Descreimiento, dirigencia y corrupción

Por Alicia Miller amiller@rionegro.com.ar

amiller@rionegro.com.ar

La política rionegrina aburre. Aburre soberanamente. ¿Hay algo más peligroso para la democracia que el aburrimiento? Tal vez sólo el miedo.

En estas latitudes, el «divorcio» entre dirigentes políticos y «gente común» es tan grande, que sus temas de conversación parecen dos rectas paralelas: nunca se unen.

En estos días, en la «superestructura política» sólo se habla de candidaturas, de fechas y de modos de elecciones.

El resto de la gente habla de cómo hacer para resolver los múltiples problemas que la profunda crisis que viven el país y la provincia ponen en su camino y en el de sus semejantes. Y, entre esos problemas, computa precisamente a los políticos.

Una señal incontrastable de esta «Babel» en que se ha convertido la provincia es que, haciendo caso omiso al hartazgo ciudadano, el gobernador Verani ha logrado que el radicalismo vote en internas sólo para definir la fórmula de gobernador y vice, y hasta piensa convocar a una elección general también acotada a esos dos cargos, lo que obligaría a duplicar otra vez el esfuerzo para votar luego a los legisladores provinciales y el resto de los cargos. Más allá de las «contras» que los especialistas buscan en los textos legales, está la falta de razonabilidad de duplicar el gasto y el esfuerzo. Todo un tema.

Ante los próximos comicios, sólo hay un dato interesante: la aparición de nuevos partidos políticos, señal de que el descontento ciudadano está encauzándose allí por donde debe hacerlo. Por donde es útil que lo haga.

La Justicia Electoral indica que hay más de 15 partidos políticos nuevos que han solicitado participar en los próximos comicios en Río Negro.

Y no es casual que surjan nuevas agrupaciones.

Las actuales, y sobre todo las mayoritarias, han demostrado carecer de las mínimas intenciones de generar un cambio importante en el modo de «hacer política». Ese cambio que la comunidad entera está reclamando desde hace tiempo y -a voz en grito- desde diciembre pasado.

En Río Negro, por alguna razón, los dirigentes políticos no se sienten señalados por el planteo de «que se vayan todos» ni por el reclamo de una mayor transparencia. Como si las sospechas de corrupción, de incapacidad o de negligencia fueran sólo dirigidas hacia los miembros menos «honorables» de la Corte Suprema, del Senado o de los últimos gobiernos nacionales.

Ese equívoco se ve beneficiado por un dato nada menor: en Río Negro no hay condenados por corrupción, a excepción de aquellos que lo fueron por la tramitación ilegal de jubilaciones de privilegio.

Tanto en la causa sobre la tramitación ilegal del bono Cedepre -en el que el único imputado es un desconocido sin relación con el gobierno-, como en las que se originaron por los contratos eléctricos y, más recientemente, por las coimas y otras irregularidades vinculadas con la Lotería, no hay funcionarios ni ex funcionarios imputados.

En el caso específico de Lotería, desde que -en abril de este año- «Río Negro» publicó la investigación que dio origen a la acción de la fiscal Daniela Zágari y del juez Jorge Bustamante, no se ha dispuesto ninguna declaración indagatoria ni, por ende, ningún procesamiento, pese a la importante prueba colectada.

Los tiempos de la Justicia, suele decirse, no conocen de ansiedades. Pero es claro que el tiempo sólo beneficia a quienes conocen la maniobra en detalle, por ser sus autores, y han contado con largos meses para diseñar una estrategia y hasta elaborar contratos y fraguar operaciones comerciales inexistentes, tal lo ha corroborado ante el mismísimo Juzgado uno de los directivos de las empresas participantes.

Pero, ¿qué ha hecho el gobierno ante este grave tema? Nada. Ni siquiera el mínimo gesto de separar a Miguel Irigoyen de su cargo al frente de Lotería, como modo de aparentar al menos que no avala a un funcionario sospechado. Y eso, sin contar con que el empresario del juego Carlos «Cacho» Ferrari involucró no sólo a Irigoyen sino también al propio gobernador en el cobro de las coimas, sin que hasta el momento ni la Justicia ni ningún sector político haya tomado debida nota del asunto.

En cuanto a la Legislatura, después de casi seis meses un grupo reducido, tres legisladores de la oposición, ha propuesto conformar una comisión investigadora, sin que hasta el momento ninguno de los restantes 40 haya dicho si respaldará la iniciativa.

Como si fuera un tema menor. Apenas eso, en torno del gran dilema de la lucha contra la corrupción.

Si en los resortes normales de las instituciones no hay una respuesta adecuada, el esfuerzo que sectores de la sociedad puedan hacer se pierde en el vacío y la corrupción avanza y se hace prácticamente incontrolable, porque a medida que la impunidad prevalece, más gente se verá tentada a tomar coraje para decir, como dicen algunos, «es un ratito de vergüenza que se pasa», después se disfruta del dinero «malhabido»… y a otra cosa.


Adherido a los criterios de
Journalism Trust Initiative
Nuestras directrices editoriales
<span>Adherido a los criterios de <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Ver planes ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora