Derogarán las leyes de amnistía
La Corte Suprema declarará inconstitucionales las leyes de amnistía que permitieron exculpar a más de un millar de militares acusados de terrorismo de Estado durante la dictadura (1976-1983), reveló anoche una alta fuente judicial a la agencia francesa AFP.
«Hay por lo menos cinco de los nueves jueces (de la Corte), el mínimo necesario para emitir un dictamen, que están a favor de declarar la inconstitucionalidad de las leyes», denominadas de Punto Final y Obediencia Debida, dijo la fuente.
Ambas normas fueron sancionadas por el Congreso entre 1986 y 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), bajo la presión y la amenaza de las revueltas y rebeliones militares que estallaron en los cuarteles en aquellos días.
«Es posible que el fallo salga antes de mediados de julio (cuando hay un receso judicial de dos semanas)», dijo la fuente.
Las dos leyes habían sido derogadas por el Parlamento en agosto de 2003, pero para dar renovado impulso al enjuiciamiento de los acusados de gravísimas violaciones a los derechos humanos hacía falta la luz verde de la Corte.
Righi ya dio la señal
El procurador general (fiscal de Estado) Esteban Righi había dictaminado este mes la inconstitucionalidad de ambas normas, de la misma forma que lo había hecho su antecesor en el cargo, Nicolás Becerra.
Otra fuente judicial indicó que «es suficiente que la Corte resuelva sobre uno de los casos que están a la espera de sentencia para que los juicios contra represores, que están trabados por el planteo de las defensas, tomen un nuevo y definitivo impulso».
En distintos juzgados del país hay un centenar de militares detenidos, en cuarteles o en domicilios si son mayores de 70 años, por los delitos de secuestro y torturas, delitos de lesa humanidad que no prescriben.
También existen planteos en tribunales inferiores contra la validez de la anulación de las leyes por el Congreso, pero una declaración de inconstitucionalidad tornaría abstracta esta cuestión.
En Argentina se produjeron unas 30.000 desapariciones de personas, según organismos humanitarios, en tanto se calcula que decenas de miles de prisioneros políticos y disidentes fueron recluidos y torturados en unos 500 centros clandestinos de detención durante el régimen militar.
El ministro de Defensa Horacio Jaunarena afirmó ayer que si la Corte Suprema llegara a decretar la invalidez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, como trascendió que ocurrirá, se van a reabrir causas y se producirán citaciones contra ex represores de la última dictadura. (DyN y Télam)
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