Deudas internas y externas

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Demasiados legados para el Poder Judicial, muchos vinculados con la política.

El año pasado cerró con una clara señal de cumplir con su objetivo de un buen incremento salarial, más acotado, según el presupuesto aprobado en la Legislatura. Esa partida alcanzó los 76 millones, unos 13 millones más de lo utilizado en el 2005 -un 21 por ciento- pero 8 millones menos de lo requerido.

Muchas situaciones confluyeron para un distanciamiento entre el STJ y el gobierno de Miguel Saiz. Luis Lutz es quien mejor expresa esta sensación y quien, desde febrero, conducirá el máximo tribunal. Para su presidencia, Lutz diseñó fuertes subas en los salarios de los suyos, con la idea de avanzar en reformas judiciales. Sólo así -imagina- se favorecería al resto de los mortales con un mejor servicio.

No todo está perdido en el anhelo de Lutz. El gobernador construyó un puente en las últimas horas del año pasado. El esfuerzo fue de dos legisladores: Oscar Machado y Ana Piccinini. Ambos con innegables contactos en el STJ. Aquél, con una vieja y fructífera relación personal con Lutz. La diputada es miembro del Consejo de la Magistratura y además, hermana de la procuradora General, Liliana Piccinini.

La Legislatura debatía el formal presupuesto cuando el mandatario se entrevistó con Machado y Piccinini. El cónclave concluyó con un mensaje de Saiz para Lutz: «Como ocurrió este año, si faltan tres o cuatro millones, al final no habrá problema». La transmisión fue compleja: el mensaje llegó a Lutz por un llamado de la procuradora a partir de la legisladora Piccinini.

Una noticia que descomprime pero no cautiva, máxime cuando el aún presidente del STJ, Alberto Balladini, peregrinó para efectivizar el compromiso similar del 2005. No llegaron los 3 millones pedidos para un faltante de salarios. Fueron 2,3 millones, pues Hacienda recomendó al Poder utilizar los excedentes de otras partidas.

En el STJ y el oficialismo evalúan otro camino: la adhesión de Río Negro a la ley previsional 24.018, que permitiría a los jueces jubilarse a los 60 años y un beneficio del 82 por ciento móvil.

Las provincias con sistemas transferidos tienen su régimen con las condiciones que impone Anses, con topes en el beneficio y liquidación según los aportes. El convenio inicial de traspaso prevé acuerdos complementarios. Córdoba y Mendoza ya lo utilizaron para incluir a sus poderes judiciales en aquél sistema más ventajoso para los magistrados. Por caso, jubilarse antes y garantizarse un 82 por ciento móvil del haber en actividad.

El dilema en discusión: Anses lo acepta con el sobrecosto a cargo de Río Negro. La primera estimación arrojó de 5 a 7 millones anuales. Esta pretensión del STJ irrumpe frente a otro viejo reclamo previsional: el millar de beneficiarios del decreto Nº 7, cuyo traspaso a la Anses sigue pendiente. Nunca se avanzó por las dudas de los gobiernos en afrontar el impacto financiero.

El STJ se entusiasma con el cambio de régimen jubilatorio, ya que posibilitaría la renovación del Poder a partir del retiro de muchos que accederían a la edad y los alentaría con haberes previsionales más próximos a los que cobran en la actualidad. Un listado consigna más de una veintena de jueces y camaristas que ya podrían acogerse a esa jubilación.

Esta virtual situación requeriría d otra acción: la eliminación del requisito constitucional que exige dos años de residencia para ser un juez rionegrino. Ya existen esbozos de una enmienda con ese propósito.

Sin la complejidad de un masivo éxodo judicial, las vacantes se multiplican actualmente frente a inexistentes o pocos aspirantes. Por ejemplo, aún no pudo conformarse otro Juzgado de Familia en Bariloche.

Aquellos diseños todavía son ficción en la compleja realidad y personalidad de Saiz. No deja todavía de cuestionar inconsultas actitudes presupuestarias del STJ.

* Primera: La acordada nueve de la recuperación del «valor económico» de los salarios judiciales a agosto de 1993, fijando esa actualización en abril, julio y noviembre próximos. Una suba que rondará entre el 35 y 40 por ciento.

* Segunda: La resolución 480 del STJ que avaló un pedido del camarista Ricardo Rodríguez Aguirrezabala para «restablecer su poder adquisitivo original» y su ajuste en relación con uno similar del Poder Judicial Nacional. Esa resolución repitió a Lutz en la defensa de «remuneraciones dignas y justas». El otro voto fue de Sodero Nievas, quien defendió el no pago de los impuestos por parte de los jueces (como Ganancias). Balladini se abstuvo.

La norma tiene elementos cuestionables. Por caso, la opinión y el voto del STJ corresponden a los mismos vocales del cuerpo. Era necesaria su excusación, pues se expone un escenario salarial que incidirá en los miembros del STJ. Además, a nadie escapa que esa resolución es el más contundente antecedente jurídico en favor de eventuales demandas de actualización contra la provincia.

El STJ se debe una seria mirada interior. Las disidencias entre Lutz y Balladini ya superan cualquier análisis jurídico. La situación puede complicarse.

Las pujas se advierten en cuestiones cotidianas e institucionales. La elección del auditor fue la última muestra.

Pese a la designación de Gustavo Martínez, el debate interno determinó que Eduardo Rosso fuera sumado igualmente al Poder en la Subadministración. Un dato: Rosso se inscribió y participó en los exámenes para Auditoría, pero se lo nombró en un área administrativa.

Otro débito irresuelto por el STJ: mucho se escribió, pero poco se hizo para mejorar el control funcional y la eficiencia de los suyos.

En sus 17 años de funcionamiento, el Consejo de la Magistratura -que designa y sanciona a los jueces- expuso muchas falencias, pero si algo demostró, fue su inexistente predisposición sancionatoria. Burocrático y lento, el cuerpo destituyó sólo a un juez (Fernando Bajos) en su historia. Otros pocos se fueron acorralados por las evidencias.

Lo que no faltan son denuncias y sumarios. Dos de ellos están más avanzados: el de los jueces Guillermo Leskobar Garrigos y Guillermo Moyano.

La Auditoría tiene su propia asignatura. Es un área auxiliar del Consejo, pero con facultades de control e inspección. Su resultado no es bueno. En un año, abrió 73 expedientes, de los cuales un 60 por ciento fue al archivo. Sólo uno volvió al STJ para su conclusión disciplinaria. El resto sigue en trámite o investigación.

Martínez aportará su impronta a la Auditoría. Hasta ahora, el designado expuso siempre una histórica posición crítica con la funcionalidad y la predisposición laboral de ese Poder. No faltaron los pedidos de destitución de jueces cuando era el fiscal de Estado o ministro de Coordinación en la gestión de Verani.

Un análisis en manos del STJ arroja que el mayor cuestionamiento social a esta Justicia rionegrina es su lentitud frente a otros indicadores: la dependencia con el poder político y los signos de corrupción.

Esa búsqueda de celeridad requerirá de una actitud del STJ y de abordar lo mucho por corregir.

Por definición, la Justicia vale para todos. Difusa y ausente sensación en los judiciables rionegrinos.