Detectan en Allen severas carencias sociales

ALLEN- Un alto índice de desocupación, pobreza y carencias en materia de salud y alimentación son los primeros datos que ponen al desnudo la realidad social que transitan a diario los pobladores de los barrios más críticos de esta ciudad. Unos 1.500 abuelos viven en condición de indigencia.

Las problemáticas que enfrentan los sectores más desprotegidos de las zonas norte y oeste y parte de la costa oeste no constituyen una novedad para nadie. Sin embargo estas poco alentadoras estadísticas elaboradas en base a una encuesta que se realizó a unas quinientas familias, sirven para confirmar el mapa de pobreza y necesidades insatisfechas de que son víctimas más frecuentes.

«Además del alto índice de desempleo, se constató la presencia de algunos asentamientos ilegales, donde las familias son muy numerosas y las necesidades básicas no son cubiertas», expresó Cristina Geymonat, secretaria de Acción Social del municipio local.

El diagnóstico social fue presentado ayer por la tarde ante el secretario de Acción Social de la provincia de Río Negro, Juan Carlos Peña.

El sector de bardas, donde se encuentra el basural de la ciudad, fue caracterizado como una de las áreas donde la problemática social se torna más grave. Varios asentamientos ilegales son ocupados por decenas de familias que conviven con la indigencia y el abandono.

«Allí residen en viviendas construidas por esfuerzo propio, generalmente pequeñas para el numeroso grupo familiar que la habita, y que no cumplen con ninguno de los requisitos necesarios para contar con los servicios públicos», agregó Geymonat.

Un importante número de letrinas se verificó en este sector, constituyendo un factor de riesgo y posibles focos infecciosos.

La intensificación de la actividad de los comedores comunitarios se torna imprescindible de este modo, tanto para los niños como para los ancianos.

Por otra parte, del primer análisis de los datos extraídos de la encuesta social realizada en los barrios Progreso, Colonizadora, Bifulco, El Salto y la Costa este y oeste, surge que entre mil y 1.500 ancianos viven en extremas condiciones de indigencia. La mayoría no cuenta con espacios propios, y una significativa cantidad se encuentra en estado de abandono.

La exigencia de los abuelos se reduce a una cobertura médica y a la entrega de remedios sin cargo.

«Tenemos que evaluar todo esto y acordar con la provincia qué se va a hacer al respecto», concluyó la titular de Acción Social.

La situación laboral, condiciones de vivienda y grado de escolaridad de los niños, son algunos de los puntos sobre los que se profundizó para conocer en buena parte la situación real que atraviesan los pobladores.

Cuestionan la designación de Otero como asesor legal del Concejo

La designación del el intendente Hernán Otero como asesor legal del Concejo Deliberante de esta ciudad, generó polvareda. Diversos sectores cuestionaron ayer la medida.

El presidente del cuerpo, Francisco Martos, la concejal radical Patricia Van Opstal y la edil del Movimiento Patagónico Popular (MPP), Mónica Arcángelo, coincidieron en que no se trata de conflictos partidarios, sino de una cuestión de procedimientos. «La idea era hacer una locación de servicios, mediante un contrato, estableciéndose una cifra que se adecue a la situación que estamos atravesando», expresó Martos. «No comparto esto, porque Otero fue nombrado con una categoría que es máxima, no sólo en sueldos sino también en adicionales municipales. Mientras que nosotros estamos buscando el ajuste en el presupuesto», dijo además.

Cabe destacar que este tema fue tratado en sesiones extraordinarias ya que es época de receso, con la presencia del vicepresidente del Deliberante Carlos Martínez, ya que Martos se encontraba de licencia hasta ayer. Por su parte la concejal radical también criticó la actuación, ya que según expresó se acordó de antemano que se daría tratamiento al tema tras la llegada del jefe del Deliberante.

Mónica Arcángelo argumentó, del mismo modo, que existen muchas prioridades más en el municipio, así como en el concejo donde aún se carece de un sistema informático. «Mi propuesta fue que a raíz del ajuste que se viene haciendo en la ciudad, se postergue por un lapso de 180 días la asesoría legal propia, y solicitemos la intervención del asesor del Ejecutivo. Con esto nos ahorraríamos unos dos mil pesos por mes», expresó finalmente la edil, cuyo voto fue contrario a la contratación de Otero.