Desplazaron

El Gobierno desplazó ayer de las prestación de servicios en los vuelos que realiza el presidente Néstor Kirchner al comodoro Aldo Perotti y los vicecomodoros Gustavo Cercedo y Ernesto Pellizaro, investigados por presunto fraude al Estado en la liquidación de gastos del avión Tango 01, por unos 120.000 dólares.

En una resolución, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, instruyó al jefe de la Casa Militar, contralmirante Reinaldo Corvalán, para que releve a Perotti, Cercedo y Pellizaro «de la prestación de servicios relacionados con las aeronaves que utiliza el presidente de la Nación».

En base a una denuncia penal radicada por el Gobierno, la jueza federal María Servini de Cubría inició una causa por posible fraude al Estado y en las últimas horas realizó cinco allanamientos en los que fue secuestrada profusa documentación.

Debido al «perjuicio fiscal» que pudieron haber ocasionado las maniobras presuntamente cometidas por la tripulación del Tango 01, la administración Kirchner resolvió dar intervención a los órganos de control.

Por eso, Parrilli remitió copias de la denuncia presentada ante Servini a la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General y a la Oficina Anticorrupción que depende del Ministerio de Justicia, «a los efectos de que tomen la participación que estimen conveniente». Desde el mediodía en la Casa Rosada se había anunciado una conferencia de prensa del secretario general de la Presidencia, pero finalmente sólo fue difundida una resolución que, con la firma de Parrilli, dispone el desplazamiento de los militares bajo sospecha.

Durante la jornada Parrilli se reunió con el jefe de la Casa Militar y con el ministro de Defensa, José Pampuro, ya que los hombres desplazados de los vuelos presidenciales son oficiales de la Fuerza Aérea a los que ahora les serán asignados otros destinos.

La decisión de reemplazar al personal aeronáutico fue adoptada no sólo porque los hechos denunciados «tendrían relación con el funcionamiento de las aeronaves que utiliza el presidente para su desplazamiento» sino también por «la necesidad de garantizar la eficacia de la investigación», escribió Parrilli en su resolución.

Servini, en tanto, realizó una serie de allanamientos para avanzar en la pesquisa por posibles maniobras en la liquidación de gastos de mantenimiento y provisión de servicios en los aviones presidenciales. En declaraciones a la prensa, la magistrada contó que hubo operativos «en Ezeiza, dos en domicilios particulares y otros dos en una empresa correspondiente a estas personas», es decir a los oficiales de la Aeronáutica denunciados.