Destituyeron al juez Galeano, que podría terminar en prisión

Once años y 16 días después de que una bomba matara a 85 personas en la AMIA, Juan José Galeano, el juez que tuvo en sus manos la investigación más importante de la Argentina para esclarecer esa masacre, fue expulsado ayer de su cargo por haber «despreciado» al Poder Judicial y podría ir a prisión por los delitos que habría cometido en la instrucción de la causa.

Con la estelar ausencia del principal protagonista, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados determinó que Galeano «incumplió los deberes éticos y legales que regulan su actuación jurisdiccional» y su obligación de «imparcialidad», al cerrar así el maratónico juicio político, cuyo resultado genera la vacante en el juzgado federal número 9.

Galeano, de 46 años, «intervino en la preparación, negociación, organización y ejecución del pago» de 400.000 dólares al entonces único de

tenido por la causa, Carlos Telleldín, para que prestara una declaración indagatoria que permitiera «destrabar» la pesquisa y así detener a un grupo de policías bonaerenses imputados de haberse llevado la camioneta-bomba, advirtió ayer en su extenso fallo el tribunal.

Sugirió incluso que Galeano tuvo con Telleldín una actitud equiparable a la tortura: «No existen diferencias entre admitir la tortura para obtener una declaración o pagar para lograr el mismo resultado. Se trata de una cuestión de grado, mas la ínsita inmoralidad que contienen esos actos es igual».

Además, el Jury descalificó los argumentos de Galeano para delegar en la SIDE aquel pago «ilegal» y le achacó haber actuado «fuera de todo cauce legítimo», con el «desprecio por el resguardo de los intereses públicos confiados a su custodia» y el «menoscabo por el prestigio de una de las instituciones esenciales del sistema democrático, como lo es el Poder Judicial de la Nación».

Los cargos

Aunque lo habían responsabilizado de 16 cargos, el Jurado consideró suficientemente acreditados sólo tres: el pago a Telleldín, las entrevistas informales que mantuvo con él y de las que no dejó ninguna constancia y los autorizados encuentros de la abogada de la DAIA, Marta Nercellas, con uno de los entonces policías detenidos, Alberto Huici.

La defensa de Galeano -a cargo del abogado oficial Mariano Maciel- anunció que apelará ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero, mientras tanto, el ahora ex juez quedó sin fueron y podrá ser indagado y eventualmente procesado por los graves delitos que se le imputan durante la tramitación de la causa.

Galeano podría quedar preso. Penalmente la Fiscalía le endilga «instigación al falso testimonio agravado por ser cometido en perjuicio de un imputado, instigación al delito de peculado, prevaricato, omisión de la persecución de un hecho delictivo, destrucción de pruebas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público».

Galeano, convertido en juez federal en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, no había cumplido un año en su función cuando el 18 de julio de 1994 una bomba estalló en la mutual judía y mató a 85 personas.

Para su suerte -o desgracia-, Galeano estaba de turno aquel día y le tocó encargarse de investigar el atentado terrorista más grave de la Argentina, dos años después del ataque a la Embajada de Israel, donde murieron más de 20 personas.

En un principio, exceptuado de cualquier otra causa, fue respaldado por el Gobierno, los organismos de inteligencia internacionales, sus superiores (que ratificaron varios de sus fallos), la dirigencia de la comunidad judía y muchos de los familiares de las víctimas.

Ese respaldo soportó incluso la difusión de un video que desapareció de su juzgado y en el que se lo podía ver negociando con Telleldín la supuesta publicación de un libro, en el que contaría -tal como hizo en la causa, tras el pago de la SIDE- cómo los policías bonaerenses se habrían llevado la camioneta Renault Trafic usada para cargar la bomba.

Pero el ex secretario de la causa Claudio Lifschitz tiró la primera piedra en su contra y luego los propios agentes de la SIDE terminaron de hundirlo en el juicio oral a la llamada «conexión local», en la que terminaron todos absueltos.

Apartado de la causa en diciembre del 2003 por la Cámara Federal, Galeano -ya sin respaldo- quiso evitar su juicio político cuando lo suspendieron en febrero, a través de un esbozo de renuncia al presidente Néstor Kirchner que luego se retiró.

Ayer, finalmente, fue destituido por una votación unánime de los nueve miembros del Jury: Augusto Belluscio -presidente del cuerpo-, Jorge Agúndez, Sergio Galia, Manuel Baladrón, Ramiro Puyol, Manuel Moreyra, Enrique Basla, Guillermo Sagués y Eduardo Roca. (DyN/Télam)

También a Mahdjoubian

El jurado de enjuiciamiento destituyó también de su cargo al juez de Instrucción porteño Juan José Mahdjoubian por haber incurrido en «mal desempeño en sus funciones».

El ahora ex magistrado quedó bajo sospecha luego de que hace dos años y medio una cámara oculta lo vinculara a una trama de presunto cohecho entre abogados y policías mediante la cual se habrían digitado causas. El Jurado de Enjuiciamiento destacó que las actitudes por las que se lo investigaba fueron «lo suficientemente graves» como para apartarlo del cargo.

Mahdjoubian, que ya está procesado en una causa penal, fue acusado de «desconocimiento del derecho, arbitrariedad, abuso de poder y actitudes discriminatorias», pero en su defensa intentó descargar la responsabilidad de los posibles hechos ilícitos en su secretario letrado, Daniel Mauro, quien fue exonerado y también está imputado en la causa.

Notas asociadas: Divisiones en la comunidad judía Investigaba a los Kirchner y la causa pasó a Rafecas  

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