Desarrollo denunció a ATE por la toma en Viedma

Arroyo dijo que “no va a negociar con aquellos violentos que irrumpen, saquean el Estado y sus instituciones, y maltratan al personal, funcionarios y los vecinos”.

GOBIERNO

El ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Ricardo Arroyo, informó que responsabilizó a la conducción del gremio ATE “por los perjuicios ocasionados con la toma del edificio de esa cartera” en la capital rionegrina. Advirtió que la medida implicaría riesgos para que los trabajadores de ese sector cobren en tiempo y forma, “porque el trámite administrativo que debía hacerse este lunes no pudo ser cumplido”.

Arroyo consideró inadmisible cualquier posibilidad de diálogo “si se mantienen actitudes violentas como la adoptada por la organización sindical, que cercenó el derecho de los empleados a ingresar a sus puestos de trabajo y el derecho de los ciudadanos a requerir asistencia del Estado, ya que el organismo está completamente sitiado”, afirmó.

El rechazo quedó plasmado en una denuncia penal, confirmaron, aunque también se realizará una demanda civil “por las pérdidas, sustracciones y roturas que pudiera haber”.

Arroyo aseguró además que notificará de la situación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación para que evalúe la conducta de ATE, teniendo en cuenta las leyes sindicales vigentes. Consideró que la actitud “violenta y patoteril adoptada está lejos de un reclamo sindical de los trabajadores” y que en realidad “tiene una intencionalidad antidemocrática y claramente política”.

“Hacemos responsables por el perjuicio, pérdidas y sustracciones que pudiera haber a los dirigentes de ATE Aldo Capretti, Rodolfo Aguiar y Leticia Lapalma”, afirmó el funcionario. Ampliaron la advertencia a la “seguridad de las personas en general, y en particular de los trabajadores, de los funcionarios y de la gente que concurre como todos los días a buscar soluciones o a realizar trámites”.

El gremio mantiene la ocupación de las instalaciones desde este lunes al mediodía. Señalaron que el fiscal penal Juan Pedro Montel ordenó labrar un acta con el estado de lugar. Los estatales reclaman “la inmediata reincorporación de los empleados despedidos sin causa justificada, que se ponga fin al sistema de becas en el Estado, el pase a planta permanente, un bono de fin de año de 2.500 pesos en compensación de la inflación, y mayor presupuesto para hospitales, escuelas y programas sociales”.

El ministro Palmieri, en su paso por Roca durante la mañana, afirmó que no se evalúa la posibilidad de dar un bono de fin de año. “El pago de un doble aguinaldo o un bono excede nuestra obligación legal”, dijo.

Frente a un posible desalojo, en un comunicado, Aguiar sostuvo que “los trabajadores necesitamos respuestas y no represión”.


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