Detrás de las tomas se esconde el déficit habitacional en la región

Miles de familias que viven en terrenos usurpados y que son de dominio municipal o provincial dan cuenta de la demanda insatisfecha de viviendas en la ciudad capital. No hay cifras actualizadas respecto a cuánto asciende la cifra final de las familias que están a la espera de un hogar: sólo a mediados de 2018, el gobierno a través del IPVU reconocía más de 32.000 familias a la espera de una casa en toda la provincia.

Las cifras de organizaciones no gubernamentales, como Un Techo Digno, cuentan con datos que superaron ampliamente los oficiales: se indica que en total son más de 70.000 en la provincia y 35.000 sólo en la ciudad capital.

De los datos confirmados por funcionarios provinciales y municipales, se conoce que 3.400 familias están bajo programas de regularización de la comuna y 4.900 con la administracion provincial.

Los núcleos familiares anotados en el Registro Unico (Ruprovi) alcanzan a más de 30.000 expedientes.

Los vecinos que fueron violentamente desalojados, el jueves por la tarde, con un accionar de despeje que continuó hasta el domingo en el barrio Confluencia, se reunirán hoy martes con el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo. También estarán funcionarios de Desarrollo Social y de discapacidad. La municipalidad descartó participar en la reunión.

La comuna fue denunciante en septiembre de la ocupación del terreno municipal, que según algunos funcionarios quiroguistas fue alentada políticamente por el MPN en los días previos a la elección del 22 de septiembre.

Desde Desarrollo Social de la comuna se aclaró que en Confluencia hay 333 familias en terrenos con programas de regularización, que no incluyen a los 130 ocupantes que desde septiembre demandan ser atendidos por el municipio, cuando se apostaron en Obrero Argentino al fondo o Boer y Tronador.

La municipalidad insistió con la necesidad de desalojar, con un pronto despacho que fue reiterado ante la fiscalía el 17 de septiembre pasado.
Del IPVU, uno de los organismos convocantes a la reunión con los vecinos que fueron desalojados, depende el plan de regularización de las familias que se asentaron en 24 tomas en las que la provincia interviene de distinta forma: con provisión de agua, luz ó el inicio de la regularización dominial.

En los terrenos del municipio, la inversión planificada a través del financiamiento del BID alcanza a unos 534 millones de pesos en sectores que van desde Confluencia hasta Toma Norte II, incluídos Rincón del Valle, Villa Ceferino, Valentina Sur, Parque Industrial, Islas Malvinas o la toma La Pacífica, según se describió.

Pedazos de madera y cartón que alguna vez fueron muros de una vivienda precaria y juguetes desparramados entre balas de gomas. Ese es el escenario que dejó el desalojo de la toma en el barrio Confluencia.
Los vecinos que ocupaban el predio pasaron el fin de semana observando el terreno vigilado por la policía, durmiendo en sus vehículos o en las viviendas de sus allegados. Ante la urgencia de su situación, se congregaron ayer en Casa de Gobierno, a la espera de que los atienda alguna autoridad provincial. La reunión con la ministra de Seguridad, Vanina Merlo, estaba pautada para esta mañana, pero los manifestantes alegaron que no podían esperar.
Poco después del mediodía del jueves, efectivos de la policía desalojaron a las 130 familias que habían ocupado un terreno baldío a principios de septiembre. Aunque la amenaza de desalojo se emitió ni bien se concretó la toma, Sabrina, una de las voceras explicó que lograron dilatarla por la intervención de organismos de Derechos Humanos.
Manifestó que “aprovecharon ese horario” porque la mayoría de los vecinos estaban trabajando y quienes permanecían en el lugar en su mayoría mujeres. En ese contexto y con niños presentes, la policía procedió a retirar a los vecinos del terreno “con violencia”.
Nadia indicó que los efectivos no les mostraron la orden de desalojo y procedieron a retirar sus pertenencias. “La policía destruyó nuestras cosas. Hizo una montaña con los objetos y los prendió fuego”, denunció Yohana”.

Un grupo de personas se instaló en la zona noreste de Cipolletti. Hasta ayer por la tarde continuaba la toma de terreno.
El predio está repleto de carpas y casillas que fueron apostadas por cerca de 300 familias. Los ocupantes aseguraron que las tierras están abandonadas desde hace 30 años. Sin embargo, desde el municipio informaron que se había iniciado un proceso de expropiación para la creación de futuros loteos sociales.
La toma comenzó el viernes pasado en cercanías al barrio Anai Mapu. Los ocupantes, en su mayoría jóvenes con hijos pequeños, permanecieron en el predio que consta de 13 hectáreas.
Ell fiscal Gustavo Herrera explicó que las tierras pertenecen a la familia Obreque y agregó que el municipio había iniciado un proceso de expropiación.
Para llevar adelante esta tarea, la zona fue declarada como sector urbanizable sin embargo, hasta el momento no había pasado a manos de la gestión pública. “Hoy no tenemos para pagar un alquiler. O lo pagas o comes”, dijo uno de los jóvenes.