Deuda por moratorias supera 100% de las reservas

Las moratorias previsionales, con las que se han distribuido millones de jubilaciones sin aportes, gran parte en beneficio de familias no pobres, ahora exigen altos esfuerzos fiscales. Si al menos parte del esfuerzo político que se le está asignando al Fondo del Bicentenario se hubiese destinado a dar racionalidad a la política previsional, ahora no sería necesario ni urgente apropiarse de las reservas.

La iniciativa tendiente a usar parte de las reservas para financiar gasto público sigue acaparando la agenda de políticas públicas. A los cruces entre el oficialismo y la oposición, se suman la convocatoria a los gobernadores y las intervenciones del Poder Judicial. El principal argumento oficial es que hay reservas en “exceso” y, por lo tanto, es factible y recomendable utilizarlas para financiar al Estado nacional y, en la búsqueda de apoyos políticos, de los Estados provinciales también. Los opositores señalan que esta decisión llevará a repetir la historia de inestabilidad cambiaria y alta inflación.

Son varios los factores que causan los desbordes fiscales. Uno de ellos son las moratorias previsionales. El impacto de este mecanismo -que ha tenido mucho menos debate y reflexión que la creación del Fondo del Bicentenario- puede estimarse con datos de la Secretaría de Seguridad Social y el Ministerio de Economía:

·A través de este mecanismo se han otorgado 2,2 millones de beneficios previsionales a personas sin aportes.

·Suponiendo, conservadoramente, una expectativa de vida de 15 años y una tasa de interés real del 4% anual, el compromiso o deuda que el Estado contrajo con cada una de estas personas es de aproximadamente 110 mil pesos o 27 mil dólares.

·Esto implica que la deuda total contraída con las moratorias asciende a 60 mil millones de dólares, es decir, una cifra muy superior al 100% de las reservas, que se estiman en 47 mil millones de dólares.

Los cálculos son aproximados, pero muy ilustrativos. La creación del Fondo del Bicentenario implica la apropiación de menos del 15% de las reservas y acapara un enorme debate mediático, político y judicial. Sin embargo, decisiones que involucran compromisos fiscales que superan con holgura el 100% de las reservas -como las moratorias previsionales- se han tomado con una gran liviandad, tanto por la baja rigurosidad técnica en el análisis de sus impactos como por el escaso debate político. Si sólo una parte del esfuerzo político que está mereciendo la creación del Fondo del Bicentenario se hubiese destinado a darle racionalidad al mecanismo para la cobertura de las personas mayores en estado de vulnerabilidad, los compromisos fiscales asumidos serían mucho menores y, por lo tanto, no sería necesario ni urgente apropiarse de las reservas.

El sistema político demuestra una muy dañina propensión a distraerse en lo accesorio y eludir los temas importantes. La cuestión de fondo no es el uso de las reservas, sino las políticas que han producido el enorme crecimiento del gasto público. Este crecimiento de las erogaciones, además de ineficiente y regresivo, no cuenta con financiamiento genuino. El ejemplo de las moratorias previsionales es un caso extremo, por la magnitud de los recursos involucrados y la regresividad de sus impactos, pero no el único. Con matices, responden a la misma lógica la estatización de empresas, los crecientes subsidios a empresas privadas, la distribución discrecional de asignaciones familiares y otras prestaciones asistenciales y, en general, muchos gastos del erario público que carecen de una función estratégica.

Abordar una agenda para desarticular estas políticas requiere esfuerzos y una creatividad mucho más elevada que un tema tan simple como la creación del Fondo del Bicentenario. Las moratorias y la distribución discrecional de asignaciones familiares deberían transformarse en esquemas transparentes y objetivos de transferencias de ingresos públicos a favor de las familias pobres, procurando simultáneamente evitar erosionar los incentivos a trabajar entre los miembros en edad activa. En la misma lógica, se deberían eliminar los subsidios a empresas a través del sinceramiento de los precios, para lo cual es necesario compensar a las familias de más bajos ingresos con un refuerzo de asistencia focalizada a través de tarifas sociales. También se requiere mucho coraje político para romper con el entramado de intereses corporativos enquistados, que involucran hasta corrupción, en las empresas estatizadas.

El Estado contrajo deudas con jubilados que cálculos conservadores sitúan por encima de los 61.000 millones de dólares.

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