Diálogo imposible

Alejandro A. Bevaqua (*)

No mucho tiempo atrás, en Retiro, Buenos Aires, fue bestialmente ultimado a puñaladas, en un intento de robo, un ciudadano francés. Hasta allí –un crimen más en nuestra cada vez más violenta sociedad– la noticia casi carecería de real interés, excepto para los familiares de la víctima. Sin embargo, algunos detalles de este hecho deben tenerse en cuenta: la absoluta temibilidad (concepto netamente lombrosiano) e impunidad con las que actuó el homicida, el lugar y la hora del día en que ocurrió el evento y la larga lista de antecedentes que jalonan la vida del imputado. Claro que, bien mirados, estos datos –temibilidad, impunidad, lugar y hora y antecedentes criminales– tampoco debieran sorprendernos; son lo habitual de las crónicas policiales. Escuchaba en varios medios de difusión, días después de esta tragedia, a prestigiosos periodistas planteando la necesidad de que alguien advirtiera a las autoridades políticas y judiciales sobre determinadas personas que resultan –sin lugar a dudas y basándonos sólo en hechos como el análisis objetivo de la conducta– intratables desde todo punto de vista y, por ello, ineptas para convivir libremente entre sus congéneres. La discusión entre los panelistas continuó por similares carriles durante un buen rato y no quedó al margen el manido asunto de la minoridad criminal. (Una breve digresión: “remanido” es un término inexistente según el diccionario de la RAE; resulta pues un barbarismo igual que “presidenta”). La discusión tocante a temas de inseguridad implica, cuando menos, tres grupos de interlocutores: representantes políticos, judiciales y técnicos y científicos. Entre otros varios, los especialistas en medicina legal no deben estar ausentes a la hora de plantear soluciones al tema de la violencia, pero esto no resulta tan sencillo; Rudolf Carnap, prestigioso filósofo de la ciencia, denotó oportunamente que “si uno está interesado en la relación entre campos que, de acuerdo con las divisiones académicas habituales, pertenecen a distintos departamentos, entonces esa persona no será vista como un constructor de puentes interdisciplinarios, como sería de esperar, sino que será considerada como un intruso problemático por ambos sectores”. Ése es, a no dudarlo, un aspecto crítico de la realidad imperante hoy en día en la mesa de discusión sobre el fenómeno criminal que nos azota salvajemente (suponiendo, quizás ingenuamente, que éste sea un tema en la agenda de legisladores y jueces). Los técnicos y científicos, los únicos que tienen conocimientos reales y verificables sobre diversos fenómenos son desoídos –las más de las veces ni siquiera son convocados– cuando intentan poner sus conocimientos a disposición de autoridades políticas y judiciales. Son percibidos ciertamente como individuos problemáticos, pues su conocimiento de los hechos –basados en la realidad y no en simples especulaciones teóricas– suele oponerse a lo pretendidamente correcto desde la óptica de los representantes políticos y a las corrientes liberadoras de los más protervos criminales, vulgarmente conocidas como garantismo, que cultiva hoy la mayor parte del Poder Judicial. Ambos conjuntos –político y judicial– no desconocen los hechos; simplemente los rechazan. Así pues, en el mundo real –dejando de lado todo idealismo– no existe hoy ninguna posibilidad de desarrollar un diálogo eficaz, tendiente a proponer siquiera mínimas soluciones a la cuestión de la inseguridad creciente, pues aquellos que tienen conocimientos sobre el tema son, en el mejor de los casos, convidados de piedra a la mesa donde debiera discutirse el asunto. En el terreno del idealismo cabría esperar la existencia no ya de agentes racionales pero sí, al menos, de agentes amigables en el sentido de querer establecer un verdadero diálogo, de querer hablar pero también de escuchar, de querer aprender unos de otros. En suma: hay actores sociales con conocimiento y compromiso para colaborar con las autoridades democráticamente elegidas –las únicas y verdaderas autoridades– y con los integrantes del Poder Judicial, a paliar los estragos de esta epidemia de violencia; sólo deben ser convocados a brindar su saber. Luego sí, con el poder que da el conocimiento, políticos y magistrados, podrán adoptar y aplicar, pues sólo a ellos les corresponde, las medidas que estimen mejores para nuestra sociedad. Mark Twain señaló: “Ante un milagro, cualquier explicación es válida; ante los hechos, sólo cabe una explicación racional”. La violencia criminal no puede combatirse, ni desaparecerá, de forma milagrosa. (*) Especialista jerarquizado en Medicina Legal abevaqua@intramed.net