Desaparecieron las tragamonedas inhabilitadas

Empresas vinculadas

(Infograma)

VIEDMA (AV)- El casino de Viedma fue nuevamente allanado ayer.

El juez penal Jorge Bustamante ordenó la medida luego de que «Río Negro» reveló ayer que se llevaron varias máquinas tragamonedas de esta capital con destino a Entre Ríos, con el objeto de equipar un casino del hermano de Alfredo Yabrán en Guleguaychú, y que esas máquinas podían ser las que estaban embargadas.

Efectivamente fue así. No sólo no estaban las máquinas secuestradas. Tampoco estaba Hugo Arbanás, responsable de las tragamonedas como depositario judicial.

Lo único que se sabe de él es que hace dos o tres meses que no reside en Viedma. Era gerente del casino, por lo menos, hasta enero de este año cuando fue designado como depositario.

Ahora lo reemplaza una persona de apellido Leiva, quien dependía de Arbanás, no obstante lo cual habría señalado desconocer el destino de las máquinas y del ex gerente.

Ayer el juez Bustamante ordenó la captura de Arbanás.

Bustamante había ordenado hace unos días que se constatara si las máquinas -que estaban inhabilitadas en el marco de una investigación judicial por una presunta deuda por la compra de ellas- se encontraban en el casino.

La publicación de ayer de «Río Negro» vinculada al traslado de las máquinas tragamonedas inhabilitadas en Viedma a al casino de Entre Ríos apuró los trámites y directamente el magistrado ordenó el allanamiento y la detención del depositario judicial por desobediencia.

En la segunda parte de la investigación sobre la corrupción originada en la licitación de los casinos, «Río Negro» dio a conocer nuevos detalles de la red de empresas «cáscaras» así como personas vinculadas al dueño de tres casinos de la provincia -Carlos «Cacho» Ferrari»-, destinada al cobro de la coima que se destinaba a funcionarios del gobierno rionegrino (ver infografía).

Arbanás estaría en el sur

Arbanás habría dispuesto el traslado de las máquinas y luego habría dejado su residencia en Viedma. Esta es una hipótesis que se maneja.

No obstante, la Justicia también evaluaba anoche la responsabilidad del actual gerente al interpretarse que debería conocer lo sucedido con las 55 máquinas inhabilitadas y que ahora no están.

La mayoría de ellas fueron reemplazadas por otras cuya procedencia se ignora.

Respecto del paradero de Arbanás trascendidos indicaban que podría residir en Río Gallegos aunque no se descartaba que permanezca en la provincia.

El ex gerente del Casino de Viedma es un hombre alto de cabellera canosa.

Oriundo de San Juan llegó a la provincia durante la gestión de su primo, el ex gobernador Horacio Massaccesi y siempre trabajó vinculado a la actividad de los Casinos en Las Grutas, Cipolletti y Viedma.

En febrero de este año el juez Bustamante ordenó nuevamente la inhabilitación y el secuestro de las máquinas tragamonedas del «Golden Walley», al revocar como juez natural de la causa lo resuelto por la jueza de feria Liliana Piccinini.

Entonces, el magistrado cuestionó la actitud de la jueza Piccinini, quien previo habilitar la feria judicial «sin citar fundamentos jurídicos» ordenó a Hugo Arbanás que acreditara su calidad de gerente para designarlo depositario judicial de los tragamonedas y habilitar su utilización.

Además dispuso que Lotería remitiera documentación relativa a la recaudación diaria.

«Daño irreparable al erario público»

El bloque de diputados del Frente Grande le pidió ayer al Procurador General, Hugo Mántaras que instruya a «los fiscales de las Circunscripciones judiciales» para investigar, «con carácter urgente, los hechos que motivaron la denuncia pública efectuada por «Río Negro» en relación a la llamada ruta de la coima, respecto de los sobornos que habrían sido pagados por empresas relacionadas con la explotación del juego en Río Negro, y en la cual estarían involucrados -entre otros- funcionarios».

La nota -que firman Eduardo Chironi y Guillermo Wood- resalta «la gravedad» de la denuncia periodística. En su condición de legisladores se «disponga la inmediata investigación de los hechos, como asimismo de todos y cada uno de los implicados en la maniobra ilícita denunciada por el diario». Destacan que si se prueban «los hechos denunciados se estaría ante un daño irreparable al erario público», aludiendo que parte de esos fondos deberían haberse destinado a la ayuda social y a la educación pública. (AV)