviado al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, tras la llegada a Roca de dos asesores del funcionario durante la semana pasada.

De acuerdo a la transcripción realizada por la Secretaría de Medios, el plan para mejorar la situación de los presos tiene su base en las mejoras edilicias, a partir de ampliaciones o nuevas construcciones en distintos puntos de la provincia.

¿Y el trato entre la policía y los presos? El gobierno puede inaugurar 20 cárceles si quiere, pero si no consigue que cesen las denuncias por maltratos nunca dará un corte definitivo al problema.

Aquí confluyen varios factores: el conocido “castigo” que significa para muchos policías trabajar en la alcaidía de Roca, los sueldos bajos, la falta de medios, escasa capacitación. Si a eso sumamos que el trato cotidiano es con internos cuya mayoría tiene características violentas en su personalidad, el destino inevitable es el enfrentamiento. Y en esa disputa, los “palos” de la policía más de una vez someten a los derechos humanos.

En fin, las fojas con la historia reciente de la alcaidía no permiten exhibir lauros al Poder Ejecutivo, pero la chance de marcar diferencias con anteriores administraciones está latente.

De esa decisión depende que los roquenses cuenten a la cárcel como un espacio serio, donde se evite la posterior salida de delincuentes perfeccionados, o la incluyan en la larga lista de asuntos pendientes que el gobierno provincial mantiene en la ciudad.

 

 

Hugo Alonso halonso@rionegro.com.ar


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