Desendeudamiento K, ¿mito o realidad?

La obligación de pagar a fondos buitre pone en riesgo la reestructuración de la deuda y vuelve a colocar en tela de juicio uno de los históricos logros exhibidos por el gobierno.



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El derrotero de la deuda externa argentina es bastante más largo que la secuencia de idas y vueltas de los últimos dos meses respecto de la sentencia del juez Griesa. Es incluso más extensa que lo sucedido desde que Rodríguez Saá declaró el default en el 2001. El primer crédito externo solicitado por nuestro país data de 1824, cuando Rivadavia contrató un empréstito con la firma inglesa Baring Brothers por un millón de libras. Según describe Felipe Pigna: “Descontadas las comisiones de los seis gestores, dos de los cuales eran ingleses, los gastos de emisión y varias cuotas adelantadas, llegaron a Buenos Aires sólo 570.000 libras, la mayoría en letras de cambio sobre casas comerciales británicas en Buenos Aires, propiedad de los gestores del empréstito. Pero la deuda se asumía por el total: un millón de libras”. No hace falta explicar mucho más. Desde el siglo XIX, los episodios relativos a la deuda externa argentina saben de ganancias deshonestas, malversación de fondos, especulación financiera y corrupción. Pero fue desde los años de la última dictadura militar cuando el stock de deuda argentina comienza a crecer exponencialmente. Años en que el gobierno de facto permitió una fiesta financiera, que más tarde fue asumida por todos los argentinos cuando el Estado tomó la deuda del sector privado en 1982. Al ser derrocada Isabel Perón, la deuda se aproximaba a u$s 7.900 millones. Al retornar la democracia, había crecido un 470%, alcanzando u$s 45.100 millones. Llegado el 2001, la cifra era u$s 144.000 millones. Fue allí, con la convertibilidad del peso quebrada, un 25% de desocupación y un 50% de la población en situación de pobreza, que se declaró el célebre default del 2001. Desendeudamiento K A partir del 2003 y desde la asunción del expresidente Néstor Kirchner, la política del Estado nacional se enfocó en reducir la deuda con recursos propios. La estrategia tuvo dos partes. En primer lugar, un proceso de reestructuración iniciado en el 2005 y culminado en el 2010, en el que más del 92% de los acreedores externos aceptaron el canje de sus tenencias en bonos por nuevos papeles que incluyeron una importante quita. En segundo lugar, hacer frente a vencimientos e intereses con recursos propios, sin tomar nuevos fondos del mercado financiero internacional. El proceso incluyó el pago al FMI por u$s 9.600 millones en 2006, en lo que significó toda una señal política respecto de los organismos multilaterales. Fue posible en años de crecimiento a tasas chinas, superávits gemelos (fiscal y comercial) y precios récords de los granos que reportaron cuantiosos ingresos por retenciones. La retórica oficialista se encargó una y otra vez de destacar el desendeudamiento en la última década. Según palabras del ministro Kicillof esta semana, el total de lo abonado por Argentina desde el 2004 con recursos propios supera los u$s 190.000 millones. Pero más allá de la imparcialidad o no del juez Griesa, tarde o temprano la Argentina terminará pagando a los ‘buitres’. Y la conocida secuencia judicial desatada desde que la Corte Suprema de EE. UU. rechazó analizar el caso argentino podría derrumbar toda la reestructuración de la deuda. La pregunta es entonces: ¿hubo desendeudamiento en la era K? Los especialistas difieren en el análisis. Si se considera el stock total de deuda pública, cuando Kirchner asumió el gobierno, la misma ascendía a u$s 178.000 millones. En el 2014 llega a u$s 247.000 millones. Un crecimiento del 38,7%. Sin embargo, los economistas acuerdan en que para medir el peso real de la deuda lo más adecuado es el ratio deuda/PBI. El indicador muestra que el desendeudamiento K funcionó hasta el primer mandato de Cristina. Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, en el 2002 la relación deuda/PBI alcanzaba el 147%. Para fines del 2011 había caído al 41%. Hilando aun más fino, lo que el gobierno logró con éxito en la última década fue el cambio en la nominación de la deuda, la cual se redujo en dólares y se incrementó en pesos. Si se tiene en cuenta sólo la deuda nominada en dólares y en manos de privados, la relación deuda/PBI es hoy menor al 10%, lo que significa menor presión y dependencia de los mercados externos. La contrapartida es el crecimiento de la deuda pública interna, nominada en pesos y financiada por el BCRA con emisión monetaria. Eso es lo que ha complicado al gobierno: luego del 2011 los superávits fiscal y comercial desaparecieron, creció el gasto y la emisión significó más inflación. Se decidió entonces volver a los mercados en el 2014: pagando a Repsol y arreglando con el Club de París. Nadie en el equipo económico imaginaba un revés semejante en la Corte de EE. UU. Tampoco, los legisladores opositores que acompañaron previamente la misión del gobierno. Según cálculos de la consultora Finsoport, contando Repsol, Club de París y el total de la deuda con holdouts, la relación deuda/PBI llega al 63% en el 2014. Menos de la mitad que en 2002, pero un 20% más que en el 2011. El ratio sigue siendo bajo en comparación con cualquiera de los principales países, pero la tendencia alcista requiere cuidado. Por ello el equipo económico ha sido puntilloso en evitar cualquier gesto o declaración que pudiera interpretarse como un guiño a las pretensiones buitres. Es que si finalmente se activara la temida cláusula RUFO que obliga a pagar a los bonistas reestructurados lo mismo que a los buitres, todo el desendeudamiento logrado se esfumaría y la situación sería aún más aguda que en 2001. El escenario parece aún demasiado lejano, pero no imposible.

Diego Penizzotto diegopenizzotto@rionegro.com.ar


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