Detallan avances de la causa en Roca



ROCA (AR)- Durante los próximos “15 o 20 días” la jueza federal María del Carmen García estaría en condiciones de llamar a indagatoria a algunos de los acusados por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar en esta zona del Alto Valle.

La novedad fue dada a conocer ayer, sin demasiadas precisiones, a integrantes de los organismos de derechos humanos de Neuquén y Río Negro, quienes reclamaron a la magistrada mayor celeridad a la causa que se tramita en Roca y reúne 14 presentaciones por casos de desaparición de personas y de privación ilegítima de la libertad y torturas.

Asistieron integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, la delegada en Neuquén de la secretaría de Derechos Humanos, Beatriz Gentile y Noemí Labrune, de la APDH. Hasta allí concurrieron a una audiencia solicitada para conocer un informe sobre el estado de las causas involucradas en los Juicios por la Verdad, tras la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final realizada hace más de un año.

Según comentó tras la reunión Beatríz Gentile, la investigación se encuentra en etapa de instrucción y se avanza en la recolección de pruebas para poder realizar un llamado a indagatoria.

“La jueza García nos marcó algunas dificultades que tienen en la parte interna, el secretario penal que conocía desde el inicio la causa fue trasladado, y ahora hay una secretaria nueva. Le manifestamos nuestra preocupación por la situación generada en Neuquén, las amenazas a testigos, y nos informó que ella cree que no hay demoras procesales, pero insistimos en que esto requiere mayor celeridad”, sostuvo Gentile.

“Creen que en 15 días estarían proveyendo medidas que tienen que ver con aporte de pruebas y también se avanza en el pedido de informes a las fuerzas de seguridad y el Ejército que se viene haciendo desde el año pasado”, agregó.

Según se comentó, García refirió en su informe las últimas medidas dispuestas a fin del año pasado ligadas a “nuevos requerimientos de pruebas y llamado de testigos” por lo cual se estima que “en 15 o 20 días puede ser que salgan las indagatorias”.

Ana Calafat, presidenta del Observatorio de Derechos Humanos, recalcó la necesidad de que se designe, tal como está previsto presupuestariamente, un secretario penal para que se avoque a esta causa. “Pedimos celeridad y preferencia, prioridad en el tratamiento de esta causa que entendemos que es de las más graves, y con delitos graves”, coincidió Calafat.

La causa reúne 14 presentaciones por 8 casos de desapariciones forzadas y 6 por privaciones ilegítimas de la libertad y torturas. En este marco la querella plantea un total de casi 30 imputados que prestaban tareas en el Ejército, la policía provincial de Río Negro, Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal.


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