Desigualdades y temas pendientes en materia de violencia de género

Ser mujer hoy implica tener muchas más altas probabilidades que los varones de caer en la pobreza y el desempleo, de acceder a un empleo informal, de ser la principal responsable de las tareas de cuidado y del trabajo doméstico, y también de estar expuestas a mayores obstáculos para progresar en ámbitos laborales, profesionales y de participación política, por mencionar solo algunas desigualdades. La violencia de género, en sus múltiples formas, es la manifestación extrema de esta desigualdad.

Para garantizar el cumplimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia será necesario, entonces, un debate amplio desde un enfoque de derechos humanos que ilumine las profundas raíces de las desigualdades de género, ancladas al modelo patriarcal y androcéntrico que impera en nuestra sociedad capitalista. Iluminar el origen de las desigualdades, implica visibilizarlas y, especialmente, politizarlas, hacerlas parte del debate público. Es decir, trascender la idea de que las tareas y tiempos de cuidado y la violencia por ejemplo, son problemas de la esfera privada. Porque las desigualdades de género que los provocan son de la esfera pública: nos conciernen a todas y todos. En consecuencia, sus efectos también.

La privatización de los problemas y no debatir para transformar lo que subyace a estas violaciones a los derechos humanos por cuestión de género garantiza la reproducción de las desigualdades y profundiza las deudas.

En este sentido, es destacable el papel que desempeñan y los esfuerzos incansables de las organizaciones de la sociedad civil en nuestra provincia (Red de Género, Observatorio de DD. HH., Asociación de Trans y Trabajadoras Sexuales, por ejemplo) para visibilizar y poner en la agenda pública el tema con el objetivo de que se elaboren e implementen las políticas públicas necesarias.

En Bariloche fueron asesinadas tres mujeres en el mes de marzo. ¿Cuántas víctimas más tenemos que esperar para que desde los distintos niveles del Estado se tomen cartas en el asunto e implementen medidas urgentes y a largo plazo? ¿Cuándo se constituirá en un tema prioritario de la agenda pública?

Iniciativa frustrada

Esta semana, en la Comisión Especial de Género de la Legislatura rionegrina, no prosperó la iniciativa impulsada por un amplio arco opositor de declarar la emergencia en materia de violencia de género. Los argumentos esgrimidos para justificar la negativa oficial –”que una medida de este tipo implicaría la naturalización de la violencia o que se requieren medidas integrales”– no convencieron y dejaron en evidencia que aún resta mucho por hacer para que los tomadores de decisiones públicas prioricen este tema. Justamente, lo urgente requiere articular medidas inmediatas y también de largo plazo.

En Río Negro, ninguna mujer ha ocupado el Poder Ejecutivo Provincial: en nueve gobernaciones que se sucedieron desde 1983, el gobernador y el vice han sido siempre varones. Actualmente, de los nueve ministerios, solo dos están a cargo de mujeres; fueron electas cuatro intendentas sobre 39 municipios. En el único ámbito que se logra mayor equidad es en la Legislatura provincial, donde gracias a la legislación que establece que las listas de candidatos a legisladores deben respetar la participación equivalente de género, hoy contamos con 20 legisladoras sobre 45. Esto deja traslucir que la intervención activa del Estado, a través de leyes de acción positiva en pos de la igualdad de género, puede lograr cambios.

Sin embargo, los avances que pudieran existir en el plano normativo como la ley provincial 4241D, si bien son necesarios, no son suficientes para implementar acciones concretas en contra de la violencia. Se requiere de voluntad política, compromiso y articulación de múltiples actores y fundamentalmente presupuesto para llevar adelante políticas públicas integrales.

A un mes de cumplirse el primer aniversario de la multitudinaria marcha #NiUnaMenos, nos urge como sociedad debatir y exigirle a los distintos niveles del Estado avanzar en la implementación articulada de medidas para prevenir, sancionar, erradicar, asistir y proteger a las víctimas de violencia de género.

Por ejemplo, la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas y niveles de la gestión pública implica integrar el análisis sobre la posible existencia de brechas de desigualdad entre varones y mujeres al momento de asignar recursos en las diferentes carteras de seguridad, producción, economía, medioambiente, previsión social, justicia, trabajo, etc.

Es necesario superar la creencia (y práctica) extendida que la lucha por la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres es competencia o responsabilidad exclusivamente femenina para que se sumen todos los actores a esta lucha por derechos humanos fundamentales.

(*) Politóloga, docente e investigadora, Uncoma

(**) Politóloga, docente e investigadora, Ciedis-UNRN