Deudas bajo control

La mayor parte de los indicadores muestran que los pasivos no afectarán los presupuestos. Los pasivos provinciales totalizaron, al cierre del año pasado, 5.057 millones de pesos. La cifra representa, en valores reales neteados por inflación, una caída interanual del orden del 30%. Cae el stock de la deuda pública en Río Negro.



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LOS GOBERNADORES SAPAG Y WERETILNEK TIENEN LAS

La deuda pública de las provincias se estabilizó en estos últimos años. Si bien en términos nominales en algunos territorios creció en forma importante, la inflación licuó gran parte de este crecimiento.

Un estudio elaborado por la Dirección Provincial de Crédito Púbico del Ministerio de Economía de Neuquén reseña con claridad los momentos críticos que mostró la deuda pública en los presupuestos provinciales. De ese informe se pueden resumir, pecando de algunas omisiones por una cuestión de espacio, de cuatro períodos clave.

– En la década de ‘80 las provincias accedían al financiamiento de corto plazo a través del diferimiento de pagos (contratistas y proveedores, entre otros) ya que las altas tasas de inflación contribuían a la licuación de pasivos, disminuyendo el costo real del pago de las deudas postergadas. El financiamiento de largo plazo consistía en los créditos del gobierno nacional, proyectos financiados por organismos internacionales y préstamos otorgados por los bancos provinciales a bajo costo.

– Con la Ley de Convertibilidad, abril de 1991, se imposibilitó la licuación de los pasivos provinciales a través del crecimiento del nivel de precios; una política más estricta del Banco Central restringió los redescuentos de los bancos públicos provinciales, los cuales fueron privatizados durante la década, anulando de este modo la capacidad de financiar los déficits de los respectivos sectores públicos. Solo quedaron sin privatizar los bancos de la Provincia de Buenos Aires, de La Pampa, y del Neuquén. Ingresos extraordinarios provenientes de privatizaciones lograron disminuir los desequilibrios provinciales hasta mediados de la década del ‘90. A partir de allí el déficit comenzó a acrecentarse y el pago de los intereses de la deuda contraída por las provincias en años anteriores comenzó a presionar sobre el presupuesto. Hacia fines de 2001 la situación de las deudas provinciales era insostenible, llegando en la mayoría de los casos a representar el 200% de sus recursos corrientes.

– En febrero de 2002, luego de la declaración del default y la salida del Régimen de Convertibilidad, se firmó el Acuerdo Nación-Provincias en el cual se establecía un canje de deuda amplio y beneficioso para los gobernadores en términos de tasas de interés y alargamiento de plazos. Este implicaba que las provincias asumirían el 80% promedio de su deuda con Nación y esta respondería ante los acreedores.

– La evolución favorable que venían teniendo las finanzas públicas provinciales a partir de 2003 se vio interrumpido en el 2005 por un proceso de recomposición salarial que comenzó a erosionar los niveles de ahorro generados hasta ese momento, observándose una reducción del superávit primario. La misma tendencia continuó en el año 2006, ya que el gasto creció a un ritmo más acelerado que los recursos, generando nuevamente déficits provinciales. La deuda aquí comienza nuevamente a tomar notoriedad ya que es la encargada de compensar parte de los desequilibrios presupuestarios en algunos distritos.

A partir de 2007 muchas son las provincias que volvieron al mercado a tomar deuda pública para poder compensar sus desequilibrios económicos.

Neuquén, es una de ellas. Cuando Jorge Sapag asumen la gobernación, hacia fines de diciembre de 2007, el stock de pasivos de la provincia alcanzaba los 2.487 millones de pesos. Para el cierre del año pasado, informes no oficiales dan cuenta que esa cifra se ubica en más de 7.500 millones de pesos. Es decir se multiplicó por tres en sólo siete años.

Este incremento, tomado en forma aislada, genera cierta preocupación por la magnitud de lo que se habla. Sin embargo los Indicadores de Cobertura, que son aquellos que permiten cuantificar la capacidad del estado provincial para cumplir con los servicio de la deuda (amortizaciones de capital, intereses y comisiones), muestran que el nivel de pasivos que hoy tiene Neuquén es compatible con el funcionamiento de la provincia.

¿Por qué el aumento nominal de la deuda no generó distorsiones presupuestarias en estos últimos años? Por dos causas. La primera porque la provincia incremento sensiblemente sus ingresos manteniendo relativamente estable los Indicadores de Cobertura y, en segundo término, porque la inflación licuó parte de las deudas que estaban pesificadas con bajas tasas de interés. Por dar un ejemplo cualquiera, en 2007 el stock de deuda pública representaba 67% de los ingresos corrientes de Neuquén. En 2013 -último cierre que se tiene en forma oficial- ese indicador se ubicaba en el 56%. Claramente, pese a existir un importante incremento nominal de los pasivos provinciales, la carga de la deuda sobre los recursos corrientes mejoró en este período.

El otro punto de análisis es el uso que tuvieron los fondos logrados a través de este mayor endeudamiento. Gran parte de los créditos tomados por la provincia se orientaron a gastos corrientes dejando de lado la posibilidad de invertir en infraestructura.

Este ha sido uno de los puntos más débiles de la gestión Sapag: el impulso a la obra pública. Los pocos proyectos importantes destinados a mejorar la infraestructura de la provincia se iniciaron con Jorge Sobisch y se terminaron en la actual gestión. Debemos recordar que entre 200 8 y 2010 el gobierno neuquino recibió también cerca de 5.000 millones de pesos (a valor actual) por las prórrogas de las áreas hidrocarburíferas fondos que, en su gran mayoría, no fueron utilizados para mejorar los niveles de infraestructura de la provincia.

Al evaluar distintos indicadores macroeconómicos se puede deducir que los mayores recursos obtenidos por la provincia en estos últimos años se orientaron a aumentar la participación del Estado en la economía neuquina, fundamentalmente a través de mayores remuneraciones y el ingreso de trabajadores a la planta estatal.

El caso de Río Negro

El gobernador Weretilneck asumió la conducción de la provincia con un stock de deuda pública de 4.210 millones de pesos. Al cierre del año pasado, estos pasivos totalizaban 5.057 millones.

El incremento en valores absolutos fue de algo más de 840 millones de pesos; en valores relativos, la suba fue del 20% en sus tres años de gestión.

El manejo que tuvo sobre esta partida fue demasiado prudente. Claramente en Río Negro se observa un proceso de desendeudamiento que generó cierto alivio financiero sobre el presupuesto. En 2011 el stock de la deuda pública representaba el 77% de los recursos corrientes que generaba la provincia. Tres años después ese indicador paso al 39%.

Esta importante caída está dada, lo mismo que señalamos párrafos arriba para el caso de Neuquén, por el proceso de licuación que determina la inflación y por el crecimiento que registraron los mayores ingresos en este período.

Una diferencia que es importante remarcar es la distribución por acreedores que tienen ambas provincias. Mientras que el gobierno nacional concentra el 78% del total de los pasivos de Río Negro, en Neuquén esta participación es sólo del 27% (ver infograma adjunto). El hecho de que casi 8 pesos de cada 10 de la deuda esté en manos del tesoro nacional ayudó a la administración Weretilneck a licuar un porcentaje importante de la deuda entre 2011-2014 ya que las tasas de interés que cargan estas obligaciones son muy bajas en relación a la inflación del período bajo análisis.

Con las cuentas presupuestarias ordenadas, el gobernador rionegrino logró el año pasado un superávit de 800 millones de pesos. A esto hay que agregarle los 1.150 millones de pesos adicionales que recibió este año por las prórrogas de las áreas petroleras cerradas con las empresas durante 2014. Con este escenario, todo indicaría que en 2015 la administración Weretilneck no recurrirá al endeudamiento público para compensar potenciales desequilibrios presupuestarios ya que tiene importantes excedentes a disposición para poder gastar. Aunque no está demás decir que en un año electoral, como el actual, puede ocurrir cualquier cosa.

“Somos la única provincia que tenemos como acreedora al gobierno nacional”, ironizó un alto funcionario del ministerio de Economía al hacer mención a los 800 millones de pesos en Lebac que tiene la administración provincial.

Pero dejando de lado las apreciaciones oficiales, un tema todavía pendiente de la administración Weretilneck es la falta de fondos que se destinan para la obra pública.

Durante el año pasado la partida ejecutada sólo fue del 497 millones de pesos, cifra que representa el 3,8% del gasto total del presupuesto. Uno de los porcentajes más bajos de la reciente historia de la provincia.

Y aquí existe otro factor preocupante. El problema que tiene Río Negro con la obra pública, tal como demuestran los superávit mencionados, no es de disponibilidad de fondos. El dinero está. Lo que falta son proyectos de desarrollo e infraestructura para poner en marcha en todo el territorio.

El costo financiero que genera para el gobierno rionegrino mantener grandes cantidades de dinero en Lebac o, directamente, fondos inmovilizados en cuentas bancarias, es realmente elevado.

En cualquier administración el ahorro es importante para tener cuentas públicas saneadas, pero también lo es disponer de ellos para invertir en obras que permitan mejorar la productividad de las actividades que contiene el territorio. Y esta es la mayor deuda que tiene la gestión de Weretilneck en estos tres años al frente del Ejecutivo de Río Negro.

No hay dudas que, proyectar una provincia para las próximas dos décadas, debería ser el desafío del próximo gobernador.

Javier Lojo

jlojo@rionegro.com.ar


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